El Senado argentino debate una reforma profunda a la Ley de Tierras Rurales vigente (Ley 26.737), impulsada por el Gobierno de Javier Milei en el marco del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa elimina el tope del 15% para la compra de campos por parte de personas y empresas privadas extranjeras, suprime el límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y endurece los controles para Estados extranjeros y empresas bajo control público. De aprobarse, Argentina pasaría a tener uno de los regímenes más abiertos de Sudamérica en materia de propiedad rural.
Actualmente, la Ley 26.737 fija que los extranjeros no pueden superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio. Además, impone un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y prohíbe la compra de campos sobre cuerpos de agua permanentes, glaciares y áreas de frontera. Según datos oficiales, apenas el 6% de las tierras rurales argentinas están actualmente en manos extranjeras, muy por debajo del tope legal vigente.
La reforma busca diferenciar a los inversores privados de los Estados extranjeros: mientras los primeros dejarían de tener restricciones para adquirir tierras, los segundos quedarían sometidos a controles más estrictos y necesitarán autorización específica para concretar operaciones.
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Entre los aspectos principales de la reforma figuran la eliminación del tope del 15% en la compra de tierras por extranjeros, la supresión del cupo máximo por nacionalidad, y la quita del límite de superficie por región que hasta ahora era de mil hectáreas en la zona pampeana. También se habilitaría la adquisición de nacientes y ojos de agua, lo que hasta ahora estaba prohibido para compradores extranjeros.
El trasfondo geopolítico atraviesa todo el debate. Aunque el dictamen no menciona expresamente a China, la preocupación creció después de que Beijing ordenara a sus empresas en el exterior priorizar la legislación china por encima de las normas locales, una directiva que generó inquietud ante posibles compras de tierras estratégicas por compañías con respaldo estatal.
Para las zonas de seguridad fronteriza, los requisitos serán más estrictos: los compradores extranjeros deberán obtener el aval tanto de la provincia involucrada como del Poder Ejecutivo nacional, aunque también regirá la aprobación automática si no existe una respuesta dentro del plazo correspondiente.
En perspectiva regional, Brasil mantiene una de las regulaciones más estrictas de la región: la Ley 5.709/71 limita la propiedad extranjera al 25% del territorio de cada municipio, mientras que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 10% de esa superficie. En comparación, el proyecto argentino elimina los topes para los inversores privados, por lo que el esquema sería considerablemente más flexible que el brasileño.
Los defensores de la reforma sostienen que permitirá atraer inversiones privadas sin resignar soberanía, mientras que sus críticos advierten que las nuevas trabas podrían desalentar proyectos productivos legítimos. El debate en el Senado llega en un momento de alta demanda internacional de tierras productivas y recursos hídricos, lo que convierte a esta reforma en una de las decisiones con mayor impacto de largo plazo para el agro argentino.
