Productores ganaderos de la localidad de Bovril, en el departamento de La Paz, al norte de Entre Ríos, denuncian una multiplicación de faenas clandestinas de hacienda que, según Federación Agraria Argentina (FAA), convirtió a la zona en un territorio “liberado” al abigeato. El caso que visibilizó la situación es el de Álvaro Prevero, un criador oriundo de Córdoba que en menos de un mes perdió 6 vacas y 3 terneros —valuados en al menos 15 millones de pesos— de un rodeo de 80 madres, mientras entre los vecinos de la zona ya contabilizan cerca de 20 animales faenados en pocos días, además de robos en viviendas alejadas del ejido urbano.
Prevero, que junto a su hermana explota un campo en la zona de monte desde hace seis años, relató a Bichos de Campo el inicio de la seguidilla de hechos: durante un temporal de agosto que se extendió unos diez días, encontró las dos primeras vacas muertas, cada una con un disparo. Con los días, empezó a aparecer un animal faenado tras otro, con un modus operandi que describió con crudeza: a los animales les extraen vísceras, cabeza, manos y patas, y cargan el resto de la res como si fuera una pieza de caza mayor.
Según el productor, la principal traba para frenar los hechos no fue solo la reiteración de los robos, sino la demora de la Justicia en autorizar allanamientos mientras los casos se acumulaban. Prevero afirmó que recién after múltiples llamados a las autoridades policiales y al fiscal se logró destrabar el permiso para allanar, un día después de haber contabilizado, según sus cálculos, unos 18 animales perdidos entre él y otros vecinos en el lapso de 30 días. La causa quedó radicada ante el fiscal Facundo Barbosa, de la Unidad Fiscal de La Paz.
Los vecinos de la zona sostienen que las autoridades locales conocen la identidad de quienes cometen los hechos, pero que las detenciones recaen únicamente sobre intermediarios menores de la cadena de venta ilegal. Según relató Prevero, la Policía detuvo recientemente a un joven por venta ilegal de carne —identificado a partir de una publicación en Facebook—, pero remarcó que esa persona no formaba parte de quienes ingresan a los campos a faenar los animales, ya que la carne no llega a carnicerías sino que se comercializa puerta a puerta en casas particulares.
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Marcelo Schneider, representante de Federación Agraria Argentina en la zona, apuntó a un clima de temor entre las autoridades locales frente a lo que definió como una estructura delictiva de peso, y cuestionó que la mercadería pueda circular sin control pese a la cercanía con la capital provincial, a unos 120 kilómetros de distancia, atravesando puestos camineros. Schneider describió a Bovril como una zona de productores chicos, con explotaciones de entre 50 y 100 hectáreas, donde el temor a denunciar convive hoy con el hecho de que buena parte de los vecinos optó por armarse ante la inseguridad, en un contexto que también incluyó saqueos a viviendas rurales.
A la demora judicial, los productores suman un reclamo sobre la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad locales. Prevero relató el caso de un vecino que, al recorrer su campo, se cruzó con dos personas armadas dentro del predio; pese a dar aviso inmediato a la brigada rural, los sospechosos lograron esconderse en el monte hasta la noche. Según el productor, cuando consultó por la disponibilidad de visores infrarrojos para este tipo de operativos, le informaron que el equipamiento existente está obsoleto, y remarcó la necesidad de contar con visores o drones térmicos para mejorar la respuesta ante casos similares.
Ante el agravamiento de la situación, un grupo de concejales de la zona envió una carta al jefe de la Policía de Entre Ríos, comisario Claudio González, solicitando formalmente su intervención urgente.
Desde Federación Agraria Argentina confirmaron que ya elevaron la situación ante la gobernación de Entre Ríos y adelantaron que, de no obtener una respuesta, llevarán el reclamo a instancias nacionales. Para Prevero, la angustia por la incertidumbre económica se combina con la vulnerabilidad frente al delito: “Yo puedo reponer a los animales, pero si no los termino de pagar y me aparecen faenados… Vivimos de esto”, resumió el productor, en una definición que sintetiza el reclamo de fondo de los ganaderos de la zona: no solo mayor presencia policial, sino una respuesta judicial que no llegue, según denuncian, después de que el daño ya esté hecho.
