El Gobierno de Entre Ríos anunció que avanzará con intimaciones a los responsables de un terraplén ubicado en el departamento Gualeguay, luego de detectar irregularidades que, según las autoridades provinciales, interrumpen el escurrimiento natural del arroyo Viraguay. La obra protege una superficie superior a las 40.000 hectáreas vinculadas a Estancias del Ibicuy, pero sus modificaciones hidráulicas afectarían a campos vecinos en una zona de más de 100.000 hectáreas. La Fiscalía de Estado exigirá el cumplimiento de las medidas ordenadas por el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa), en el marco de la Ley de Aguas Nº 9172.
Entre Ríos detectó irregularidades en un terraplén que interrumpe el arroyo Viraguay
El Gobierno de Entre Ríos avanzará con actuaciones administrativas para exigir adecuaciones en una obra hidráulica privada ubicada en el departamento Gualeguay.
La intervención está relacionada con un terraplén que, según la evaluación de las autoridades provinciales, bloquea el curso del arroyo Viraguay y modifica el escurrimiento natural del agua hacia campos vecinos.
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, constató la situación durante un sobrevuelo por la zona ubicada frente a Puerto Ruiz, en las proximidades de la confluencia de los ríos Gualeguay y Paraná Ibicuy.
De acuerdo con la información oficial suministrada, la estructura fue construida para proteger de inundaciones a un establecimiento agropecuario de gran superficie.
Sin embargo, la Provincia sostiene que las modificaciones del sistema de drenaje generan consecuencias ambientales y productivas sobre otros establecimientos rurales.
La situación adquiere especial relevancia ante la posibilidad de nuevas crecidas en la cuenca del río Gualeguay.
El terraplén protege más de 40.000 hectáreas de Estancias del Ibicuy
Según los datos difundidos por las autoridades provinciales, la obra rodea una superficie superior a las 40.000 hectáreas pertenecientes a Estancias del Ibicuy, firma vinculada al empresario Pedro Pou.
La finalidad del terraplén es evitar el ingreso del agua a los terrenos protegidos durante períodos de crecida.
No obstante, la intervención sobre los cursos naturales puede modificar el comportamiento del agua en otras áreas del sistema hídrico.
En este caso, la Fiscalía de Estado cuestiona que la estructura interrumpe el escurrimiento del arroyo Viraguay y perjudica a establecimientos vecinos.
La controversia plantea un conflicto entre la protección de una explotación agropecuaria y la necesidad de mantener la circulación del agua dentro de una cuenca compartida.
Más de 100.000 hectáreas bajo la influencia del conflicto hídrico
Uno de los aspectos centrales de la intervención provincial es la extensión del área potencialmente afectada.
De acuerdo con la información atribuida a la Fiscalía de Estado, las alteraciones producidas por el terraplén tendrían consecuencias ambientales y económicas en una zona que supera las 100.000 hectáreas del departamento Gualeguay.
La cifra corresponde al área señalada por las autoridades y no implica que toda esa superficie se encuentre actualmente inundada.
El problema está relacionado con las modificaciones que la obra introduce en el sistema natural de drenaje.
Cuando el agua encuentra obstáculos en su recorrido, pueden generarse cambios en las áreas de acumulación, los tiempos de escurrimiento y las condiciones de anegamiento.
En zonas agropecuarias, estos cambios pueden complicar el aprovechamiento de los terrenos y el desarrollo de las actividades productivas.
La preocupación oficial se concentra en evitar que una obra destinada a proteger determinados campos termine trasladando los problemas hídricos hacia propiedades vecinas.
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Corufa ya había ordenado realizar cortes para restablecer el escurrimiento
El conflicto cuenta con antecedentes de intervención administrativa.
Según la información oficial, el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa) había formulado observaciones sobre la obra y dispuesto medidas destinadas a recuperar la circulación del agua.
Entre esas exigencias figura la realización de cortes en sectores determinados del terraplén, con el objetivo de permitir que el arroyo Viraguay restablezca su flujo.
