El Gobierno enviará al Congreso un proyecto para eliminar las restricciones a la compra de campos por extranjeros. Dos miradas opuestas sobre el mismo tema: inversión productiva versus extranjerización y desalojos.
El Poder Ejecutivo anunció que enviará al Congreso un paquete de reformas legislativas para modificar la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, con el objetivo de eliminar las restricciones que actualmente impiden a ciudadanos y empresas extranjeras comprar campos en Argentina. La norma había sido derogada en diciembre de 2023 mediante el decreto 70 del presidente Milei, pero su aplicación quedó suspendida por una decisión judicial. Ahora el debate se reabre en el Congreso y divide al sector agropecuario en dos posiciones contrapuestas.
La mirada del mercado inmobiliario: inversión y desarrollo
Federico Nordheimer, titular de Nordheimer Campos y Estancias, salió a desactivar lo que considera un temor infundado. Según su experiencia en el mercado inmobiliario rural, el 95% de las operaciones de compraventa de campos son realizadas por argentinos, y apenas el 5% restante corresponde a extranjeros, en general con algún vínculo previo con el país.
Para el operador, la eventual flexibilización de la ley abre una ventana real para un tipo de inversión que hoy no llega: capital paciente dispuesto a esperar retornos diferidos en proyectos de largo plazo, como el desarrollo de zonas con riego o la implantación de cultivos permanentes —pistachos, almendros, nogales, forestales— que requieren entre cinco y diez años hasta la primera cosecha rentable. Ese tipo de iniciativas demanda entre 3.000 y 25.000 dólares por hectárea según el cultivo, montos inaccesibles para productores individuales pero manejables para fondos internacionales de agronegocios.
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Nordheimer también destacó que los grandes fondos institucionales no operan solos sino que se asocian con administradores y productores locales, lo que garantiza que el desarrollo se haga con conocimiento del territorio y que los beneficios se distribuyan en la economía nacional.
La respuesta de la Mesa Agroalimentaria: tierra para especuladores, no para productores
Desde el otro extremo del debate, la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA) emitió un comunicado con título elocuente: “Tierras para extranjeros y no para agricultores argentinos”, y llamó al proyecto una profundización del desequilibrio estructural que ya existe en el acceso a la tierra.
Los números que sostienen el argumento son contundentes: en la zona núcleo argentina, el 80% de la superficie se trabaja bajo arrendamiento, y entre el 60% y el 70% de los productores de la agricultura familiar son arrendatarios. En ese contexto, facilitar la compra por parte de capitales externos encarece aún más el acceso a la tierra para quienes la producen.
La MAA también alertó sobre el impacto en las familias campesinas que son poseedoras históricas de tierras sin títulos regularizados, para quienes la nueva normativa complicaría los procesos de regularización y abriría la puerta a desalojos de comunidades con generaciones de arraigo territorial.
Otro punto que la Mesa señaló con preocupación es la modificación paralela de la Ley de Manejo del Fuego, que busca flexibilizar las restricciones al cambio de uso del suelo en zonas incendiadas, lo que según la entidad favorecería la especulación inmobiliaria e incluso los incendios intencionales.
Las demandas concretas de la Mesa Agroalimentaria
La entidad presentó ante el Congreso proyectos de ley orientados a garantizar el acceso a la tierra para quienes la trabajan y produce alimentos, y exige el cumplimiento pleno de la Ley de Tierras vigente, el freno a la extranjerización, protección para los arrendatarios y transparencia sobre operaciones que esconden concentración a través de testaferros.
