Legisladores nacionales del Espacio Legislativo Interpartidario del Agro (ELIA) participaron el miércoles de una jornada técnica organizada por la Fundación Barbechando junto a especialistas e instituciones del sector agroindustrial para debatir la creación de una ley nacional de presupuestos mínimos para la aplicación de fitosanitarios. El objetivo es terminar con décadas de regulación fragmentada entre provincias, municipios y fallos judiciales que generan criterios distintos según la localidad y el color político de turno.
El gran problema en este contexto es la ausencia de una legislación nacional que establezca criterios técnicos homogéneos. El resultado es que tanto productores y aplicadores como los propios gobiernos conviven con un escenario de escasa previsibilidad que condiciona las decisiones productivas, limita la incorporación de tecnología y multiplica los conflictos judiciales.
Del encuentro participaron los diputados Martín Ardohain (PRO-La Pampa), Joaquín Benegas Lynch (LLA-Entre Ríos), Alicia Fregonese (PRO-Entre Ríos), Andrés Leone (LLA-CABA), Nicolás Mayoraz (LLA-Santa Fe), Javier Sánchez Wrba (PRO-Buenos Aires), Alejandra Torres (Provincias Unidas-Córdoba) y Santiago Santurio (LLA-Buenos Aires).
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Desde la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias se presentaron los conceptos principales del proyecto de ley de presupuestos mínimos, que incluye la definición de zonas sensibles y de amortiguamiento con distancias basadas en criterios técnico-científicos, la definición de responsabilidades a lo largo del proceso, capacitación continua y profesionalización de aplicadores, y la fiscalización como eje central con apoyo de nuevas tecnologías como caja negra, monitoreo remoto y la figura del veedor.
Como parte del Espacio Legislativo Interpartidario del Agro (ELIA), los participantes pusieron en común distintas miradas sobre la necesidad de avanzar hacia una regulación nacional sustentada en evidencia científica, criterios técnicos y Buenas Prácticas Agropecuarias.
En síntesis, el encuentro coincidió en avanzar hacia una ley nacional de presupuestos mínimos que unifique criterios, reduzca el nivel de judicialización y otorgue reglas más homogéneas para toda la actividad. La pregunta que queda abierta es si el Congreso logrará avanzar donde décadas de intentos anteriores fracasaron.











































