La Unidad Fiscal de Colón, Entre Ríos, inició una investigación penal contra un médico veterinario de esa localidad acusado de haber hecho desaparecer más de 500 bovinos que le fueron confiados en un contrato de capitalización por la empresa Arroyo Carqueja SA. La hacienda, valuada en más de 700 millones de pesos, estaba bajo su custodia en un establecimiento de Colonia Mabragaña cuando el profesional interrumpió la rendición de cuentas a fines de 2024 y declaró ante Fucofa una existencia de cero animales, sin documentación que respalde ventas ni traslados.
La causa se originó en marzo de este año cuando Arroyo Carqueja SA radicó la denuncia al detectar que el lote de vacunos entregado al veterinario había desaparecido sin explicación. Según el expediente impulsado por la fiscal auxiliar María Noelia Batto, el profesional había recibido 537 bovinos en el marco de un contrato de capitalización y hacia fines de 2024 interrumpió abruptamente la rendición de cuentas, negándose a restituir la hacienda y las crías producidas a la empresa propietaria.
La inconsistencia que disparó las alarmas quedó registrada en los datos de Fucofa: en diciembre de 2024 el sistema contabilizaba 517 animales en el establecimiento ubicado en el kilómetro 172 de la Ruta Nacional 14, departamento Colón. Para mayo de 2025, el veterinario había declarado existencia cero, sin ningún documento que justificara ventas, muertes o traslados.
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Como parte de las medidas procesales, la Justicia ordenó la intervención de la Brigada de Delitos Rurales para inspeccionar el predio. También solicitó informes al Senasa y a la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos para determinar si fenómenos climáticos pudieron explicar técnicamente una mortandad masiva, o si se utilizaron guías de tránsito electrónico para desviar la hacienda sin consentimiento del propietario. La investigación apunta a establecer si los animales fueron derivados a otros establecimientos, frigoríficos, carnicerías o sociedades familiares vinculadas al denunciado, mediante documentos adulterados, guías de traslado apócrifas o planillas simuladas del Senasa y Fucofa.
El apoderado legal de la empresa damnificada, el abogado Fernando Zubillaga, confirmó que Arroyo Carqueja SA se presentó como querellante particular en el expediente. “El perjuicio para la empresa supera los 700 millones de pesos. El denunciado firmó contratos en representación de una sociedad familiar relacionada con dos locales comerciales ubicados en el centro de la ciudad, por lo que instaremos la investigación a fin de que se determine la ruta del dinero ante una eventual venta de los animales”, afirmó. Zubillaga también subrayó que hasta el momento el veterinario no brindó explicación alguna sobre el destino de la hacienda ni ofreció reparación económica.
Alfredo Gambaro, socio y presidente de Arroyo Carqueja SA, fue más directo: “Fuimos víctima de una maniobra de estafa donde hicieron desaparecer cerca de 520 animales y 120 crías de terneros. Confiamos en la Justicia para que se esclarezca de manera rápida y contundente qué pasó con los mismos”.
El caso no se agota en la causa penal. Fuentes judiciales confirmaron que existen otros expedientes tramitando ante los juzgados Civil y Comercial N°1 y N°2 de Colón, y en el N°5 de Concordia, por reclamos contra el mismo veterinario por deudas que superan los 500 millones de pesos, producto de incumplimientos contractuales y títulos ejecutivos no abonados.
El caso pone en el centro del debate la seguridad jurídica de los contratos de capitalización ganadera y la robustez de los sistemas de trazabilidad en Entre Ríos. Si se confirma que la hacienda fue desviada mediante documentación falsificada, el expediente podría derivar en condenas de entre un mes y seis años de prisión por los delitos de defraudación por retención indebida y administración fraudulenta, figuras bajo las cuales la fiscal Batto encuadró la investigación preparatoria.
