El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) volvió a reclamar al Senado que no avance con el proyecto que busca incorporar la figura penal de “ecocidio” al Código Penal, ante la posibilidad de que el dictamen sea tratado en una sesión ordinaria. En una carta dirigida a los legisladores, el sector agroindustrial y alimenticio advirtió sobre riesgos jurídicos y productivos y cuestionó la amplitud de algunos tipos penales, las sanciones previstas y la falta de parámetros técnicos precisos.
El nuevo pronunciamiento se suma al rechazo que ya habían expresado previamente el CAA y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), y llega pocos días después de que Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) también cuestionara públicamente la iniciativa.
La diferencia, esta vez, es que el planteo se dirige directamente a los senadores ante la expectativa de un eventual tratamiento en el recinto.
El CAA pide que el proyecto no avance
En la carta firmada por Gustavo Idígoras, el CAA manifestó su “profunda preocupación” por el dictamen de mayoría elaborado en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Según la entidad, el texto presenta defectos de técnica legislativa que podrían afectar el principio de legalidad penal y generar incertidumbre para actividades agrícolas, forestales, ganaderas, mineras e industriales.
El Consejo sostuvo además que, de aprobarse en los términos actuales, la norma podría convertirse —según su interpretación— en una herramienta judicial capaz de paralizar actividades consideradas estratégicas para la economía.
Qué objeciones plantea el sector agroindustrial
Uno de los cuestionamientos centrales apunta a la definición de las conductas alcanzadas por la figura de ecocidio.
El CAA considera que conceptos como “daño especialmente grave”, “deterioros severos”, “extensión espacial” o “duración temporal” carecen de parámetros cuantitativos suficientemente definidos y podrían dejar un margen amplio de interpretación judicial.
También objeta que el proyecto vincule la configuración del delito con la violación de “cualquier normativa vigente” de protección ambiental, algo que, según el Consejo, podría llevar a que incumplimientos de regulaciones administrativas o locales tengan consecuencias penales de mayor gravedad.
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Preocupación por las penas y las sanciones a empresas
Otro de los puntos señalados es la incorporación del denominado “ecocidio culposo”.
Para el CAA, la posibilidad de atribuir responsabilidad penal por imprudencia, negligencia, impericia o incumplimiento de deberes podría extender el alcance de la norma a situaciones operativas no intencionales, como fallas técnicas o accidentes.
La entidad también cuestionó el régimen previsto para personas jurídicas.
El proyecto contempla, entre otras sanciones, suspensiones de actividades, inhabilitaciones, pérdida de beneficios estatales y multas. En determinados casos, esas multas podrían calcularse como un porcentaje del capital social de la empresa, cuestión que el Consejo considera potencialmente desproporcionada.
El debate por la remediación ambiental
El Consejo Agroindustrial también objeta la manera en que el texto define el daño ambiental irreversible.
Según el documento, la propuesta consideraría configurado ese daño independientemente de las medidas de mitigación o remediación que posteriormente puedan implementarse.
Para el CAA, esa formulación podría disminuir los incentivos económicos y jurídicos para que empresas o responsables inviertan en la recomposición ambiental después de un incidente.
Impacto ambiental y daño ambiental, otro punto de conflicto
La entidad sostiene además que el proyecto no diferenciaría con suficiente claridad entre impacto ambiental y daño ambiental.
Desde su posición, una actividad productiva puede generar impactos previstos y autorizados dentro de una evaluación ambiental sin que eso constituya necesariamente un daño antijurídico.
El temor expresado por el CAA es que una redacción demasiado amplia permita judicializar actividades productivas que actualmente operan bajo permisos y regulaciones vigentes.
CRA también volvió a cuestionar la iniciativa
El debate se amplificó luego de que el vicepresidente de CRA, José Colombatto, retomara el tema durante la Expo Rural de Colón.
El dirigente sostuvo que el sector necesita reglas claras, controles efectivos y diálogo, y rechazó normas que, desde la perspectiva de la entidad, puedan colocar bajo sospecha a quienes desarrollan actividades productivas.
CRA ya había advertido previamente que la incorporación de figuras penales amplias podría generar inseguridad jurídica y derivar en conflictos judiciales sobre actividades actualmente reguladas.
El pedido final al Senado
El planteo del Consejo Agroindustrial concluye con una solicitud explícita: que no se avance con el tratamiento del proyecto en la sesión ordinaria.
La entidad ofreció además presentar informes técnicos adicionales sobre los posibles efectos macroeconómicos, constitucionales y productivos de la iniciativa.
Así, el proyecto de ecocidio llega a una nueva instancia de debate con una creciente oposición de entidades empresarias y rurales, mientras el eje de la discusión se concentra en cómo proteger el ambiente sin generar tipos penales ambiguos ni afectar actividades productivas legalmente habilitadas.
