El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, remarcó durante su participación en la Exposición Rural de Salta que el Congreso Nacional tiene la posibilidad de avanzar con el proyecto de Ley de Vandalismo Rural, una iniciativa impulsada por la entidad que propone modificar el Código Penal para crear una figura específica con penas de hasta cinco años de prisión para quienes dañen bienes productivos del campo.
Según explicó Castagnani, durante mucho tiempo quienes viven y trabajan en el campo sintieron que este tipo de hechos quedaban impunes, y consideró que el tratamiento parlamentario de la iniciativa representa una oportunidad para saldar una deuda con miles de productores que invierten, generan empleo y producen alimentos para el país y el mundo.
Qué establece el proyecto
La iniciativa, impulsada por CRA, propone modificar los artículos 186 y 189 del Código Penal e incorporar el artículo 184 bis, con el que se crearía la figura específica de “Vandalismo Rural”. Según el texto, el nuevo delito contemplaría penas de dos a cinco años de prisión para quienes destruyan, inutilicen o dañen silobolsas, granos almacenados, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes y otros bienes directamente vinculados con la producción agropecuaria, en la medida en que esas acciones afecten el normal funcionamiento de un establecimiento rural.
La propuesta también actualiza la figura del delito de estrago, incorporando nuevas modalidades como la liberación de agentes biológicos o patógenos, y prevé escalas penales diferenciadas según exista dolo o imprudencia en la conducta del autor del hecho.
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El respaldo institucional de CRA
El vicepresidente 1° de CRA, José Colombatto, también se refirió a la iniciativa durante su participación en la 60° Exposición Rural de Hasenkamp, en Entre Ríos, donde uno de los principales anuncios de su intervención estuvo vinculado justamente al tratamiento parlamentario del proyecto. Colombatto explicó que la propuesta busca dotar al Estado de herramientas legales que permitan actuar con mayor eficacia frente a los ataques, daños y hechos delictivos que afectan a los establecimientos agropecuarios, y remarcó su satisfacción por que una preocupación concreta de los productores haya llegado al Congreso.
Desde la entidad también subrayaron que la iniciativa busca fortalecer la seguridad jurídica en el ámbito rural y contribuir a la prevención de delitos que afectan no solo a los productores, sino también al desarrollo económico y social de las comunidades del interior del país.
Según remarcó Castagnani, el hecho de que el proyecto haya comenzado a discutirse en el Congreso constituye un avance institucional para el sector, en momentos en que las entidades rurales buscan que la legislación penal se actualice frente a nuevas modalidades de daño a la producción agropecuaria.
