La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) reclamó a la Legislatura de Córdoba que avance con el tratamiento de dos proyectos de ley presentados por los legisladores Oscar Agost Carreño y Matías Gvozdenovich, que buscan eliminar el cobro de tasas municipales por el visado y conformado de las guías de hacienda. El pedido, difundido este martes bajo el título “Un tema complejo que necesita una solución única y urgente”, apunta contra numerosos municipios y comunas cordobeses que, según la entidad, siguen cobrando ese cargo pese a que la gestión de las guías está hoy concentrada en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
El planteo de CARTEZ parte de una situación que la entidad considera injusta para los productores ganaderos: “un grupo reducido debe pagar por una prestación que, en los hechos, no recibe”. Según explicaron, se trata de documentos electrónicos necesarios para trasladar animales cuya gestión ya no depende de los gobiernos locales, sino de SENASA, por lo que el cobro municipal o comunal carecería hoy de una contraprestación real. “Cobran, pero no prestan servicio alguno”, enfatizó la organización, que reconoció además que la situación varía según cada distrito: en algunos casos, incluso sociedades rurales comparten con los municipios la recaudación de estos conceptos.
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Para la entidad, esa diversidad de situaciones locales no puede seguir demorando una solución de fondo. El reclamo también incorpora un argumento de equidad: el cobro no alcanza de manera uniforme a todo el sector agropecuario, sino que recae específicamente sobre quienes se dedican a la cría o el engorde de animales, un colectivo que, según CARTEZ, “no se encuentra entre los de mayores ingresos” y que no debería cargar en soledad con gastos que benefician al conjunto de la comunidad. La entidad reivindicó además el aporte de la actividad ganadera al arraigo, la producción y el empleo en los pueblos del interior cordobés.
Otro de los ejes del reclamo apunta a la falta de justificación concreta detrás del cobro. Según CARTEZ, algunos intendentes y jefes comunales explican la necesidad de esos recursos por la renovación del parque automotor o para compensar caídas en la coparticipación. La entidad admitió que esas necesidades pueden ser legítimas, pero remarcó que no alcanzan para justificar que el costo recaiga sobre un sector específico sin una contraprestación efectiva. La organización también rechazó que el cargo pueda presentarse como un impuesto delegado por la Provincia, y pidió centrar el debate legislativo en las normas que habilitan la intervención municipal en el visado de estos documentos.
La entidad remarcó, por último, que algunos municipios y comunas ya eliminaron este tipo de cobros por decisión propia, pero advirtió que esas resoluciones aisladas terminaron generando desigualdades entre productores según la zona donde desarrollan su actividad. Por eso, CARTEZ insistió en la necesidad de fijar “un criterio general para todo el territorio provincial” y pidió formalmente al presidente de la Comisión de Agricultura de la Legislatura, el legislador Mariano Ceballos, que convoque a una reunión para tratar ambas iniciativas con participación directa de la entidad en el debate.
El reclamo de CARTEZ no es nuevo: se suma a una serie de planteos previos del sector ganadero cordobés sobre el mismo tema, en los que ya se había señalado a las guías de hacienda como un costo impositivo poco visible pero significativo para los productores. Con dos proyectos de ley ya presentados en la Legislatura y el pedido formal de audiencia ante la Comisión de Agricultura, la definición sobre si Córdoba avanza hacia un criterio único que termine con estos cobros quedará ahora en manos del propio cuerpo legislativo provincial.
