Un estudio del INTA Otamendi y Balcarce, basado en más de 1.000 vuelos realizados durante tres campañas agrícolas, estimó en US$ 3,34 por hectárea el costo operativo de realizar aplicaciones fitosanitarias con un dron agrícola en el sudeste bonaerense. Sin embargo, especialistas de la Fundación Benet advierten que ese valor no representa el costo económico integral ni una tarifa comercial, porque todavía deben incorporarse logística, estructura, tiempos improductivos, capital invertido, escala de trabajo, riesgo y rentabilidad.
US$ 3,34 por hectárea: qué incluye realmente el número
El dato surge de experiencias realizadas en aplicaciones sobre cultivos de papa en el sudeste de Buenos Aires, con información obtenida en condiciones reales de trabajo.
El análisis tomó como referencia un dron multirrotor con capacidad de entre 40 y 50 litros, una inversión estimada en US$ 25.000 y una utilización anual de aproximadamente 6.000 hectáreas.
Sobre esos supuestos, el costo operativo calculado quedó en US$ 3,34 por hectárea.
El número permite conocer cuánto cuesta hacer funcionar el equipo bajo determinadas condiciones, pero no necesariamente responde la pregunta que enfrenta quien presta servicios:
¿Cuánto debería cobrar por hectárea para que la actividad sea económicamente sostenible?
Ahí aparece una diferencia central.
Costo operativo no es lo mismo que tarifa
Desde la Fundación Benet remarcan que existen al menos tres niveles diferentes que deben distinguirse:
Costo operativo → costo económico integral → tarifa comercial.
El primero contempla fundamentalmente los gastos asociados directamente con la operación.
El segundo incorpora además todos aquellos costos necesarios para sostener la empresa y disponer del capital.
Finalmente, la tarifa comercial debe permitir no sólo recuperar los costos, sino también remunerar la inversión y el riesgo asumido.
Por eso, tomar directamente los US$ 3,34/ha como precio del servicio puede conducir a una evaluación incompleta.
La inversión no termina en el dron
Uno de los primeros puntos que deben agregarse al cálculo es la inversión total necesaria para prestar el servicio.
Los US$ 25.000 del dron pueden ser apenas una parte del capital requerido.
Según la estructura de cada contratista, también pueden necesitarse:
- vehículo;
- tráiler;
- generador y sistemas de carga;
- baterías adicionales;
- equipos para preparación de mezclas;
- elementos de protección personal;
- herramientas y equipamiento auxiliar.
Incluso cuando estos activos ya hayan sido comprados, siguen generando costos.
Combustible, mantenimiento, reparaciones, seguros y depreciación deben formar parte de la ecuación económica.
Las horas trabajadas no son todas facturables
Otro punto determinante es la diferencia entre horas disponibles y horas efectivamente utilizadas para aplicar hectáreas.
Un prestador puede dedicar buena parte de su jornada a traslados, preparación de equipos, carga, limpieza, mantenimiento o esperas.
A esto se agregan las interrupciones provocadas por viento, lluvia, humedad u otras condiciones ambientales incompatibles con una aplicación.
Esos períodos generan costos aunque no permitan facturar hectáreas.
Matías Méndez, de la Fundación Benet, destaca además el impacto que tienen los costos laborales y de estructura sobre el resultado final.
Por eso, dos contratistas que trabajan con exactamente el mismo modelo de dron pueden terminar con costos por hectárea considerablemente diferentes.
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Las 6.000 hectáreas anuales pueden cambiar toda la cuenta
Uno de los supuestos más importantes del estudio es la utilización del equipo sobre 6.000 hectáreas por año.
Cuantas más hectáreas puedan distribuir los costos fijos de la empresa, menor será su incidencia sobre cada una.
Pero la relación también funciona en sentido contrario.
Si el dron termina trabajando muchas menos hectáreas, el costo unitario aumenta.
Por ese motivo, Fundación Benet propone analizar diferentes escenarios de utilización:
2.000, 3.000, 4.500, 6.000 y 8.000 hectáreas anuales.
Este tipo de análisis de sensibilidad permite conocer qué ocurre con el negocio cuando cambia la demanda de trabajo.
Un equipo que resulta económicamente competitivo trabajando 6.000 hectáreas podría presentar números muy diferentes si sólo logra cubrir 2.000 o 3.000.
El costo invisible del capital
Existe además un componente que no consume combustible ni aparece directamente registrado durante un vuelo: el costo del capital invertido.
El dinero utilizado para comprar el dron, las baterías, el generador, el vehículo y los demás equipos queda inmovilizado en esa actividad.
Ese capital tiene un costo de oportunidad.
Es decir, podría haberse destinado a otra inversión capaz de generar un determinado rendimiento.
Este concepto no debe confundirse con la depreciación.
La depreciación reconoce el desgaste y la pérdida de valor del activo con el paso del tiempo y el uso.
El costo de oportunidad, en cambio, mide el rendimiento que se deja de obtener al destinar ese dinero al negocio de aplicaciones.
Ambos deberían formar parte de una evaluación económica completa.
Recuperar los costos tampoco significa ganar dinero
Incluso después de contemplar todos los gastos, queda una pregunta adicional: qué rentabilidad espera obtener quien invierte.
Cubrir combustible, mantenimiento, personal, seguros, depreciación y capital no convierte automáticamente al negocio en atractivo.
Una empresa necesita además obtener una rentabilidad acorde con el riesgo asumido.
De allí que el precio final por hectárea deba incorporar un margen que permita remunerar la inversión.
Según el planteo de Fundación Benet, ese es el paso que separa un costo económico integral de una tarifa comercial sostenible.
Un mismo dron puede tener tarifas distintas
La conclusión es que no existe necesariamente una única tarifa válida para todos los prestadores.
El precio sostenible dependerá de variables como:
- inversión total;
- hectáreas anuales;
- distancias recorridas;
- costos laborales;
- tiempos improductivos;
- mantenimiento;
- financiamiento;
- estructura empresarial;
- rentabilidad pretendida.
Un contratista que trabaja en establecimientos cercanos y logra utilizar intensivamente su equipo puede presentar una estructura de costos diferente a otro que debe recorrer grandes distancias y tiene una menor cantidad de hectáreas contratadas.
Por eso, el dato de US$ 3,34/ha debe interpretarse como una referencia operativa y no como una tarifa de mercado.
De más de 1.000 vuelos a una decisión de inversión
El aporte del trabajo del INTA está justamente en haber generado información real a partir de más de mil vuelos durante tres campañas.
Esa base permite conocer el desempeño operativo de esta tecnología y sirve como punto de partida para avanzar hacia evaluaciones económicas más completas.
El análisis adquiere especial relevancia en un contexto en el que las aplicaciones con drones vienen creciendo rápidamente en Argentina. Ruralnet ya informó que la tecnología pasó en pocos años de superficies relativamente pequeñas a una escala de utilización mucho mayor, acompañada por un fuerte incremento del parque de equipos.
Pero la expansión tecnológica abre ahora una segunda discusión: cuántas hectáreas necesita trabajar cada equipo para ser rentable y cuánto debería cobrarse realmente por el servicio.
Como sintetizó Méndez, un número puede ser técnicamente correcto y al mismo tiempo resultar insuficiente para decidir una inversión.
En el caso de los drones, los US$ 3,34 por hectárea permiten saber dónde comienza la cuenta; no necesariamente dónde termina.
