Tras el fallo que frena el regreso de la UATRE, la obra social con una deuda superior a $45.000 millones vuelve a quedar bajo control estatal
La pelea por el control de OSPRERA suma un nuevo capítulo: el Gobierno nacional extiende por 180 días la intervención y mantiene fuera de la conducción a la UATRE.
La decisión se oficializó mediante el decreto 127/2026, publicado en el Boletín Oficial, y llega después de que una Cámara Federal revocara el fallo que había devuelto el manejo de la obra social al gremio rural.
Qué cambia desde ahora
OSPRERA seguirá intervenida por al menos seis meses más.
El nuevo interventor será César Augusto Lococo.
Deberá presentar informes mensuales ante la Superintendencia de Servicios de Salud.
El Ministerio de Salud podrá prorrogar el plazo si lo considera necesario.
En los hechos, el control vuelve a quedar en manos del Ejecutivo en medio de una fuerte disputa judicial y política.
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Una deuda que supera los $45.000 millones
El trasfondo económico es clave. Cuando el Gobierno decidió intervenir la obra social en 2024, argumentó “gravísimos incumplimientos” y una deuda superior a $45.000 millones.
Desde entonces, la conducción de OSPRERA se convirtió en un campo de batalla entre el Ejecutivo y el sindicato.
En enero pasado, un fallo judicial había restituido el control a la UATRE. Sin embargo, esa decisión fue revocada por la Cámara Federal, que entendió que seguían vigentes las condiciones que justificaron la intervención original.
El argumento oficial
El Ejecutivo sostiene que persisten problemas institucionales, financieros y prestacionales que ponen en riesgo la continuidad del servicio de salud para los trabajadores rurales.
Además, remarca que la cobertura médica es un servicio esencial y que el esquema cautelar vigente habilita al Estado a mantener la conducción hasta “normalizar” la entidad.
OSPRERA es la obra social de los trabajadores rurales y estibadores. Su situación impacta directamente en:
Prestaciones médicas en zonas rurales.
Pago a clínicas y prestadores del interior.
Cobertura de miles de trabajadores del agro.
La incertidumbre institucional genera tensión en la cadena sanitaria vinculada al sector.
Una novela que no termina
El conflicto comenzó en 2023 con la primera intervención judicial. En julio de 2024 volvió brevemente a manos de la UATRE. Un mes después, el Gobierno la intervino por decreto. Luego vino el fallo que restituyó al gremio y ahora la revocación que vuelve a dejar todo en manos del Ejecutivo.
Con este nuevo decreto, la disputa por OSPRERA no se cierra: se estira al menos seis meses más y mantiene abierto un frente sensible para el mundo rural.
