El Gobierno nacional ratificó que impulsará una nueva Ley de Semillas y la adhesión de la Argentina al convenio UPOV 91, aunque todavía no estableció una fecha para enviar el proyecto al Congreso. Representantes del Estado, las entidades rurales y la industria semillera analizaron el tema durante la Jornada de Carnes y Granos realizada en la Expo Rural y coincidieron en que la reforma deberá surgir de un amplio consenso.
Del panel participaron el presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Martín Famulari; la presidenta de Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari; el director de la Sociedad Rural Argentina, Tomás Palazón; la presidenta de la Federación Internacional de Semillas, Lorena Basso; y el titular de la Asociación de Semilleros Argentinos, Ricardo Fernández Pancelli.
“Vamos a ir con una nueva Ley de Semillas y vamos a impulsar UPOV 91 en el Congreso, pero tenemos muchas ganas de que lo que suceda sea por consenso”, afirmó Famulari.
El funcionario reconoció que todavía no existen plazos definidos, aunque advirtió que el tiempo disponible para alcanzar los acuerdos necesarios no es ilimitado.
La necesidad de actualizar la ley reúne consenso
Las entidades y la industria coincidieron en que la normativa vigente debe adaptarse a los cambios tecnológicos y productivos que atravesó el sector durante las últimas décadas.
Palazón señaló que la decisión deberá construirse con una mirada de largo plazo, debido a que el nuevo marco legal podría regular la actividad durante varias generaciones.
“Lo que decidamos ahora probablemente nos legisle por los próximos 50 años, por lo que tiene que ser consensuado y nos tiene que servir a todos. Ojalá saquemos una nueva ley este año”, expresó el representante de la Sociedad Rural.
Andrea Sarnari también reconoció la necesidad de revisar la legislación, aunque volvió a plantear los reparos de Federación Agraria frente a la adhesión a UPOV 91.
“Discutir la Ley de Semillas es importante porque han cambiado las reglas de juego y es necesario actualizarse”, sostuvo. Sin embargo, consideró que todavía existe “una gran distancia” entre las posiciones que deberá ser reducida mediante el diálogo.
El convenio UPOV 91 es uno de los puntos más sensibles del debate porque fortalece los derechos de quienes desarrollan nuevas variedades vegetales y modifica las condiciones bajo las cuales los productores pueden reservar semillas de su propia cosecha para volver a sembrarlas.
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La industria pide reglas para invertir
Desde el sector semillero remarcaron que un nuevo marco normativo permitiría aumentar las inversiones en investigación, acelerar la incorporación de genética y mejorar la productividad de los cultivos.
“Queremos que el productor, nuestro principal cliente, sea más productivo por hectárea y acceda a más tecnología. Estamos conversando y hay muchos puntos en común”, afirmó Fernández Pancelli.
Lorena Basso sostuvo que la futura legislación deberá encontrar un equilibrio entre los derechos de los productores y la necesidad de reconocer las inversiones realizadas en innovación.
“No podemos pensar en que uno gane y el otro pierda. Tiene que ser una solución acorde para todos y tenemos que pensar en hacer algo mejor que lo que tenemos”, expresó.
El principal desafío será acordar el alcance del uso propio, las condiciones para el pago de regalías y las eventuales excepciones para productores pequeños y medianos.
Famulari cerró el encuentro destacando el papel del Estado como articulador entre las diferentes posiciones y pidió a toda la cadena continuar trabajando en una propuesta común.
“Encontremos el lugar juntos, porque nada mejor que irse a dormir convencidos de que hicimos algo bueno por Argentina”, concluyó.
La cadena coincide en que la legislación debe actualizarse, pero la llegada del proyecto al Congreso dependerá de que productores, semilleros y Gobierno logren acercar posiciones sobre UPOV 91 y el derecho al uso propio.