Las autoridades sostienen que los responsables de la estructura no cumplieron con las adecuaciones indicadas.
Esta situación motivó la decisión de avanzar con nuevas intimaciones para exigir el cumplimiento de las disposiciones vigentes.
El material difundido no precisa las dimensiones de los cortes requeridos, el plazo otorgado originalmente ni la existencia de recursos administrativos o judiciales interpuestos por los propietarios.
Qué establece la Ley de Aguas Nº 9172 de Entre Ríos
La actuación provincial se enmarca en la Ley de Aguas Nº 9172, que regula el uso, aprovechamiento y conservación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos en Entre Ríos.
La normativa establece condiciones para las intervenciones relacionadas con el agua, incluidas las obras hidráulicas vinculadas con actividades económicas y productivas.
Su aplicación busca compatibilizar los diferentes usos del recurso y evitar perjuicios derivados de modificaciones en el funcionamiento de los sistemas hídricos.
Dentro de ese marco, Corufa es el organismo provincial encargado de regular, fiscalizar y establecer condiciones técnicas para las intervenciones sobre los recursos hídricos.
Cuando se identifican irregularidades, la autoridad puede exigir adecuaciones conforme a las atribuciones previstas en la legislación.
En el caso del arroyo Viraguay, la Provincia pretende que la estructura se ajuste a las disposiciones que regulan el escurrimiento del agua.
El riesgo de nuevas inundaciones aumenta la preocupación en Gualeguay
La intervención adquiere particular importancia ante el riesgo de nuevas inundaciones en la cuenca del río Gualeguay.
En territorios con cursos de agua, bañados y terrenos bajos, las condiciones de escurrimiento son determinantes para el comportamiento de las crecidas.
La interrupción de un arroyo puede modificar la distribución del agua y agravar problemas de anegamiento en determinados sectores, dependiendo de las características hidráulicas de la zona.
Por ese motivo, las autoridades provinciales consideran necesario restablecer las condiciones de drenaje afectadas por la obra.
La actuación busca reducir los perjuicios atribuidos al terraplén y evitar que la estructura incremente los problemas hídricos de los establecimientos vecinos.
La Fiscalía de Estado avanzará con intimaciones a los responsables
Tras la constatación realizada en la zona, la Fiscalía de Estado de Entre Ríos impulsará las actuaciones necesarias para exigir el cumplimiento de las medidas ordenadas por Corufa.
El procedimiento estará dirigido a los responsables de la obra cuestionada.
La finalidad es lograr que se realicen las adecuaciones necesarias para restablecer el escurrimiento del arroyo Viraguay y ajustar la infraestructura a la normativa provincial.
La información disponible no confirma que las obras correctivas hayan comenzado ni que exista una resolución judicial definitiva sobre el conflicto.
Tampoco incluye declaraciones de los responsables del establecimiento respecto de los cuestionamientos formulados por la Provincia.
Un conflicto entre la protección de los campos y el escurrimiento natural del agua
La situación del arroyo Viraguay vuelve a poner en discusión los efectos de las obras privadas de defensa contra inundaciones en áreas agropecuarias.
Los terraplenes pueden contribuir a proteger tierras productivas durante períodos de crecida, pero su diseño y funcionamiento deben considerar el comportamiento del agua en el conjunto del territorio.
En Gualeguay, la Provincia cuestiona una estructura que protege más de 40.000 hectáreas y que, según su evaluación, provoca alteraciones hídricas con consecuencias sobre campos vecinos.
La intervención de la Fiscalía de Estado buscará que los responsables cumplan las medidas técnicas previamente ordenadas por Corufa.
El próximo paso será determinar si las intimaciones permiten concretar las adecuaciones exigidas y restablecer el escurrimiento del arroyo Viraguay, en una zona donde la actividad agropecuaria depende directamente del funcionamiento del sistema hídrico.
