El Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba llevó adelante el primer proceso de fusión especial entre el Consorcio Caminero N° 332 Chucul y el Consorcio de Conservación de Suelos N° 15 “Al Bol – Chucul”, dando origen al Consorcio de Gestión de Caminos y Suelos N° 1 Chucul, en el departamento Río Cuarto. La iniciativa, enmarcada en la Ley N° 11.059, se conoció esta semana y busca articular en un mismo esquema las acciones que se desarrollan dentro y fuera de los establecimientos agropecuarios, con el objetivo de prevenir procesos de erosión y anegamientos, mejorar las condiciones productivas y garantizar la transitabilidad de los caminos rurales. Se trata de la primera experiencia de este tipo en la provincia, que administra una red de más de 57.000 kilómetros de caminos rurales no pavimentados a través de 286 consorcios camineros.
La lógica detrás de la fusión responde a un problema que productores y técnicos conocen bien: un camino rural puede deteriorarse por el agua que baja de los campos, mientras que una mala sistematización de los lotes puede terminar agravando los problemas de escurrimiento y anegamiento sobre los propios caminos. Hasta ahora, la conservación vial y el manejo de suelos se gestionaban de manera separada, con estructuras y responsables distintos, pese a que ambos problemas suelen estar directamente conectados en el territorio.
Con el nuevo esquema, ambas tareas quedan bajo una misma estructura de gestión. El sistema contempla el manejo integral del recurso hídrico desde las cuencas altas hacia las bajas, buscando favorecer el escurrimiento adecuado de las aguas y, al mismo tiempo, fortalecer las tareas de conservación de los caminos de tierra que resultan clave para productores, trabajadores y comunidades rurales.
Desde el Ministerio de Bioagroindustria explicaron que el objetivo es mejorar la eficiencia de las intervenciones, optimizar recursos y fortalecer el desarrollo productivo, al mismo tiempo que se preservan los recursos naturales y se garantiza la conectividad de las comunidades rurales de Córdoba.
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La experiencia de Chucul no es un caso aislado, sino el punto de partida de un proceso más amplio: esta fusión constituye la primera de una serie de integraciones previstas para 2026, que se concretarán luego de evaluar su conveniencia técnica y operativa, así como los beneficios que puedan generar para el desarrollo productivo y la resiliencia de la infraestructura rural.
Esta novedad se enmarca en un proceso más amplio de reforma del sistema vial rural cordobés. En agosto de 2025, la Legislatura provincial había aprobado la Ley del Sistema de Gestión Integral de Caminos Rurales No Pavimentados, que estará conformado por los Consorcios Camineros, los Consorcios Camineros Regionales, la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia de Córdoba, las Unidades Ejecutoras de Obras, los Consorcios de Gestión de Caminos y Suelos, y un Consejo Consultivo. En ese momento, el legislador Mariano Ceballos Recalde había definido la norma como “un cambio de paradigma en la forma de concebir y conservar los caminos rurales”, mientras que su par Ariel Grich remarcó su doble impacto, tanto productivo como social, al garantizar “el acceso de miles de familias rurales a educación, salud y oportunidades de integración regional”.
El financiamiento de todo el sistema recae sobre el Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), que recibe el 98% de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural, al que se suman ingresos por obras, aportes de socios, subsidios, donaciones y multas por daños en los caminos.
El caso de Chucul funciona como banco de pruebas de un modelo que Córdoba planea replicar en otras localidades durante 2026, en línea con el discurso que el gobernador Martín Llaryora sostuvo al presentar la reforma integral del sistema vial: la infraestructura rural como condición necesaria —aunque no suficiente— para que el campo pueda seguir produciendo. Con 286 consorcios camineros ya en funcionamiento y una red de más de 57.000 kilómetros de caminos de tierra, la integración entre gestión vial y manejo de suelos abre un capítulo nuevo en la discusión sobre cómo sostener, con recursos limitados, la conectividad del interior productivo.
