El Poder Ejecutivo formalizó el martes ante el Congreso el proyecto de ley de Presupuesto 2027, un documento de casi 3.500 páginas que incluye varios capítulos con impacto directo en el agro y la agroindustria. Un análisis de Infocampo sobre esa pauta presupuestaria identificó cinco claves centrales para el sector: la proyección de una cosecha histórica de 170 millones de toneladas, el impacto de la baja gradual de retenciones sobre la recaudación, un modelo de simulación ante eventuales “shocks” agrícolas o de precios, y el presupuesto asignado tanto a la Secretaría de Agricultura como a sus organismos descentralizados, como el INTA y el SENASA.
La primera clave del documento tiene que ver con el peso que el propio Gobierno le asigna al agro dentro de la macroeconomía. Tras un 2025 en el que el rubro “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” fue uno de los principales motores del crecimiento, con una expansión sectorial del 7,1% que aportó al 4,5% de suba del PIB total, el Presupuesto 2027 proyecta que esa tendencia continúe: se espera una campaña agrícola histórica de 170 millones de toneladas, que superaría el récord anterior de 146 millones de la campaña 2018/19, con máximos de 71,7 millones de toneladas en maíz, 27,9 millones en trigo y 7,5 millones en girasol. El texto también destaca el boom exportador de carne, particularmente por el acuerdo comercial con Estados Unidos. Bajo ese escenario, la proyección oficial es que el sector cierre este año con un crecimiento del 5,5%, mientras que para 2027 se espera que la expansión continúe, aunque a un ritmo menor: 0,9%.
La segunda clave pasa por las retenciones y otros beneficios tributarios. El documento remarca la política de reducción gradual de aranceles y derechos de exportación como parte de la devolución de recursos al sector privado, aunque proyecta igualmente una recaudación por retenciones que crecería un 41,3% nominal hasta $12,06 billones, pasando de representar el 0,75% del PIB en 2026 al 0,85% en 2027. El Presupuesto también detalla los llamados Gastos Tributarios —beneficios fiscales que el Estado deja de percibir—: $4,74 billones (0,33% del PIB) por la alícuota reducida de IVA en carnes, frutas, miel, legumbres y hortalizas frescas; $1,03 billones (0,07% del PIB) por el cómputo como pago a cuenta de Ganancias del 45% del impuesto sobre el gasoil destinado a la actividad agropecuaria y minera; y una reducción tributaria adicional en combustibles líquidos por la incorporación de biodiésel y bioetanol no gravados.
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La tercera clave es, quizás, la más llamativa desde el punto de vista analítico: como ocurre cada año, el Presupuesto incluye un modelo de equilibrio general para simular la sensibilidad de las cuentas públicas ante eventuales crisis del sector agropecuario. Según ese modelo, una caída del 20% en la producción agrícola afectaría el crecimiento del PIB en 1,5 puntos porcentuales y deterioraría el balance financiero público en 0,2% del PIB. En un escenario más extremo, como una sequía que redujera la cosecha un 40%, el golpe al PIB sería del 3,1%, con un impacto de 0,4% del PIB en las cuentas públicas. El otro “shock” que contempla el modelo es el de precios: una caída del valor internacional de la soja a US$356,7 la tonelada (escenario moderado) o a US$289,3 (escenario extremo) reduciría el crecimiento del PIB en 0,4 y 0,7 puntos porcentuales, respectivamente.
La cuarta clave tiene que ver con los recursos asignados directamente a la gestión pública del sector. El presupuesto de gastos para la función “Agricultura, Ganadería y Pesca”, dentro de la Finalidad Servicios Económicos, asciende a $472.393,7 millones para 2027, un incremento del 18,5% respecto de los $398.482,7 millones de 2026, y equivale al 0,2% del gasto total de la Administración Nacional. De ese total, $129.865 millones corresponden a la administración central y $342.529 millones a los organismos descentralizados.
La quinta clave desglosa justamente esos organismos. El INTA recibe la partida más importante, con $315.538 millones, distribuidos principalmente entre Investigación Aplicada, Innovación, Transferencia de Tecnología, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural ($238.027 millones) e Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas ($51.856 millones). El SENASA tiene asignados $288.666 millones, con partidas específicas para Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ($66.705 millones), Sanidad Animal ($46.184 millones) y Protección Vegetal ($37.191 millones). A esto se suman $27.250 millones para el INASE, $20.394 millones para el INV, $29.226 millones para el INIDEP, y distintos programas específicos dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, entre ellos $106.010 millones para políticas de productividad en cadenas agroindustriales sostenibles y $9.644 millones para la gestión de emergencias agropecuarias bajo la Ley 26.509.
El análisis conjunto de estas cinco claves deja un panorama con señales encontradas para el agro: por un lado, un Gobierno que apuesta a una campaña récord y a la continuidad de la baja de retenciones como parte de su esquema fiscal; por otro, un presupuesto que reconoce explícitamente, a través de su propio modelo de simulación, la vulnerabilidad de las cuentas públicas ante un eventual traspié climático o una caída pronunciada de los precios internacionales de los granos. La discusión legislativa que se abre ahora en el Congreso determinará si estas proyecciones y partidas se sostienen tal como fueron presentadas.
