Cuenta regresiva en el Congreso: cuatro proyectos clave para el agro siguen pendientes

Imagen ilustrativa del Congreso Nacional argentino con silobolsas de soja rotos y granos derramados en primer plano, bajo un cielo de tormenta
A dos semanas del cierre de las sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre de 2026, el Congreso de la Nación mantiene pendientes cuatro iniciativas vinculadas con la seguridad rural, los biocombustibles, el transporte por cabotaje y las inversiones productivas. La Fundación Barbechando advirtió sobre la necesidad de alcanzar acuerdos legislativos antes de que finalice el año, en un escenario marcado por las elecciones de 2027.

El sector agropecuario argentino enfrenta semanas decisivas en el Congreso de la Nación. Con el período de sesiones ordinarias próximo a finalizar el 30 de noviembre, cuatro proyectos considerados estratégicos para el campo continúan pendientes de tratamiento legislativo. Las iniciativas podrían avanzar durante los últimos días de actividad parlamentaria o quedar sujetas a una eventual discusión en diciembre.

Según el relevamiento de la Fundación Barbechando, organización dedicada al seguimiento de la agenda legislativa agropecuaria, los proyectos comprenden la tipificación del vandalismo rural, la modificación del régimen de biocombustibles, los cambios en el transporte por cabotaje y el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR).

El principal desafío será alcanzar los consensos políticos necesarios para avanzar con las iniciativas antes del cierre del año legislativo, teniendo en cuenta que 2027 estará atravesado por el calendario electoral.

Vandalismo rural: un proyecto con media sanción que espera al Senado

Una de las iniciativas pendientes es la modificación del Código Penal para establecer una figura específica destinada a sancionar los ataques contra la producción agropecuaria.

El proyecto de vandalismo rural ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y aguarda su tratamiento en el Senado. La propuesta busca establecer herramientas penales frente a hechos que afectan establecimientos, instalaciones y bienes vinculados con la actividad productiva.

Desde la Fundación Barbechando señalaron que los daños contra la infraestructura rural generan consecuencias que exceden las pérdidas materiales inmediatas.

“Los daños y ataques contra establecimientos, instalaciones y bienes destinados a la producción generan perjuicios económicos y afectan la previsibilidad de quienes trabajan e invierten en el sector”, expresó la entidad.

La organización también sostuvo que la reforma apunta a garantizar condiciones de seguridad para quienes viven y desarrollan actividades en el ámbito rural, equiparables a las que tienen los habitantes de las ciudades.

La seguridad jurídica y la protección de las inversiones productivas aparecen como los principales fundamentos de una iniciativa que todavía necesita completar su recorrido legislativo.

Biocombustibles: buscan aumentar los cortes de biodiésel y bioetanol

Otro de los proyectos relevantes es la modificación del régimen de biocombustibles, una discusión con impacto directo sobre las cadenas agroindustriales.

La propuesta, que cuenta con media sanción del Senado y se encuentra en debate en Diputados, contempla elevar el corte obligatorio de biodiésel del 7,5 % al 10 % y el de bioetanol del 12 % al 15 %.

En el caso del bioetanol, el esquema mencionado contempla una participación mínima del 6 % para el producido a partir de caña de azúcar y otro 6 % para el elaborado con maíz.

La iniciativa también propone abrir el mercado interno a empresas integradas, con disposiciones que contemplan un horizonte hasta 2036.

El tratamiento legislativo resulta especialmente relevante para las cadenas del maíz, la caña de azúcar y las materias primas destinadas a producir biodiésel, debido a la posibilidad de ampliar la utilización industrial de estos productos en el mercado de combustibles.

Sin embargo, la aprobación del proyecto todavía depende de los acuerdos que puedan alcanzarse en la Cámara de Diputados.


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Cabotaje: cambios para el transporte de cargas y las barcazas

La agenda legislativa también incluye modificaciones en el transporte por cabotaje, una actividad vinculada con la logística y el movimiento de mercaderías dentro del territorio nacional.

El proyecto obtuvo dictamen en el Senado y propone habilitar la participación de barcazas extranjeras en los fletes nacionales, además de establecer exenciones impositivas para los armadores locales.

La discusión involucra las condiciones de competencia y los costos asociados al transporte de cargas.

Para la actividad agroindustrial, el funcionamiento del sistema logístico constituye un factor relevante en el traslado de materias primas y productos elaborados.

Las modificaciones propuestas buscan introducir cambios en el esquema del transporte nacional, aunque todavía resta avanzar en el tratamiento legislativo de la iniciativa.

Inversiones: incentivos desde US$ 12 millones y estabilidad fiscal por 30 años

El cuarto proyecto identificado por la Fundación Barbechando es el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), orientado a promover nuevas inversiones mediante beneficios fiscales.

La iniciativa cuenta con media sanción y contempla incentivos para inversiones desde US$ 12 millones, incluyendo amortización acelerada, devolución de IVA y estabilidad fiscal durante 30 años.

El esquema también incorpora beneficios sin un monto mínimo de inversión para determinadas actividades y bienes productivos.

Entre ellos se encuentran:

  • Terneras de reposición.
  • Buques pesqueros nuevos.
  • Maquinaria forestal.

El régimen busca generar condiciones de mayor previsibilidad para las inversiones, con herramientas tributarias destinadas a favorecer la incorporación de capital y bienes productivos.

La propuesta integra la agenda legislativa pendiente para el cierre de 2026.

Presupuesto 2027: retenciones e IVA también forman parte del debate

Además de los cuatro proyectos identificados, la Fundación Barbechando destacó la importancia de la discusión presupuestaria, en la que aparecen reclamos históricos del sector agropecuario.

Entre los principales temas mencionados se encuentran los derechos de exportación y el saldo técnico del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuestiones vinculadas con la carga tributaria y la situación financiera de las empresas agropecuarias.

Estos puntos forman parte de una agenda más amplia en la que el campo busca mejorar las condiciones económicas y regulatorias para desarrollar sus actividades.

El desafío del Congreso antes de un año electoral

Con el 30 de noviembre como fecha límite de las sesiones ordinarias, el Congreso ingresa en una etapa en la que los acuerdos entre bloques serán determinantes para definir qué iniciativas pueden avanzar durante 2026.

La posibilidad de continuar con el tratamiento de proyectos durante diciembre dependerá de las condiciones legislativas y de una eventual convocatoria a sesiones extraordinarias.

El escenario adquiere especial importancia porque 2027 será un año electoral, un factor que podría modificar las prioridades y los tiempos de discusión parlamentaria.

Desde la Fundación Barbechando remarcaron que los temas pendientes tienen un alcance que supera las demandas específicas de la actividad agropecuaria.

“No se trata únicamente de demandas sectoriales: son discusiones que involucran la seguridad jurídica, la infraestructura, la energía, la inversión y la competitividad del país”, concluyó la entidad.

El cierre legislativo determinará si estas iniciativas consiguen avanzar antes de fin de año o si el sector agropecuario deberá esperar nuevas oportunidades de tratamiento durante 2027.

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