El Senado de la Nación postergó el jueves 16 de julio el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye una reforma del régimen de tierras rurales y flexibiliza los límites nacionales para la compra de campos por parte de extranjeros. La Cámara alta aprobó un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, mientras Federación Agraria Argentina renovó su rechazo por considerar que los cambios podrían afectar la soberanía, la seguridad y el control de recursos estratégicos.
La iniciativa figuraba entre los temas centrales de la sesión ordinaria, pero el oficialismo no logró reunir los respaldos necesarios para avanzar con su aprobación. Finalmente, los senadores votaron por 62 votos afirmativos, tres negativos y una abstención pasar a un cuarto intermedio para continuar el debate durante la próxima sesión prevista para agosto.
De esta manera, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo volvió a quedar en suspenso, aunque no fue rechazado ni perdió estado parlamentario.
Qué propone el proyecto sobre las tierras rurales
El proyecto lleva el nombre de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y contiene modificaciones en materia de expropiaciones, desalojos y adquisición de tierras rurales.
Uno de sus capítulos más controvertidos elimina el límite nacional que actualmente restringe al 15% la cantidad de tierras rurales que pueden encontrarse en manos extranjeras y transfiere a cada provincia la facultad de autorizar, limitar o impedir esas operaciones.
También dejaría sin efecto el máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo —o su superficie equivalente en otras regiones— que hoy puede adquirir un mismo titular extranjero.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece actualmente que las personas físicas y jurídicas extranjeras no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales en los niveles nacional, provincial y municipal.
Además, ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% del cupo habilitado para extranjeros. La norma también contiene restricciones vinculadas con inmuebles ubicados en zonas de seguridad fronteriza y campos que incluyen cuerpos de agua relevantes.
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Federación Agraria renovó su rechazo
Ante la posibilidad de que el proyecto llegara al recinto, Federación Agraria Argentina expresó nuevamente su “profunda preocupación” por los cambios incluidos en la iniciativa.
La entidad presidida por Andrea Sarnari sostuvo que aprobar la reforma sería “un grave error” por sus posibles consecuencias sobre la soberanía nacional y la seguridad.
Para la organización, la eliminación de los topes nacionales podría facilitar una mayor concentración de tierras rurales y dejar decisiones estratégicas sujetas a los criterios individuales de cada jurisdicción.
“El proyecto elimina esos límites y deja la potestad de rechazar las operaciones en manos de las provincias o el Gobierno nacional”, advirtió la entidad.
Federación Agraria también objetó los cambios relacionados con la adquisición de inmuebles rurales en áreas fronterizas y en establecimientos que contienen fuentes o cursos de agua.
Según la organización, el debate no involucra únicamente la titularidad de la tierra, sino también el control de recursos naturales considerados estratégicos.
La discusión por la soberanía y el agua
La reforma generó cuestionamientos dentro y fuera del Congreso por el alcance que podrían tener las facultades otorgadas a las provincias.
Los sectores críticos consideran que eliminar una regulación nacional uniforme podría producir diferencias importantes entre jurisdicciones y habilitar compras sin restricciones en provincias que decidan no establecer límites propios.
También advierten que la discusión debe contemplar la ubicación de los campos y los recursos existentes dentro de cada propiedad, especialmente cuando se trata de acuíferos, lagos, ríos, minerales, áreas productivas o zonas próximas a las fronteras.
El Gobierno, por su parte, impulsa la flexibilización con el argumento de atraer inversiones y otorgar mayor autonomía a las provincias para decidir sobre la utilización y comercialización de sus territorios. El proyecto continúa sin contar con los votos suficientes para su aprobación.
Una ley que continúa vigente
El Gobierno nacional ya había intentado derogar la Ley de Tierras mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
Sin embargo, la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional esa derogación en marzo de 2024 y el expediente fue elevado a la Corte Suprema de Justicia. Mientras no exista una resolución definitiva, la Ley 26.737 y sus límites continúan vigentes.
Federación Agraria recordó que acompañó la sanción de la norma en 2011 porque consideró que servía para limitar la concentración, proteger el arraigo rural y evitar que productores argentinos compitieran en condiciones desiguales con grandes compañías respaldadas por capitales extranjeros.
La entidad solicitó ahora a los senadores que rechacen los cambios y mantengan un marco nacional de protección para las tierras rurales.
El debate seguirá abierto hasta el próximo 6 de agosto, cuando el Senado deberá retomar el tratamiento del proyecto. Hasta entonces, el oficialismo buscará sumar apoyos, mientras las entidades y sectores que cuestionan la reforma intentarán evitar que se eliminen los límites establecidos por la legislación vigente.
