La Legislatura de Entre Ríos aprobó por unanimidad, tanto en Diputados como en el Senado provincial, la ley que crea un marco jurídico general para los consorcios camineros, un sistema que ya opera en unas 10 localidades de la provincia y que ahora se extiende a toda la red terciaria de caminos rurales. La sanción se concretó esta semana, tras el visto bueno del Senado en su última sesión, con el objetivo de sumar a productores y vecinos al mantenimiento de una red vial que la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) reconoce no poder cubrir en su totalidad.
Entre Ríos se convirtió en la última provincia en adoptar el esquema que Córdoba popularizó y que, en los últimos meses, ya había replicado San Luis. La nueva norma entrerriana permite que productores y vecinos conformen asociaciones civiles sin fines de lucro para ejecutar obras de mantenimiento, reparación y mejora en la red vial terciaria, y también en tramos de la secundaria cuando Vialidad Provincial lo autorice.
La magnitud de la red que busca cubrir la ley es considerable: la provincia cuenta con 24.000 kilómetros de caminos de tierra, 4.000 kilómetros de ripio o brosa y 2.000 kilómetros pavimentados. Actualmente, los consorcios ya en funcionamiento —en localidades como Alarcón, Colonia San Jorge, Crucesitas Octava, Gilbert, Isleta Norte, La Esperanza, La Micra, Santa Anita, Urdinarrain y Perdices— administran unos 1.467 kilómetros de caminos terciarios.
El nuevo régimen no saca a Vialidad de la ecuación: la DPV conserva la supervisión técnica, administrativa y contable, y será la autoridad de aplicación del sistema. “Vialidad no puede atender la totalidad de la red vial. Estamos hablando de un sistema que fracasó hace muchos años y necesita otro tratamiento”, planteó el director de la Dirección Provincial de Vialidad, Exequiel Donda, quien remarcó que se necesita el trabajo conjunto entre consorcios, gobiernos locales y el organismo estatal.
Para constituirse, cada consorcio deberá reunir una comisión promotora de al menos 7 personas, sumar un mínimo de 20 socios activos y acreditar los caminos que se propone conservar. Podrán integrarlo propietarios, arrendatarios e inquilinos de campos ubicados dentro de la jurisdicción del consorcio o hasta 50 kilómetros de los caminos comprendidos. Vialidad evaluará la viabilidad técnica de cada propuesta antes de aprobarla.
Te puede interesar
Pronóstico de lluvias hasta el 14 de septiembre
Crece el rechazo al proyecto de ecocidio: el agro advierte por inseguridad jurídica y penas severas
Pronóstico septiembre-octubre-noviembre: aumentan las chances de lluvia en zonas agrícolas clave
Trabajo rural: venció la compatibilidad con beneficios sociales y crece la preocupación por 120.000 puestos
Las camionetas resisten la crisis del mercado automotor y marcan el pulso del agro
Se desploma el traslado de terneros: cayó 29% en el año
Google ahora te deja elegir qué medio ver primero: activá Ruralnet en un click y cambiá tu forma de informarte
Uno de los puntos más discutidos fue el artículo 2, que exceptúa a los consorcios de los mecanismos de la Ley de Obras Públicas, lo que les permitiría actuar con mayor rapidez ante caminos intransitables. Desde la oposición cuestionaron que el alcance de esa excepción no está del todo definido, ya que también comprende puentes, alcantarillas y tramos de la red secundaria con acuerdo de Vialidad. Advirtieron que podría convertirse en un “atajo legal” para adjudicar obras sin los controles habituales, por ejemplo si la DPV encarga un trabajo a un consorcio y este subcontrata a una empresa privada.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fue más allá y calificó al proyecto como una “privatización encubierta”, al sostener que los consorcios funcionan como intermediarios que encarecen costos y reemplazan trabajo estatal por privado. El gremio advirtió además que la ley implicará menos controles, menor transparencia y el uso de recursos públicos en propiedades privadas, además de un impacto sobre los puestos de trabajo en Vialidad.
Pese a las diferencias, la votación en particular generó divisiones puntuales entre los bloques, pero todos coincidieron en la aprobación general del proyecto.
En el recinto, las voces del oficialismo buscaron despejar dudas. “No es verdad que reemplace al empleo público. Nunca va a dejar de estar bajo la fiscalización y control de Vialidad”, sostuvo el senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos). Desde la otra vereda del oficialismo, el senador Juan Diego Conti (Más por Entre Ríos) reconoció que la demanda del sector productivo era legítima, pero pidió precisiones sobre el rol futuro del personal de Vialidad: “Son quienes conocen cada tramo, cada productor, y tienen asentamiento a lo largo y ancho de la provincia. Ese conocimiento no se improvisa”. La discusión sobre los límites entre gestión estatal y participación privada en los caminos rurales, entonces, recién empieza en Entre Ríos.
