La Legislatura bonaerense recibió un proyecto para sancionar con mayor dureza a quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales para cazar animales silvestres. La iniciativa, presentada por los diputados provinciales Luciano Bugallo y Andrés De Leo, contempla multas de hasta 30.000 Unidades Fijas, decomisos, secuestro de vehículos e inhabilitaciones que podrían llegar a ser permanentes.
La propuesta fue registrada bajo el expediente D-2534/26-27 y busca crear un régimen específico frente a las incursiones de grupos organizados que utilizan perros, armas y vehículos para desarrollar actividades de caza sin el consentimiento de los propietarios.
El texto no apunta a prohibir cualquier modalidad de caza autorizada, sino a castigar la actividad realizada dentro de predios privados sin permiso y las acciones destinadas a organizarla, financiarla o facilitarla.
“Queremos prohibir de manera expresa y definitiva la caza en todo predio privado en la Provincia, estableciendo un régimen sancionatorio específico destinado a proteger la seguridad rural, la propiedad privada y el bienestar animal y la fauna silvestre”, sostuvo Bugallo.
Cuadrillas nocturnas y riesgos para las familias rurales
Los fundamentos del proyecto describen una problemática recurrente en diferentes partidos del interior bonaerense: cuadrillas que ingresan durante la noche, se desplazan en automóviles o camionetas y utilizan jaurías, principalmente de perros galgos.
En algunos casos, el ingreso implica la rotura de candados, tranqueras y alambrados. La presencia de personas desconocidas, animales sueltos y eventualmente armas genera además riesgos para productores, trabajadores y familias que viven dentro de los establecimientos.
Ruralnet ya había informado sobre denuncias realizadas en Chascomús, donde productores señalaron que grupos organizaban excursiones ilegales mediante redes sociales, ingresaban con perros a los campos y provocaban daños en alambrados, cultivos y silobolsas.
El Foro de Seguridad Rural Argentino también manifestó durante junio su preocupación por la reiteración de estos episodios y reclamó herramientas más efectivas para proteger a los pobladores, la propiedad privada y la fauna silvestre.
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Multas de hasta 20.000 Unidades Fijas
El proyecto propone incorporar la figura de “contravención grave contra la seguridad rural” para quienes practiquen, organicen, financien o faciliten la caza no autorizada dentro de establecimientos privados.
También alcanzaría a quienes transporten perros, armas u otros elementos destinados a esas actividades o participen en la conformación de cuadrillas.
Las sanciones básicas previstas son:
- Multas de entre 1.000 y 20.000 Unidades Fijas.
- Inhabilitación durante diez años para obtener permisos de caza.
- Decomiso de armas, cuchillos, perros, presas y otros elementos.
- Secuestro preventivo de los vehículos utilizados.
Las penas aumentarían un 50% cuando participen tres o más personas, la actividad se realice de noche, se empleen vehículos, existan antecedentes, se afecten áreas protegidas o se produzcan daños materiales.
El ingreso ilegal tendría una sanción mayor
El castigo más severo se aplicaría a quienes entren sin autorización a un establecimiento rural para desarrollar actividades de caza.
Para esos casos, el proyecto establece multas de entre 5.000 y 30.000 Unidades Fijas y una inhabilitación especial de 15 años para obtener permisos.
La reincidencia agravaría las sanciones económicas y una nueva reiteración podría derivar en la prohibición permanente de acceder a licencias de caza. La iniciativa crea además un Registro Provincial de Infractores por Caza Furtiva Organizada.
El objetivo es que las sanciones alcancen no solamente a la persona que captura o mata al animal, sino también a toda la estructura utilizada para organizar y realizar la incursión dentro del campo.
Qué ocurriría con los perros decomisados
La propuesta dispone que los perros utilizados sean decomisados y sometidos a controles veterinarios.
Posteriormente, podrían quedar a disposición de refugios, asociaciones protectoras o programas provinciales de adopción responsable. Sus propietarios tendrían la posibilidad de solicitar la restitución únicamente bajo las condiciones establecidas por la autoridad competente.
El tratamiento de los animales busca evitar que vuelvan a ser empleados inmediatamente en nuevas incursiones y garantizar una evaluación de su estado sanitario.
Qué establece actualmente la legislación
El Código Rural bonaerense ya prohíbe la formación de cuadrillas de caza, la actividad nocturna y determinadas prácticas consideradas especialmente perjudiciales. Sin embargo, los autores del proyecto sostienen que las herramientas vigentes no lograron desalentar el ingreso reiterado de cazadores a predios rurales.
La legislación nacional permite realizar caza deportiva dentro de propiedades privadas cuando existe autorización del propietario, se cuenta con la licencia correspondiente y se respetan las normas de la jurisdicción, las temporadas habilitadas y las especies permitidas.
Por ese motivo, el punto central de la iniciativa bonaerense es el ingreso sin consentimiento y la organización de actividades furtivas, no las prácticas autorizadas que cumplen con los requisitos legales.
El expediente deberá ahora atravesar el tratamiento en comisiones y conseguir la aprobación de ambas cámaras de la Legislatura. Hasta que ese proceso concluya y la norma sea promulgada, las nuevas multas e inhabilitaciones propuestas no se encuentran vigentes.
