En el tramo final del juicio oral por presunta contaminación ambiental con agroquímicos en Pergamino, el Ministerio Público Fiscal solicitó condenas de hasta 4 años y 3 meses de prisión, además de inhabilitaciones, indemnizaciones a las víctimas y el decomiso de campos y maquinaria utilizada para fumigaciones.
El juicio por presunta contaminación ambiental derivada del uso de agroquímicos en Pergamino ingresó en su etapa decisiva. El fiscal federal Federico Reynares Solari solicitó penas de entre 2 y 4 años y 3 meses de prisión para nueve imputados, entre ellos productores agropecuarios, un ingeniero agrónomo, un aplicador y dos funcionarios municipales, a quienes atribuyó responsabilidades por hechos investigados desde hace más de una década.
Además de las condenas penales, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió al Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario que ordene la reparación económica de las víctimas, el decomiso de las máquinas utilizadas para fumigar y de cinco campos considerados afectados por la contaminación investigada.
El veredicto podría conocerse la próxima semana, una vez finalizados los alegatos de las defensas que aún no expusieron ante el tribunal integrado por los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodríguez y la magistrada Elena Dilario.
Las penas solicitadas por la fiscalía
La mayor pena requerida recayó sobre el productor agropecuario Fernando Cortese, para quien la fiscalía pidió 4 años y 3 meses de prisión e inhabilitación especial por ocho años para ejercer actividades agropecuarias.
Según la acusación, Cortese habría fumigado en forma reiterada con sustancias consideradas peligrosas para la salud y el ambiente en un campo de su propiedad ubicado sobre la Ruta Nacional 188, en las inmediaciones de Pergamino. Además, se le atribuyó el delito de amenazas coactivas.
Para los productores Mario Roces y Víctor Tiribó, el Ministerio Público Fiscal solicitó 4 años de prisión e igual período de inhabilitación especial. Ambos fueron señalados por presuntas fumigaciones realizadas en campos cercanos a sectores poblados de la ciudad, particularmente en la zona de Villa Alicia.
En tanto, para los hermanos Carlos y Hugo Sabatini la fiscalía requirió una condena de 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por considerarlos coautores de un hecho de contaminación ambiental ocurrido en noviembre de 2019 en la localidad de Ayersa.
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El caso del ingeniero agrónomo y del aplicador
Otro de los acusados es el ingeniero agrónomo José Luis Grattone, para quien se solicitaron 3 años de prisión e inhabilitación profesional por seis años.
La fiscalía sostuvo que en octubre de 2019 habría incumplido las distancias de seguridad para fumigaciones en la localidad de Juan Andrés de la Peña, realizando aplicaciones a pocos metros de una escuela y un jardín de infantes.
Como partícipe secundario de ese hecho fue acusado el aplicador Cristian Taboada, para quien se requirió una pena de 2 años de prisión condicional e inhabilitación por cuatro años para realizar tareas vinculadas a la actividad.
Funcionarios municipales bajo acusación
La causa también involucra a dos funcionarios de la Dirección de Ambiente Rural de Pergamino.
Para Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, la fiscalía solicitó condenas de 2 años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La acusación sostiene que no habrían hecho cumplir disposiciones de la ordenanza municipal que prohíbe aplicaciones terrestres o aéreas de plaguicidas a menos de 100 metros de zonas periurbanas y viviendas.
Una causa iniciada por denuncias vecinales
Las cuatro causas que derivaron en este juicio comenzaron a tramitarse a partir de denuncias realizadas por vecinos y organizaciones ambientalistas después de 2014.
Dos de las personas denunciantes se constituyeron como querellantes y participaron activamente del proceso judicial. El debate oral comenzó en febrero de 2026 y se transformó en uno de los casos ambientales más relevantes vinculados al uso de agroquímicos en áreas periurbanas de la Argentina.
Durante su alegato, el fiscal Reynares Solari sostuvo que los imputados tenían conocimiento de las normativas vigentes y de los reclamos de los vecinos. Según expresó, pese a ello habrían continuado con las aplicaciones cuestionadas.
Qué pidieron las querellas y las defensas
Los abogados querellantes solicitaron penas incluso superiores a las requeridas por la fiscalía para algunos de los acusados, incluyendo hasta cinco años de prisión efectiva para determinados imputados vinculados a las fumigaciones investigadas.
Por su parte, varias de las defensas ya reclamaron la absolución de sus representados, mientras que los alegatos pendientes serán presentados en las próximas jornadas.
La decisión final quedará ahora en manos del Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, cuyo fallo será seguido con atención tanto por organizaciones ambientales como por sectores vinculados a la producción agropecuaria, debido al precedente que podría establecer en materia de responsabilidad penal por aplicaciones de fitosanitarios en zonas periurbanas.
