La Bolsa de Cereales de Córdoba pidió que el Congreso no demore la nueva ley de biocombustibles

Producción de biocombustibles en Argentina a partir de soja y maíz, con planta industrial, materias primas agrícolas y combustible procesado.
La Bolsa de Cereales de Córdoba emitió un comunicado este viernes para pedir al Congreso que avance con el nuevo marco regulatorio de biocombustibles, después de que el proyecto no llegara al recinto el jueves anterior por falta de acuerdos políticos de La Libertad Avanza para convocar a una sesión. El pedido se suma al de otras entidades del agro cordobés, como la regional Córdoba de Coninagro, en un contexto en el que ya existe un dictamen acordado y se espera que el debate en el recinto se retome la semana próxima, junto con otro proyecto clave para el sector: la regulación del mercado de carbono.

Que el pedido llegue desde Córdoba no es un dato menor: la provincia es la mayor productora de bioetanol del país, con las tres plantas más grandes dedicadas al procesamiento de maíz para ese fin, y concentra el 52% de la producción nacional del biocombustible. En su comunicado, la Bolsa de Cereales cordobesa expresó su acompañamiento a un nuevo marco regulatorio que otorgue previsibilidad, impulse mayores niveles de utilización de energías renovables, promueva inversiones y fortalezca el agregado de valor de la producción agroindustrial. La entidad remarcó además que el incremento progresivo de los cortes obligatorios, la incorporación de nuevos productos y mercados, y la posibilidad de que las provincias legislen sobre usos según las potencialidades de sus territorios constituyen una oportunidad estratégica para la transición energética.

Para entender el contenido concreto de la reforma y sus implicancias productivas, Infocampo dialogó con Manuel Ron, director de Bio 4, la primera fábrica de bioetanol de maíz que tuvo el país, ubicada en Río Cuarto. Ron trazó un diagnóstico crítico sobre el marco vigente: sostuvo que la Ley 27.640, que reemplazó a la normativa de 2006, terminó regulando de más al sector y generó un fuerte atraso competitivo frente a Brasil. Según graficó, en 2014 Argentina y Brasil tenían una situación equivalente en plantas de etanol de maíz —cinco y una, respectivamente—, pero mientras el país vecino hoy cuenta con 25 plantas activas y 20 en construcción, Argentina se mantuvo estancada en las mismas cinco.


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El cambio más relevante que introduciría la nueva ley, según Ron, es la desregulación de los precios: el valor del bioetanol dejaría de fijarlo un funcionario mes a mes —mecanismo que hoy genera incertidumbre a los inversores y que, según explicó, ni siquiera se aplica correctamente en contextos inflacionarios— para pasar a determinarse por oferta y demanda. A esto se suma el incremento del corte obligatorio de bioetanol en las naftas, que subiría del actual 12% al 15%, un salto que Ron aclaró no requeriría nuevas inversiones inmediatas porque la capacidad instalada en Córdoba ya permite abastecerlo.

El cambio que definió como más disruptivo, sin embargo, es la apertura del llamado “quinto surtidor”: la posibilidad de vender etanol puro en las estaciones de servicio, siguiendo el modelo del sistema auto-flex que ya funciona en Brasil, donde el consumidor puede elegir entre nafta con un corte elevado (cercano al 32%) o etanol puro. Ron destacó que la tecnología flex no exige grandes modificaciones mecánicas y que en Córdoba ya se fabrican y exportan vehículos de ese tipo hacia el mercado brasileño.

Más allá del debate legislativo, Ron ubicó al bioetanol dentro de un esquema de demanda creciente que excede al corte en naftas: mencionó el desarrollo de tractores que funcionan a etanol, motores navales adaptados y, en particular, la producción de Combustible de Aviación Sostenible (SAF), materia prima que las aerolíneas buscan a nivel global para descarbonizar sus operaciones. Según explicó, el etanol permite reducir hasta un 70% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto de los combustibles fósiles.

El directivo de Bio 4 también planteó el negocio del bioetanol como parte de una estrategia más amplia de valor agregado en origen: en lugar de exportar maíz sin procesar, transformarlo en etanol permite generar además “burlanda” como coproducto, un insumo de alto valor nutricional que potencia el desarrollo de feedlots y clusters ganaderos en las provincias productoras, alejadas de los puertos. Ese esquema, señaló, se completa con la producción de biogás a partir del estiércol generado en los feedlots y el uso del digestato resultante como biofertilizante, cerrando un círculo de economía circular que mantiene los nutrientes dentro de la provincia.

Para el sector del bioetanol, el consenso en torno a la nueva ley es amplio: según Ron, incluye tanto a la industria petrolera como a las automotrices nucleadas en ADEFA. Las diferencias persisten, en cambio, en el segmento del biodiésel, donde la disparidad de tamaño entre empresas genera posiciones encontradas sobre el nuevo esquema. Con el dictamen ya acordado y la expectativa de que el proyecto llegue al recinto la semana próxima junto con la ley de mercado de carbono, el reclamo del agro cordobés apunta a evitar que la discusión política termine postergando, una vez más, una reforma que la industria describe como una oportunidad estratégica para el país.

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