Por investigar la muerte de un productor, amenazan a tres jueces

Tres jueces y una periodista fueron amenazados de muerte por intervenir en la investigación del crimen de un estanciero que tenía una fortuna que supera los 30 millones de dólares. El crimen ocurrió hace casi una década y no hay detenidos.

La noche en que lo mataron, Ramón Atilio Güenaga, tenía 80 años. En la madrugada del 17 de agosto de 2011 tres hombres entraron a su estancia Flor de María -ubicada a las afueras de la ciudad de Curuzú Cuatiá, al Sur de la Provincia de Corrientes- y mientras dormía lo mataron a golpes en la cabeza, con un palo.

Su esposa Isabel Farinon, actualmente de 77 años, también fue atacada por los maleantes. Estos la obligaron a contar dónde el hombre guardaba el dinero que obtenía de su actividad como ruralista. La mujer también fue atacada a golpes y estuvo tres meses en terapia intensiva. No murió, pero tampoco vio a los atacantes.

Los ladrones esa noche se llevaron una caja fuerte en la que había 150.000 pesos que Güenaga recibió el día anterior por la venta de algunas vacas. El ataque fue en la casa del matrimonio, en un campo distante a unos 80 kilómetros del pueblo más cercano.

Nunca iban al pueblo. Los funcionarios judiciales sostienen que el matrimonio era propietario de campos y ganados, valuados en 40.000.000 de dólares, pero que tenían una vida austera y de muy bajo perfil, pese a que un sobrino llegó a ser dirigente de la Sociedad Rural Argentina.

En la casa también vivía con ellos un hijo que quien padece una disminución mental y fue declarado insano. También tiene problemas de movilidad. Pero pese a ello, el hombre discapacitado tuvo una relación con Alejandra Flores, la mujer que lo cuidaba y ambos fueron a vivir a otra casa y tuvieron una hija. La chica tiene 20 años y fue bautizada como Ludmila Güenaga.

La hipótesis que se manejó en 2011 es que Gabriel Canteros, un capataz del campo, y mano derecha de Güenaga, había participado del robo. El empleado además tenía una relación a escondidas con Alejandra Flores, nuera del longevo hombre asesinado.

La sospecha fue que ambos cavilaron el ataque con el fin de dar muerte a los ancianos y así lograr que la herencia millonaria pase a su único hijo.

Heredado éste, sólo sería una cuestión de tiempo y burocracia el hecho que la esposa legal, Flores, administre la fortuna y que su hija también herede parte de la riqueza de sus abuelos.

Pero el plan salió mal. Aunque no del todo, porque aún no se define la división de bienes.

Entre agosto y septiembre de 2011, en el marco de la investigación por la muerte del longevo ruralista, la Justicia ordenó allanamientos -los efectuaron efectivos de la PFA- en la casa de Alejandra Flores y de Gabriel Canteros.

En estas incursiones se comprobó el vínculo afectivo y furtivo entre ambos, pero no pudieron vincular a la mujer con el crimen y sólo fue llamada como testigo.

En tanto, Gabriel Canteros fue imputado por el homicidio, fue llevado a juicio en 2015, pero en ese proceso no se pudo establecer quiénes lo ayudaron a perpetrar el ataque y, sobre todo, a mover la caja fuerte de 150 kilos donde estaba el dinero y que fue hallada vacía en el campo de la víctima.

En ese debate Canteros fue declarado inocente. Los jueces del Tribunal Oral Penal de Mercedes consideraron que no existían elementos suficientes y por eso, fue sobreseído y liberado. Así, la causa por homicidio de Atilio Güenaga y el ataque a golpes a su esposa, quedó estancada.

Sin embargo, avanzaron los trámites por el juicio sucesorio. En este contexto, la jueza interviniente dispuso que Farinón, como espoca del fallecido, reciba la mitad de todas las posesiones y la facultó a supervisar el manejo de los bienes heredados por su hijo, con la asistencia de un curador.

Tras esto, la nuera, Alejandra Flores y su hija reclamaron su parte, basadas en que el padre de la muchacha era incapaz de administrar su fortuna.

Amenazas de muerte

Los trámites de herencia de desarrollan desde hace casi una década. En ese contexto la Justicia tomó varias resoluciones, entre ellas la de desautorizar el manejo de bienes a la nuera y a la nieta del fallecido Güenaga.

Para que tengan validez estas resoluciones -y otras atenientes al juicio sucesorio- deben publicarse en edictos. Llamativamente, en la primera semana de febrero de 2020 la directora de ese diario local -que ya tiene 100 años de edición continua-, Azucena Cáceres de Grebe, recibió amenazas de muerte.

En los textos se le advertía para que deje de publicar los edictos relacionados con la herencia de los Güenaga. Ella hizo una denuncia en la fiscalía en turno.

En el mismo tiempo, también la jueza de menores, María del Carmen Trombotto Jramoyhabía recibido un mensaje en su teléfono celular en el que amenazaron de muerte a sus hijos. La presionaban para decida sobre los bienes del hijo de Güenaga.

Otro que recibió mensajes intimidatorios fue Martín Vega, el juez que investiga la muerte de Güenaga a quien también le advirtieron que atentarían contra su hijo.

También recibió coacciones Cristina Rodríguez, la jueza que lleva adelante el juicio sucesorio. La habrían instado a que divida los bienes de Güenaga y beneficie económicamente a su ex pareja, Flores, y a su hija.

Todos los mensajes intimidatorios fueron enviados vía WhatsApp desde un número de teléfono desconocido para los jueces.

Todas estas denuncias por amenazas fueron tomadas por la fiscal María Talamona. Ella, junto a la jueza Teresa Oria de Gauna activaron una investigación que contó con la colaboración de la Policía Federal Argentina.

La División de Delitos Informáticos de la PFA estableció que los teléfonos usados para tales amenazas pertenecían a Alejandra Flores y a su hija. El último teléfono secuestrado pertenecería a Gabriel Canteros, ex empleado de Güenaga y actual pareja de Alejandra Flores.

Ante esto, la jueza Oria de Gaúna mandó a detener a los tres y los acusó del delito de «amenazas agravadas».

La hipótesis que se maneja es que tanto Canteros, como Alejandra Flores y Ludmila Güenega coaccionaron a los jueces para torcer el rumbo de las causas relacionadas. Ahora los tres están presos y se vuelven a abrir las dudas sobre la participación de ellos en el homicidio.

 

Fuente: novacorrientes.com

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