Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural de Río Cuarto rechazaron los descuentos que, según denunciaron, frigoríficos exportadores están aplicando sobre el precio de la hacienda de productores que no se encuentran inscriptos en VISEC Carne. Las entidades pidieron que cesen las quitas fundadas exclusivamente en la falta de registro y recomendaron a los ganaderos exigir por escrito la causa de cualquier diferencial aplicado en las liquidaciones.
Reclamo por descuentos vinculados con VISEC Carne
La implementación de herramientas destinadas a responder a las nuevas exigencias europeas sobre deforestación abrió un nuevo frente de discusión dentro de la cadena bovina argentina.
CRA y la Sociedad Rural de Río Cuarto (SRRC) manifestaron su rechazo a descuentos que, según denunciaron, frigoríficos exportadores estarían aplicando a productores cuya hacienda no está registrada en VISEC Carne.
El cuestionamiento se concentra en que la falta de inscripción estaría generando un menor precio recibido por el productor.
Las entidades consideran que esa situación no debería transformarse automáticamente en una penalización comercial.
CRA pide que cesen las quitas
Confederaciones Rurales Argentinas reclamó específicamente a los frigoríficos exportadores que dejen de aplicar descuentos basados exclusivamente en la falta de inscripción en VISEC Carne.
La entidad también puso el foco en la transparencia de las liquidaciones.
Para evitar dudas sobre las razones de cualquier diferencia de precio, pidió que cada quita tenga una causa claramente identificada.
Además, recomendó a los productores solicitar una explicación formal cuando detecten descuentos.
“Se recomienda a los productores solicitar por escrito los fundamentos de cualquier quita y poner los casos en conocimiento de sus entidades de base”, planteó CRA.
“Atentan contra el productor ganadero”
La Sociedad Rural de Río Cuarto utilizó términos más duros para cuestionar la situación.
Según la entidad, las nuevas exigencias vinculadas con productos libres de deforestación estarían siendo utilizadas como argumento para aplicar medidas que perjudican al productor.
“Está sirviendo de excusa para una serie de acciones que atentan contra el productor ganadero argentino”, sostuvo.
La Rural riocuartense interpretó los descuentos como una nueva transferencia de recursos desde el eslabón primario hacia las plantas procesadoras.
Se trata de la posición de la entidad ruralista frente al mecanismo denunciado.
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El EUDR vuelve a aparecer en la discusión
El conflicto se vincula con las exigencias europeas sobre productos libres de deforestación.
La normativa obliga a los operadores que comercializan determinados productos en el mercado europeo a contar con información que permita demostrar su origen y realizar los procedimientos de diligencia debida correspondientes.
Dentro de la cadena argentina, VISEC Carne reúne información de trazabilidad, geolocalización y análisis socioambiental vinculada con las operaciones comerciales.
Sin embargo, las entidades rurales cuestionan que la falta de inscripción termine generando automáticamente una pérdida de precio para el productor.
La inscripción no alcanza a todos los destinos comerciales
La Sociedad Rural de Río Cuarto destacó además que los requerimientos vinculados con estas herramientas no deberían extenderse indistintamente a toda la producción bovina.
Según planteó, la inscripción resulta voluntaria para la hacienda destinada al mercado interno o a destinos internacionales que no están alcanzados por estas exigencias.
Ese punto forma parte del núcleo del reclamo.
Para las entidades, un productor cuya hacienda no tiene como destino una operación alcanzada por los requisitos europeos no debería enfrentar automáticamente una penalización comercial por no estar incorporado a la plataforma.
Santa Fe aparece como ejemplo de otro esquema
La SRRC sostuvo además que la validación territorial vinculada con ausencia de deforestación no constituye un monopolio privado.
En ese sentido, mencionó el caso de Santa Fe, donde, según indicó la entidad, se avanzó con un mecanismo propio de validación gratuita para los productores.
El planteo busca demostrar que pueden existir diferentes herramientas para generar la información requerida.
La discusión, por lo tanto, no gira solamente alrededor de cumplir con las exigencias ambientales, sino también sobre quién asume los costos y de qué manera se instrumentan los controles.
Piden al IPCVA que aclare los costos
Otro de los reclamos apunta al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
Las entidades solicitaron que el organismo informe públicamente y por escrito cuáles son los costos actuales y futuros que podría enfrentar el productor en relación con estos procedimientos.
La Rural de Río Cuarto pidió evitar información confusa alrededor del sistema.
“No deben dejarse arrastrar por oportunistas o falsas informaciones”, expresó.
El pedido apunta a generar mayor claridad sobre qué obligaciones corresponden efectivamente a cada integrante de la cadena.
Qué debería hacer un productor ante un descuento
CRA formuló una recomendación concreta para quienes detecten diferencias en el precio de su hacienda.
El primer paso es pedir por escrito al frigorífico el fundamento de la quita.
La entidad también aconseja conservar la documentación y comunicar el caso a las organizaciones rurales correspondientes.
El objetivo es poder determinar si el diferencial responde efectivamente a una exigencia comercial determinada o si está siendo aplicado únicamente por la falta de registro en la plataforma.
Un nuevo conflicto dentro de la adaptación al mercado europeo
La ganadería argentina viene avanzando en herramientas destinadas a organizar la información necesaria para responder a las nuevas exigencias de trazabilidad y deforestación de Europa.
Pero el reclamo de CRA y la Sociedad Rural de Río Cuarto introduce ahora otra dimensión: cómo se distribuyen los costos económicos de esa adaptación dentro de la cadena.
Las entidades no cuestionan en esta declaración la necesidad de acceder a mercados ni de cumplir con sus requisitos.
El planteo está centrado en que esas exigencias no deriven en descuentos automáticos o injustificados sobre el precio que recibe el productor.
Con ese argumento, CRA pidió que cesen las quitas fundadas exclusivamente en la falta de inscripción y que cualquier diferencia comercial quede claramente explicada en las liquidaciones.
