El programa de retiros voluntarios del INTA cerró con 905 adhesiones, un 15,7% de la dotación total y por debajo de la meta de 1200 que buscaba el Gobierno. Pero surgió una controversia: los trabajadores con años de planta no permanente no habrían sido informados de que debían dejar expresamente asentado ese reclamo en el formulario de adhesión para poder cobrar esa antigüedad.
El programa, enmarcado en el proceso de ajuste del organismo, ofrecía una gratificación extraordinaria de 1,5 salarios por cada año de servicio. El costo total estimado asciende a 101.717 millones de pesos, financiados por el Ministerio de Economía. Sin embargo, ese financiamiento cubre exclusivamente la antigüedad reconocida como personal permanente. Los períodos trabajados como planta no permanente quedaron fuera del esquema principal y debían canalizarse mediante una observación escrita en la casilla de comentarios del formulario de adhesión.
El problema: según trabajadores y representantes gremiales consultados, durante las capacitaciones virtuales nunca se explicó claramente que ese reclamo debía quedar expresamente asentado en ese campo del formulario. El instructivo enviado por el organismo tampoco lo detallaba. Como resultado, fueron muy pocos los agentes que dejaron constancia formal de su intención de cobrar los años correspondientes a la planta no permanente.
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Desde las fuentes oficiales respondieron que ese pago “no estaba previsto” dentro de las condiciones del programa. Sin embargo, en las conversaciones internas se analizaba la posibilidad de que la Fundación ArgenINTA aportara un fondo cercano a los 2000 millones de pesos para cubrir esos casos.
Este viernes, los 905 adherentes comenzaron a recibir comunicaciones de la Coordinación Nacional de Recursos Humanos con el estado de sus trámites. Según pudo reconstruirse, 377 agentes ya recibieron la aprobación de su retiro, mientras que el resto quedó sujeto a análisis particular por parte del Consejo Directivo, incluyendo todos los casos relacionados con la planta no permanente. Quienes resulten aceptados cesarán su relación laboral el 15 de junio y cobrarán en una única cuota dentro de los 30 días posteriores. No podrán reingresar a la administración pública nacional durante cinco años.
Las compensaciones varían según la antigüedad: hay casos de 100 millones de pesos por agente, y el monto más elevado reconocido hasta ahora alcanzaría aproximadamente los 240 millones, correspondientes a trabajadores con décadas de trayectoria en el organismo.
El INTA tenía 5750 trabajadores activos a principios de año y el plan oficial apuntaba a reducir la dotación a 4500. Con 905 adhesiones, el recorte quedó por debajo del objetivo del Gobierno. La controversia en torno a los años de planta no permanente agrega un nuevo frente de tensión en un proceso de ajuste que el organismo todavía no terminó de cerrar.
