Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) advirtió que podría promover una intervención de Defensa de la Competencia ante los condicionamientos comerciales que, según denuncia, enfrentan productores ganaderos no inscriptos en VISEC Carne. Su secretario, Adrián Luna Vázquez, cuestionó que una plataforma privada pueda determinar las condiciones de acceso al mercado europeo y reclamó herramientas públicas de certificación, libertad de elección y mayor participación del Estado.
La controversia por VISEC Carne y el reglamento europeo contra la deforestación sumó un nuevo capítulo. En una columna de opinión difundida el domingo 8 de noviembre de 2026, el secretario de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Adrián Luna Vázquez, profundizó los cuestionamientos de la entidad al sistema de trazabilidad y advirtió sobre posibles prácticas comerciales que podrían justificar una intervención de las autoridades de Defensa de la Competencia.
El planteo apunta principalmente a los frigoríficos exportadores que, según los reclamos recibidos por CRA, estarían condicionando la compra o el precio de la hacienda a la inscripción de los productores en VISEC Carne.
La entidad aclaró que no se opone a cumplir con las exigencias ambientales de los mercados internacionales, sino a que una plataforma privada se convierta en una condición comercial prácticamente obligatoria.
CRA cuestiona los descuentos sobre el precio de la hacienda
Uno de los principales puntos de conflicto es el impacto económico que la certificación podría tener sobre los productores ganaderos.
Según Luna Vázquez, CRA recibe reclamos por descuentos aplicados a hacienda no registrada en VISEC Carne, incluso cuando solamente determinados cortes de esa producción tienen como destino el mercado europeo.
El dirigente cuestionó que el cumplimiento de exigencias comerciales vinculadas con la sostenibilidad pueda utilizarse para reducir el precio recibido por el productor.
También marcó una diferencia con el mercado de soja, donde los esquemas diferenciados llegaron a reconocer premios comerciales por mercadería que acredita determinados requisitos.
Para CRA, el problema no es que existan diferencias de precio entre productos, sino que los compradores puedan utilizar su posición comercial para imponer la adhesión a una plataforma determinada.
En ese contexto, Luna Vázquez sostuvo que estas prácticas merecen ser analizadas desde la legislación de Defensa de la Competencia y señaló que la entidad no descarta promover una intervención en ese ámbito.
Por el momento, el planteo no implica que exista una denuncia formal presentada ni una infracción comprobada.
El reglamento europeo no obliga a utilizar VISEC
El conflicto se desarrolla ante la próxima aplicación del Reglamento (UE) 2023/1115, que establece requisitos para comercializar determinados productos libres de deforestación en la Unión Europea.
La normativa comenzará a aplicarse el 30 de diciembre de 2026 para los operadores medianos y grandes, mientras que la mayoría de los pequeños y microoperadores contará con plazo hasta el 30 de junio de 2027.
El sistema europeo exige acreditar el origen de los productos y cumplir con los procedimientos de diligencia debida correspondientes.
Sin embargo, la reglamentación europea no establece la obligación de utilizar específicamente la plataforma argentina VISEC.
Luna Vázquez resumió el argumento central de CRA con una afirmación: “Europa exige información. No exige VISEC”.
La entidad sostiene que los productores deben contar con alternativas para acreditar el cumplimiento de los requisitos, sin quedar sujetos exclusivamente a una herramienta privada.
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Piden que Nación y provincias desarrollen sistemas públicos
Otro de los ejes de la columna es la necesidad de que el Estado participe en los mecanismos de validación de la información productiva.
CRA recordó que la Resolución 50/2024 de la Secretaría de Agricultura creó un Directorio de Esquemas de Diferenciación Agroindustriales que contempla herramientas públicas y privadas.
Como ejemplo, Luna Vázquez mencionó Santa Fe Produce Sustentable, una plataforma provincial desarrollada para acreditar atributos de sostenibilidad mediante información oficial.
La propuesta de CRA consiste en que Nación y provincias desarrollen y reconozcan herramientas públicas de validación que puedan funcionar junto con los sistemas privados, sin exclusividades.
El dirigente también planteó que los registros oficiales deben conservar su reconocimiento y que los productores necesitan mantener el control sobre la información de sus establecimientos.
El conflicto también alcanza a los controles laborales
La columna incorporó cuestionamientos al acuerdo entre VISEC y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) relacionado con una constancia de legalidad laboral.
Luna Vázquez sostuvo que las atribuciones de inspección y control del cumplimiento de la legislación laboral corresponden a las autoridades administrativas competentes.
En ese sentido, CRA cuestionó que una plataforma privada pueda incorporar mecanismos que, según su interpretación, se superpongan con facultades reservadas a los organismos públicos.
El dirigente fundamentó su posición en las leyes nacionales 25.877 y 23.551.
Se trata de una interpretación jurídica planteada por CRA, no de una resolución administrativa o judicial que haya determinado la invalidez del mecanismo.
Qué propone CRA para modificar el sistema de certificación
Frente a este escenario, la entidad presentó una serie de propuestas destinadas a modificar las condiciones de implementación de los esquemas de trazabilidad.
Entre los principales pedidos se encuentran desarrollar herramientas públicas de validación, reconocer los registros oficiales, permitir plataformas interoperables y evitar exclusividades comerciales.
También reclamó garantizar que el productor conserve el control sobre sus datos y que los costos derivados de las exigencias ambientales se distribuyan de manera equitativa entre los integrantes de la cadena.
El objetivo, según CRA, es evitar que una obligación comercial internacional termine concentrando las decisiones de certificación y acceso a mercados en una única plataforma.
La organización considera que el Estado debe asumir un papel activo en la validación de las condiciones exigidas para exportar, tal como ocurre con otros procedimientos relacionados con la actividad agroindustrial.
Una discusión que se traslada al acceso a los mercados
La posición de CRA profundiza el debate sobre cómo debe adaptarse la producción agropecuaria argentina a las nuevas exigencias ambientales internacionales.
La discusión involucra a productores, frigoríficos, exportadores, plataformas de trazabilidad y organismos públicos, con posiciones diferentes sobre los mecanismos de cumplimiento y la distribución de sus costos.
El nuevo planteo de CRA incorpora la posibilidad de acudir a Defensa de la Competencia y reclama una mayor intervención de Nación y provincias, aunque todavía no se anunció una resolución concreta que modifique el funcionamiento de VISEC.
El debate deja abierta una cuestión central para la ganadería argentina: cómo garantizar el acceso a los mercados internacionales sin que el cumplimiento de sus requisitos se transforme en una imposición comercial que limite las opciones del productor.
Fuente: Columna de opinión de Adrián Luna Vázquez, secretario de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), difundida el 8 de noviembre de 2026.
