Productores agrícolas mantienen en promedio $36.500 por hectárea inmovilizados en saldos técnicos de IVA, una acumulación que en la agricultura extensiva habría alcanzado unos US$ 770 millones al cierre de la campaña 2025/26, según datos de CREA expuestos durante una jornada organizada por Fundación Barbechando con legisladores nacionales. Ante la discusión del Presupuesto 2027, especialistas propusieron convertir esos créditos fiscales en un bono utilizable como garantía para acceder a financiamiento, en lugar de mantenerlos sin disponibilidad durante años.
Un crédito fiscal que queda atrapado dentro de la empresa
El saldo técnico de IVA es un viejo problema de la actividad agropecuaria, pero la nueva estimación permite dimensionar cuánto capital permanece inmovilizado.
La situación se genera, principalmente, por una particularidad de la estructura tributaria del sector: muchos insumos utilizados para producir —como fertilizantes, fitosanitarios y otros bienes— están alcanzados por una alícuota de IVA del 21%, mientras que la comercialización de granos tributa 10,5%.
Esto provoca que, en determinadas situaciones, el productor acumule más crédito fiscal por sus compras que débito fiscal por sus ventas.
Ese dinero no desaparece desde el punto de vista contable, pero puede quedar acumulado durante períodos prolongados y no estar disponible para financiar una nueva campaña, comprar insumos o afrontar inversiones.
Ruralnet ya había abordado en 2025 este mecanismo y su impacto financiero sobre las empresas agrícolas. La novedad ahora está en la magnitud calculada para la última campaña y en una propuesta concreta para utilizar esos fondos.
$36.500 por hectárea y US$ 770 millones inmovilizados
Durante el encuentro organizado por Fundación Barbechando, el contador tributarista Mariano Echegaray Ferrer citó un relevamiento de CREA que estimó un saldo técnico promedio de $36.500 por hectárea.
Proyectado sobre la agricultura extensiva argentina, el monto habría alcanzado aproximadamente US$ 770 millones al cierre de la campaña 2025/26.
La cifra equivaldría a cerca del 7% de todo el gasto destinado a implantación y desarrollo de cultivos durante una campaña.
El dato expone el costo financiero que representa disponer formalmente de un crédito fiscal pero no poder utilizarlo como capital de trabajo.
Proponen transformar el saldo en garantía para conseguir crédito
Una de las alternativas planteadas durante la jornada fue dejar de considerar esos saldos simplemente como montos acumulados a futuro.
La propuesta consiste en convertir el saldo técnico de IVA en un bono que pueda utilizarse como garantía para acceder a financiamiento.
De esa manera, el productor no recibiría necesariamente una devolución inmediata en efectivo, pero podría respaldar operaciones crediticias con un activo reconocido por el Estado.
El objetivo es transformar un crédito fiscal inmovilizado en una herramienta con valor financiero y reducir así una de las restricciones que enfrenta el capital de trabajo agrícola.
El mecanismo de devolución perdió poder frente a la inflación
Durante la exposición también se cuestionó la evolución de las partidas destinadas a atender devoluciones vinculadas con inversiones en bienes de capital.
En 2019, la asignación presupuestaria era de $15.000 millones, que en aquel momento representaban aproximadamente US$ 394 millones.
Para 2026, la partida llegó a $30.000 millones.
Aunque en términos nominales se duplicó, su equivalencia se redujo a aproximadamente US$ 21 millones.
Según el análisis presentado, esto implica una pérdida de más del 90% de su poder de compra medido en dólares.
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La inversión en maquinaria muestra la dimensión del problema
Echegaray Ferrer comparó esa partida presupuestaria con la magnitud de la inversión productiva.
Sólo durante el primer semestre de 2026, la inversión en maquinaria agrícola alcanzó $1,381 billones.
Frente a esos montos, los recursos asignados para atender la devolución de créditos fiscales asociados a inversiones resultan limitados.
Para los especialistas, esto genera una brecha creciente entre la acumulación de saldos y la capacidad efectiva del sistema para absorberlos.
También hay dinero retenido después de vender
A los saldos técnicos se suma otro componente: los saldos de libre disponibilidad generados por las retenciones de IVA practicadas al productor cuando comercializa sus granos.
Según lo expuesto durante la jornada, al momento de la venta pueden aplicarse retenciones de entre 5% y 8%, dependiendo de la situación fiscal del contribuyente dentro del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).
Esos fondos pueden demorar, aun en los escenarios más favorables, alrededor de 75 días en retornar al productor.
Esto incorpora un segundo efecto financiero: el impuesto ya forma parte de la operación, pero una porción del dinero permanece temporalmente fuera de la empresa.
La presión tributaria ronda el 62% de la renta agrícola
El encuentro también volvió a poner sobre la mesa la carga tributaria general que enfrenta el sector.
El último Índice FADA ubicó la participación del Estado en torno al 62% de la renta agrícola, considerando tributos nacionales, provinciales y municipales. Ruralnet había informado en junio un valor de 61,9% para ese indicador.
Según las cifras expuestas en la jornada, la presión presenta importantes diferencias entre cultivos.
En trigo se ubica cerca del 74%, seguido por girasol con 68%, soja con 62% y maíz con alrededor del 60%.
Desde esa perspectiva, los especialistas remarcaron que los saldos de IVA agregan un componente financiero que no siempre queda reflejado cuando se analiza exclusivamente cuánto se paga en impuestos.
De cada hectárea, sólo una parte queda como resultado del productor
El análisis presentado durante el encuentro estimó que, sobre el resultado económico generado por una hectárea agrícola, aproximadamente 8% queda como ganancia del productor, mientras alrededor de 30% corresponde al alquiler de la tierra y la mayor parte restante está asociada a la carga tributaria.
Barbechando utilizó estos números para plantear que el debate impositivo debe considerar no sólo las alícuotas nominales, sino también el efecto financiero que provocan determinados mecanismos sobre las empresas agropecuarias.
El Presupuesto 2027 abre una ventana para llevar el tema al Congreso
La discusión cobra relevancia porque el Gobierno deberá presentar el Presupuesto Nacional 2027, lo que abrirá nuevamente el debate legislativo sobre la asignación de recursos y distintas herramientas tributarias.
Fundación Barbechando reunió a diputados de distintos espacios políticos para analizar temas vinculados con carga impositiva, infraestructura, logística, transporte, educación e innovación.
Participaron legisladores de La Libertad Avanza, PRO, UCR, Provincias Unidas y MID provenientes de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Chaco y Misiones.
“El Presupuesto 2027 es una oportunidad concreta para instalar esta discusión en la agenda del Congreso”, planteó la entidad.
Barbechando anticipó que continuará acercando información técnica a los legisladores para avanzar hacia una discusión más amplia sobre el sistema tributario agropecuario.
El desafío que queda planteado es concreto: cómo lograr que los $36.500 por hectárea que hoy figuran como crédito fiscal puedan recuperar alguna capacidad financiera mientras esperan ser utilizados o compensados.
