Dos iniciativas legislativas presentadas casi en simultáneo en la Cámara de Diputados proponen eliminar de manera gradual los derechos de exportación para el sector agropecuario y agroindustrial, y restringir la capacidad del Poder Ejecutivo para modificar alícuotas sin pasar por el Congreso. Una lleva la firma del presidente de la Comisión de Agricultura, Martín Ardohain, y plantea un cronograma de 36 meses; la otra fue presentada por la diputada Gisela Scaglia junto a legisladores de provincias productivas y propone una eliminación en cuatro años.
El proyecto Ardohain: retenciones cero en tres años y vínculo con Europa
La iniciativa de Ardohain propone un “cronograma de adecuación” de los derechos de exportación para “armonizar el régimen tributario con los compromisos internacionales asumidos en el marco del Acuerdo de Asociación Estratégica Mercosur-Unión Europea”. Toma como punto de partida el 1 de mayo de 2026 y establece una reducción gradual hasta alcanzar alícuota cero en 36 meses. Para el complejo sojero, fija un mecanismo diferencial con una baja automática mensual de 0,5 puntos porcentuales.
El proyecto alcanza a productos del reino animal, vegetal, aceites, grasas, alimentos, materias primas y manufacturas agroindustriales, forestales, cuero, textiles de origen natural y biocombustibles. En sus fundamentos, el diputado plantea que la reforma busca “restituir la potestad tributaria al Congreso” y propone derogar los apartados del Código Aduanero que hoy habilitan al Ejecutivo a gravar exportaciones y modificar alícuotas por decreto.
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El proyecto Scaglia: eliminación lineal en cuatro años
La propuesta de Scaglia plantea un esquema de reducción lineal y uniforme durante cuatro años, con una baja anual equivalente al 25% de la alícuota vigente al momento de la promulgación de la ley. El cronograma establece una reducción inicial inmediata del 25%, luego un recorte acumulado del 50% desde diciembre de 2026, del 75% desde diciembre de 2027, y finalmente una alícuota cero permanente desde diciembre de 2028.
La iniciativa menciona específicamente a cereales, oleaginosas y derivados industriales como trigo, maíz, soja, girasol, harinas, aceites y pellets, y excluye expresamente a la minería y los hidrocarburos. En sus fundamentos, señala que el complejo agroexportador explicó más del 90% de la recaudación total por derechos de exportación en 2025, con ingresos superiores a los 31.000 millones de dólares.
El punto en común: limitar el poder del Ejecutivo
Ambos proyectos coinciden en restringir la capacidad del Poder Ejecutivo para modificar derechos de exportación sin pasar por el Congreso. El proyecto de Scaglia menciona que durante 2025 hubo seis cambios en los derechos de exportación de cereales y oleaginosas mediante decretos, lo que “cambió el ritmo de ventas de granos y trajo distorsiones en el mercado”.
El acuerdo Mercosur-UE, contexto pero no obligación
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no obliga a la Argentina a eliminar retenciones agropecuarias, pero sí establece compromisos vinculados a la liberalización comercial y a la reducción de restricciones sobre exportaciones. Los proyectos buscan instalar la idea de que Argentina deberá converger hacia un esquema tributario más previsible si pretende aprovechar plenamente la apertura comercial.
Por ahora ninguno de los dos proyectos tiene fecha de tratamiento en comisión, pero ambos volvieron a instalar en el Congreso un debate que atraviesa desde hace más de veinte años a la política agropecuaria argentina. La pregunta que el campo le viene haciendo a la política sigue en pie: cuándo y cómo se eliminará una carga que grava el ingreso bruto —no la renta neta— y que pesa más sobre quienes producen lejos de los puertos.
