Un estudio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) que sistematizó 55 investigaciones a escala global determinó que los cultivos de cobertura reducen en promedio un 83% la biomasa de malezas y aumentan un 48% el carbono orgánico del suelo, en un contexto donde la resistencia de las malezas a los herbicidas crece campaña tras campaña. El trabajo, publicado en la revista científica Weed Science, ofrece una alternativa basada en evidencia frente a un modelo agrícola que durante décadas respondió al enmalezamiento con más aplicaciones químicas.
Los cultivos de cobertura consisten en sembrar un “tapiz verde” —generalmente una mezcla de gramíneas y leguminosas— entre campaña y campaña productiva, con el objetivo de proteger el suelo y frenar el desarrollo de malezas. La práctica venía ganando terreno entre productores como alternativa a la presión química, pero hasta ahora no existía una revisión sistemática que confirmara su efectividad a escala global.
El estudio, liderado por Cristian Malavert, docente de Cultivos Industriales de la FAUBA, analizó investigaciones publicadas entre 2000 —año en que aparecieron los primeros casos de resistencia a herbicidas en malezas— y 2024, en las principales regiones agrícolas del mundo, incluida la Argentina. Según explicó Malavert, la reducción de malezas se explica porque los cultivos de cobertura modifican el ambiente que las semillas necesitan para germinar, al bloquear la luz y estabilizar la temperatura del suelo, un efecto que se observa desde el primer año de implementación.
El beneficio sobre la fertilidad del suelo, en cambio, es un proceso más gradual: el aumento del carbono orgánico recién se manifiesta a partir del tercer año, a medida que hongos y bacterias descomponen las hojas y raíces que aporta la práctica. Cuantas más campañas consecutivas se implanten estos cultivos, mayor es el beneficio acumulado para el lote, según precisó el investigador.
El trabajo también puso números al balance económico de la práctica. A nivel global, el costo promedio de implantar un cultivo de cobertura ronda los 150 dólares por hectárea, entre semillas, siembra y terminación química o mecánica. A cambio, el productor ahorra en promedio 90 dólares por hectárea en herbicidas y fertilizantes, 60 dólares en aplicaciones y manejo de malezas, y 25 dólares adicionales por la mejora progresiva del suelo, lo que arroja un balance neto positivo desde el inicio de la práctica.
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En el caso argentino, los costos se ubican en un rango similar al promedio mundial: de 70 a 180 dólares por hectárea, según la especie utilizada y la disponibilidad de maquinaria propia. Sembrar centeno cuesta entre 70 y 120 dólares por hectárea; la vicia, entre 120 y 180 dólares, y la combinación de ambas especies resulta la opción más cara. Sin embargo, según Malavert, es justamente esa mezcla —centeno y vicia— la que genera mayor retorno, al producir más biomasa, aportar más materia orgánica y fijar nitrógeno atmosférico, lo que reduce la necesidad de fertilizantes sintéticos. En esos casos, los ingresos pueden superar los 150 dólares por hectárea, un nivel que hace que la práctica “se pague sola”.
El especialista remarcó que el beneficio de los cultivos de cobertura se amplifica en lotes con presencia de malezas muy resistentes, como Amaranthus, Echinochloa y Conyza, tres de las especies más problemáticas en la actualidad. En esos casos, el control químico se encarece por la necesidad de más aplicaciones y mezclas complejas de productos, lo que vuelve todavía más conveniente la alternativa de la cobertura vegetal.
Para Malavert, el aporte central del estudio va más allá de una nueva herramienta agronómica: se trata de un cambio en las reglas del juego ecológico, que vuelve al sistema menos favorable para que las malezas expresen todo su potencial. En la Argentina, sostuvo, muchos productores ya incorporaron los cultivos de cobertura como herramienta estratégica dentro del manejo integrado de malezas.
“Ya tenemos los números globales. Ahora hay que llevarlos al terreno, lote por lote, región por región”, concluyó el investigador, quien planteó la necesidad de una mayor integración entre universidades, empresas, el INTA y asociaciones como AAPRESID para consolidar redes de experimentos que muestren resultados concretos en distintas zonas y sistemas productivos.
