Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expresó este viernes su preocupación por el proyecto de ley que incorpora la figura de “ecocidio” al Código Penal argentino, una iniciativa que obtuvo dictamen favorable en junio en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado y que sería tratada en la próxima sesión, al considerar que, tal como fue dictaminada, pone en riesgo la seguridad jurídica y el estado de derecho.
En un comunicado, la entidad remarcó que la protección del ambiente constituye un objetivo irrenunciable y un compromiso de toda la sociedad, pero sostuvo que ese propósito no puede utilizarse como fundamento para impulsar normas penales imprecisas, técnicamente deficientes y potencialmente incompatibles con la Constitución Nacional. Según CRA, el Congreso tiene la responsabilidad de legislar con rigor jurídico y no bajo consignas que, lejos de fortalecer la protección ambiental, generen incertidumbre, discrecionalidad y conflictos judiciales.
“No existe un vacío legal en materia ambiental”
La entidad rechazó de manera puntual uno de los argumentos que suele esgrimirse a favor de este tipo de proyectos: la idea de que existe un vacío legal en materia ambiental. Según remarcó, Argentina ya cuenta con un amplio entramado normativo integrado por la Ley General del Ambiente, la Ley de Residuos Peligrosos y numerosas leyes provinciales que prevén mecanismos de prevención, reparación y sanción frente a los daños ambientales. Para CRA, el verdadero desafío no pasa por crear nuevos delitos con definiciones ambiguas, sino por hacer cumplir de manera eficaz la legislación ya vigente.
Conceptos considerados imprecisos
Uno de los principales cuestionamientos de la entidad apunta a la redacción del proyecto, que incorpora conceptos como “daño ambiental irreversible”, “equidad intergeneracional” o “afectación multiecosistémica”, sin parámetros objetivos que permitan conocer con precisión qué conductas serían consideradas delito. Según CRA, esa indeterminación vulnera el principio de legalidad consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional y debilita una garantía esencial de los ciudadanos: la previsibilidad frente al poder punitivo del Estado.
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A esto se suma, según la entidad, que la iniciativa configuraría una ley penal en blanco, al remitir la definición del delito a normas nacionales, provinciales o incluso municipales. Eso implicaría que una misma conducta podría ser considerada delito en una jurisdicción y no en otra, lo que afectaría la igualdad ante la ley y comprometería la uniformidad que debería caracterizar al derecho penal argentino.
Preocupación por la amplitud de las penas
CRA también expresó preocupación por la amplitud de las penas previstas en el proyecto y por la posibilidad de que productores, empresas, trabajadores, funcionarios y responsables técnicos sean sometidos a procesos penales por decisiones adoptadas dentro del marco de actividades lícitas y reguladas. Según la entidad, la amenaza de sanciones desproporcionadas podría paralizar inversiones, desalentar la producción y promover una judicialización permanente de la actividad económica.
La confederación remarcó que el sector agropecuario desarrolla su actividad bajo normas ambientales nacionales, provinciales y municipales, cumple con controles y permisos específicos y realiza inversiones permanentes para mejorar sus prácticas productivas, por lo que consideró que no puede ser colocado bajo sospecha mediante una figura penal que no distingue adecuadamente entre una conducta deliberadamente dañosa y una actividad productiva desarrollada conforme a la normativa vigente.
Un alcance que iría más allá del campo
Según advirtió CRA, el proyecto no afectaría solamente al sector agropecuario, sino que su alcance podría extenderse también a la industria, la minería, la energía, la infraestructura, el transporte y cualquier actividad que utilice recursos naturales o intervenga sobre el territorio. La entidad sostuvo que la falta de precisión normativa abre la puerta a interpretaciones arbitrarias, denuncias infundadas y decisiones judiciales contradictorias.
CRA solicitó a los legisladores que analicen el proyecto con responsabilidad institucional, rigor técnico y pleno respeto por los principios constitucionales, y remarcó que la defensa del ambiente debe ser compatible con la seguridad jurídica, el federalismo, el derecho de propiedad, la libertad de trabajo y el desarrollo productivo. Según concluyó la entidad, el proyecto de ley de ecocidio, tal como fue dictaminado, debería ser revisado integralmente antes de avanzar en el recinto.
