Los representantes de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace —CRA, Coninagro, FAA y SRA— coincidieron en el Seminario ACSOJA 2026, realizado en la Bolsa de Comercio de Rosario, en que Argentina tiene capacidad técnica y productiva para crecer en soja, pero enfrenta tres obstáculos centrales que frenan ese potencial: la presión tributaria, la deficiencia de infraestructura logística y la falta de previsibilidad en las reglas de juego.
El panel “Entre la coyuntura y la oportunidad: la producción que impulsa el desarrollo”, moderado por Ángeles Naveyra de Barbechando, fue el espacio donde las entidades plantearon sus demandas con precisión.
El primer eje fue la carga impositiva. Carlos Castagnani, de CRA, fue directo: “Los derechos de exportación nos quitan competitividad frente a otros países productores. Si avanzamos hacia su eliminación, aumentará la capacidad de inversión, la incorporación de tecnología y la reposición de nutrientes en los suelos”. La superposición de tributos nacionales, provinciales y municipales —incluyendo tasas locales que no siempre se traducen en servicios efectivos— agrava el cuadro.
Andrea Sarnari, de FAA, sumó el argumento de la rentabilidad como condición para invertir: “Cuando el productor tiene rentabilidad vuelve a invertir. Eso significa más fertilización, más tecnología, mejores semillas y mayor productividad”. Pero fue más allá del número: “Necesitamos que la actividad vuelva a ser rentable para que las nuevas generaciones encuentren un futuro en el campo”.
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El segundo eje fue la infraestructura. Lucas Magnano, de Coninagro, señaló que la dependencia casi exclusiva del camión incrementa los costos y limita la competitividad, y reclamó recuperar la infraestructura vial y ferroviaria como prioridad. Carlos Uranga, de la SRA, lo graficó con un dato: “Hoy más del 90% de la producción se transporta por ruta. Recuperar el sistema ferroviario y mejorar la infraestructura permitiría reducir costos, especialmente para las economías alejadas de los puertos”.
El tercer eje fue la política comercial. Los panelistas alertaron sobre las nuevas exigencias regulatorias internacionales —como el reglamento europeo anti deforestación (UE) 2023/1115, prorrogado hasta principios de 2027— y coincidieron en la necesidad de mantener el diálogo con los mercados externos para evitar que se conviertan en barreras paraarancelarias que limiten el acceso de los productos argentinos.
Como nota positiva, las entidades reconocieron que el surgimiento de nuevos sectores generadores de divisas —energía, minería y tierras raras— representa una oportunidad para diversificar la economía y reducir la presión histórica sobre el agro.
Las cuatro entidades cerraron el panel con un diagnóstico compartido: Argentina tiene los recursos naturales, el conocimiento técnico y el compromiso de sus productores para crecer. Pero para que esa capacidad se traduzca en inversiones y desarrollo sostenido, necesita un marco de previsibilidad, menor presión impositiva y una infraestructura logística que esté a la altura del volumen que el campo puede producir.
