La gobernación de Santa Fe salió a aclarar los alcances de su propuesta para financiar obras viales en los accesos a los puertos del Gran Rosario: un fideicomiso alimentado con un aporte de U$S 1,5 por cada tonelada ingresada, que reemplazaría las tasas municipales actuales y que, según el gobierno provincial, no debería trasladarse a los productores sino ser absorbido por las empresas exportadoras.
Qué propone la Provincia y por qué generó rechazo
La iniciativa surgió ante el deterioro crónico de los caminos que conectan la región productiva con los puertos del Gran Rosario, por donde circulan más de 5.000 camiones por día. La propuesta de crear un fideicomiso financiado con U$S 1,5 por tonelada generó rechazo inmediato de la Sociedad Rural Argentina y la Sociedad Rural de Rosario, que la interpretaron como un costo adicional para el sector productivo en un contexto de alta presión impositiva.
La aclaración de la Provincia: sin impacto en el productor
Desde la gobernación buscaron despejar las dudas. Cunha explicó que el aporte debería ser absorbido por las exportadoras —que están exentas de Ingresos Brutos en Santa Fe y no pagan ningún impuesto provincial— y no trasladado a los productores. Además, subrayó que el mecanismo implicaría la eliminación de las tasas que hoy cobran los municipios, muchas veces cuestionadas por no tener contraprestación real en el estado de los caminos.
“El tema es que esto lo están pagando todos los santafesinos, y lo que planteamos a las exportadoras es que deberían pagarlo ellas de alguna manera, porque al fin y al cabo son las que necesitan esa mercadería”, sostuvo el funcionario.
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Un fideicomiso privado, no estatal
Otro punto central del esquema es que los fondos no irían a Rentas Generales ni serían administrados por el Estado. La figura propuesta es público-privada, con participación de dadores de carga, transportistas y municipios en la decisión sobre qué obras ejecutar. “Que el sector privado administre sus propios fondos”, resumió Cunha.
Por ahora, la iniciativa está en fase de consulta: ya hubo dos reuniones, una con CIARA-CEC, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Bolsa de Comercio de Rosario, y otra con los municipios del corredor portuario. Un tercer encuentro con entidades del campo, acopios y transportistas está previsto próximamente. De aprobarse, el mecanismo no entraría en vigencia antes del segundo semestre de 2027.
El trasfondo: hidrovía, más camiones y rutas sin inversión
Cunha advirtió que el problema de fondo es estructural: si el nuevo dragado de la hidrovía avanza y permite el ingreso de buques Panamax —que requieren unos 2.400 camiones por barco—, el flujo podría llegar a 2,5 o 3 millones de camiones por año, y la infraestructura actual no está en condiciones de soportarlo.
Para la gobernación santafesina, la solución de fondo pasa por dos ejes: la eliminación de las retenciones y una distribución más equitativa del Impuesto a los Combustibles por parte de la Nación. “Acá no pasan los camiones solo de una provincia, acá vienen de todo el país”, cerró Cunha, al tiempo que insistió en que la lógica del mercado llevará a que las exportadoras absorban el costo cuando necesiten más carga para cumplir sus contratos comerciales.
