Una medida de fuerza de los profesionales que prestan los servicios de practicaje y baquía mantiene interrumpido el ingreso, egreso y tránsito de buques en los puertos argentinos. El conflicto comenzó luego de la publicación del Decreto 690/2026, que reformó el régimen de la actividad, y ya obliga a reprogramar embarques en el Gran Rosario, principal nodo agroexportador del país.
El conflicto paraliza el movimiento de los buques
La suspensión de los servicios de practicaje impide que los barcos realicen normalmente las maniobras de entrada, salida y navegación por los canales y vías fluviales del país.
La situación afecta a las terminales agroexportadoras, los puertos de combustibles y el resto de las instalaciones que dependen de estos profesionales para movilizar embarcaciones de gran porte.
En el Gran Rosario, las empresas comenzaron a reorganizar la carga de los buques y a dejar un margen de calado para completar las operaciones cuando se restablezca el servicio. Aunque las terminales pueden seguir recibiendo mercadería y avanzar parcialmente con la carga, los barcos no están en condiciones de completar el circuito habitual y partir con el volumen programado.
El conflicto también mantiene embarcaciones inmovilizadas en otros puertos argentinos y genera demoras para armadores, agencias marítimas, exportadores y operadores logísticos.
Agroexportadores siguen con preocupación el conflicto
Las empresas vinculadas con el comercio exterior advierten que la situación puede agravarse con el paso de las horas, a medida que se acumulen buques fondeados, cargas pendientes y operaciones reprogramadas.
El principal impacto se concentra en el complejo portuario del Gran Rosario, desde donde se despacha la mayor parte de los granos, harinas y aceites vegetales que exporta la Argentina. La imposibilidad de movilizar los barcos altera la programación de las terminales y puede generar costos adicionales por demoras, estadías y cambios en los cronogramas comerciales.
Desde el sector empresarial reclaman la apertura de una instancia de diálogo entre el Gobierno, los prácticos, los usuarios del sistema y las agencias marítimas para evitar que la paralización se prolongue.
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Qué cambió el Decreto 690/2026
El conflicto se inició tras la publicación del Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno nacional aprobó un nuevo Reglamento de los Servicios de Practicaje y Pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la Argentina. La norma fue publicada el 31 de julio en el Boletín Oficial.
Entre otros cambios, el decreto establece que los prácticos habilitados podrán ser contratados libremente como profesionales independientes y que la Prefectura Naval Argentina deberá inscribir a quienes cumplan las condiciones de idoneidad, sin fijar un límite en la cantidad de prestadores.
También dispone que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación establecerá tarifas máximas para los servicios y que la Prefectura podrá brindar practicaje, pilotaje o baquía en situaciones excepcionales que impidan el funcionamiento normal del sistema. En esos casos, también podrá solicitar la intervención de la Armada Argentina.
La reforma permite, además, que determinados capitanes o patrones argentinos o extranjeros puedan prescindir del servicio cuando acrediten experiencia suficiente y obtengan el correspondiente certificado de conocimiento de zona.
Qué reclaman los prácticos y baqueanos
La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos de la Marina Mercante sostiene que la nueva regulación podría reducir la demanda de profesionales argentinos y afectar la seguridad de la navegación.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la posibilidad de exceptuar de la contratación de baqueanos a determinados buques cuyos capitanes acrediten conocimiento de la zona. La entidad también objeta la ampliación de las exenciones para embarcaciones de menor eslora y calado.
Los representantes del sector anunciaron que analizan presentaciones judiciales contra el decreto y que solicitaron reuniones con la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y la Prefectura Naval Argentina para discutir los alcances de la reforma.
Desde el Gobierno sostienen que el nuevo régimen busca aumentar la competencia, reducir los costos logísticos y eliminar restricciones consideradas innecesarias. Los profesionales, en cambio, aseguran que el practicaje y la baquía cumplen una función esencial para evitar accidentes y garantizar la navegación segura.
Prefectura intimó a retomar los servicios
En medio de la paralización, la Prefectura Naval Argentina comenzó a intimar a profesionales del practicaje para que retomaran la prestación de los servicios.
Hasta el momento, la medida no logró normalizar la operatoria y las terminales mantienen activos sus planes de contingencia. Los exportadores continúan reprogramando cargas mientras esperan una solución que permita restablecer el movimiento de los buques.
Un flujo de divisas clave para la economía
El conflicto se produce en momentos en que el complejo oleaginoso-cerealero mantiene un importante flujo de exportaciones.
Durante julio, las empresas del sector ingresaron US$ 2.918 millones, un 3% menos que en junio y un 28% por debajo del mismo mes de 2025. Entre enero y julio, la liquidación acumulada alcanzó los US$ 16.297 millones, con una caída interanual del 16%, según CIARA-CEC.
Una prolongación de la medida de fuerza podría demorar embarques y alterar temporalmente el ingreso de divisas, además de incrementar los costos logísticos de las empresas exportadoras.
Mientras continúa el conflicto, los puertos permanecen condicionados por la falta de practicaje y los actores de la cadena reclaman una negociación urgente para normalizar la operatoria antes de que aumenten las pérdidas.
