A través de la senadora Patricia Bullrich, el Gobierno presentó en el Senado un proyecto para derogar la Ley 27.640 vigente y aprobar un nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles en Argentina. La iniciativa elimina el precio fijado por el Estado para el bioetanol y el biodiesel, crea un mercado electrónico de negociación libre, eleva los cortes obligatorios en naftas y gasoil, habilita vehículos flex fuel y abre el mercado interno a las grandes plantas exportadoras de biodiesel, actualmente excluidas por la normativa vigente.
Adiós al precio regulado: todo al mercado electrónico
Uno de los cambios más sustanciales es que desaparece el precio fijado por la Secretaría de Energía tanto para el bioetanol como para el biodiésel, y todo pasa a negociarse en un mercado electrónico administrado por un organismo independiente, donde elaboradores y mezcladores realizarán sus ofertas de compra y venta de manera transparente. Los precios máximos no podrán superar la paridad de importación del biodiesel o bioetanol calculada con fuentes internacionales reconocidas.
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Los nuevos cortes obligatorios
En el caso del gasoil, un mínimo del 7,5% de cada litro debe ser biodiésel, cifra que se extenderá hasta el 10% una vez que pasen 12 meses de sancionada la ley. En las naftas, debe cortarse con 12% de bioetanol, que en un año pasará a ser un 15%. La ley garantiza un piso del 6% para el bioetanol de caña de azúcar y un 6% para el de maíz.
Vehículos flex, SAF y biometano
La normativa permite la circulación de vehículos “flex” que funcionen con un mayor porcentaje de biocombustibles, y habilita que haya estaciones de servicio con surtidores que expendan solo biodiesel o bioetanol. También avala la inyección de biometano en las redes de gas y la comercialización de Combustibles de Aviación Sostenible (SAF).
Las grandes aceiteras podrán ingresar al mercado interno
La nueva ley respondería a la demanda que viene formulando la industria aceitera sobre que se permita a las grandes plantas exportadoras de aceite de soja y biodiesel participar del mercado interno, actualmente prohibido por la normativa vigente. Sin embargo, para proteger a las pymes del sector, se establece un período de transición hasta el 31 de diciembre de 2030 con cuotas garantizadas para las empresas no integradas, que comenzarán en 7,5% y bajarán gradualmente al 3% para 2030.
En los fundamentos del proyecto, Bullrich subraya que la normativa actual ha quedado obsoleta y no ha permitido el crecimiento de un sector en el que Argentina tiene mucho para desarrollarse. De aprobarse, la ley tendría una vigencia de 15 años y declararía de interés público todas las actividades vinculadas a la elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles, con el objetivo de insertar al país en el mercado global con reglas claras y previsibilidad.
