La Justicia de Santiago del Estero frustró el fin de semana el robo de 425 toneladas de maíz valuadas en más de $223 millones , en el campo “Las Víboras”, paraje La Nena, Los Juríes, en el marco de una violenta disputa por la tenencia de la tierra que había escalado hasta el uso de armas de fuego.
El episodio tuvo como protagonista al empresario santafesino Gustavo Ricardo Fain, arrendatario desde 2008 del campo de 221 hectáreas en representación de la firma Fain Hnos. S.A., de Villa Minetti (Santa Fe). Según su denuncia, al intentar levantar la cosecha de maíz se topó con un grupo de personas que habría usurpado la propiedad e impedía el retiro del grano.
De acuerdo con la presentación realizada ante la Fiscalía de Añatuya —por los delitos de usurpación y amenazas calificadas por el uso de armas—, los presuntos usurpadores planeaban ingresar una cosechadora ese fin de semana para realizar una “trilla clandestina”, aprovechando que no había actividad judicial, con el objetivo de hacer desaparecer el grano trasladándolo hacia la provincia de Santa Fe.
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Ante la gravedad de la situación, la jueza de Control y Garantías Ana María González Ruiz dictó una medida cautelar genérica y ordenó un allanamiento con un fin específico: levantar, recolectar y transportar la cosecha bajo custodia. El operativo contó con el acompañamiento de la Policía Departamental 13 y el Cuerpo de Guardia de Infantería, que desalojaron a dos serenos apostados en el lugar.
Para completar la tarea se desplegaron tres trilladoras, tres tractores con tolvas y doce camiones de 28 toneladas cada uno, que trabajaron sobre 90 hectáreas del campo. Antes de las 15 horas, los camiones ya habían llegado a Villa Minetti con la totalidad de la cosecha, distribuida en las instalaciones de la empresa de los Fain.
El conflicto había escalado en los días previos hasta el empleo de armas de fuego, según había alertado el propio Fain. Durante el desalojo, dos hombres armados que permanecían en el predio se rindieron ante el amplio despliegue policial.
El trasfondo del conflicto radica en la validez de la documentación que exhibe cada parte: mientras Fain sostiene ser el arrendatario legal del campo, el grupo desalojado asegura contar también con respaldo documental —incluso escrituras— sobre la propiedad. La causa, caratulada bajo el legajo 3130/226 y con Agustín Isabelino Vivas como denunciado, ahora deberá resolverse en los tribunales de Añatuya, donde ambas partes buscarán acreditar sus derechos sobre la tierra.
