El Gobierno nacional presentó una nueva propuesta para reforzar los controles en el mercado de semillas, con el objetivo de reducir la informalidad y promover la inversión en mejoramiento genético.
La iniciativa fue expuesta por el ministro Federico Sturzenegger, junto al secretario de Agricultura Sergio Iraeta y el titular del INASE Martín Famulari, ante representantes de toda la cadena agroindustrial.
Foco en los puntos clave del circuito comercial
El eje central del proyecto es trasladar el control al primer punto de entrega del grano, como acopios, plantas de procesamiento y puertos, considerados nodos estratégicos donde se concentra la producción antes de su industrialización o exportación.
Según explicaron desde el Ejecutivo, este enfoque permitiría mejorar la eficiencia del monitoreo y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en toda la cadena.
Integración con sistemas existentes
La propuesta contempla el uso del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) para cruzar datos fiscales y productivos. De este modo, se busca articular la identificación varietal con herramientas de trazabilidad ya operativas.
Actualmente, si bien la Ley 20.247 reconoce los derechos de propiedad sobre las semillas, el Gobierno sostiene que no existe un mecanismo moderno y efectivo que garantice su cumplimiento.
Más control y participación privada
El esquema también prevé que los resultados de los análisis varietales sean enviados directamente a los titulares de las variedades registradas, quienes podrán iniciar denuncias ante el INASE en caso de detectar irregularidades.
Además, se propone delegar parte de la capacidad técnica en Cámaras Arbitrales y entidades habilitadas, en un modelo de articulación público-privada que permita aprovechar la infraestructura existente en el sector.
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Incentivar la innovación
Desde el Gobierno señalaron que el mercado informal de semillas genera una pérdida sostenida de inversión en genética vegetal y desalienta el desarrollo de nuevas variedades.
En ese sentido, la iniciativa busca equilibrar la protección de los derechos de los obtentores con el respeto a los productores, promoviendo un entorno más transparente y previsible para la innovación.
Amplia participación del sector
En la presentación participaron entidades clave como la Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO, Federación Agraria, CRA, ASA, CREA y AAPRESID, junto a funcionarios del área económica y productiva.
El proyecto abre ahora una nueva instancia de debate con el sector agropecuario, en un tema sensible que impacta de lleno en la competitividad y el desarrollo tecnológico del agro argentino.
