La Mesa de Enlace recibió con beneplácito ayer lunes una de las noticias que más esperaba: la Justicia hizo lugar a la medida precautoria para no pagar el bono de fin de año que reclamaban los gremios.
El juez Matías Moreno Espeja resolvió “hacer lugar a la medida precautoria peticionada por los accionantes y ordenar la suspensión de los efectos de la Resolución 230/22, dictada por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), hasta tanto el Ministerio de Trabajo se expida respecto de la impugnación efectuada”.
Se trata de un reclamo que las entidades gremiales empresarias del agro habían encabezado por una suma que trepaba a los $50.000 por cada empleado, y que fue reclamada por los gremios de trabajadores rurales.
La medida cautelar que presentaron la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y la Federación Agraria Argentina (FAA) sostiene “la incompetencia” de la Comisión Nacional del Trabajo Agrario para imponer tal decisión.
Exceso. Aducen “el vicio del procedimiento subsiguiente, habida cuenta que, a su entender, su dictado constituye un exceso a las atribuciones de la entidad citada que se encuentran enumeradas en los artículos 84 y 89 de la ley 26.727 y en la resolución 82/2017, que fija los términos de su reglamento interno”, según lo que remarca la resolución.
Entre los fundamentos esgrimidos por el magistrado Moreno Espeja, se sostiene que el funcionamiento de la CNTA debe darse con al menos un representante del sector empresarial, situación que no se dio, debido al rechazo de los empresarios para abonar el bono en cuestión.
Entre los argumentos centrales del sector privado están la sequía, en primer lugar, con el incremento de costos productivos y los márgenes de ganancias, en muchos casos, reducidos a la nada.
Según remarcó el juez, la presencia de los representantes de la Mesa de Enlace fue una “circunstancia no acontecida en ocasión del dictado de la resolución atacada, puesto que, según afirman, no hizo mérito a los argumentos expuestos por el sector empresarial”.
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Situación. “Formularon su oposición al pago propuesto por la UATRE, debido a la grave situación económico financiera que sufre el sector y de lo cual acompañan prueba con las declaraciones de emergencia agropecuaria oportunamente dictadas”, precisó el juez.
El juzgado señaló que las entidades plantearon que la resolución “fue dictada a través de un procedimiento ilegitimo, contrario al espíritu de la Ley de Trabajo Agrario, dado que se llevó a cabo por la negociación paralela entre los representantes sindicales y el Ministerio de Trabajo”.
“Por su parte, los accionantes también sostienen la nulidad del acto administrativo producto de la falta de motivación y vicio en la causa y en el objeto, tratándose de una medida irracional e ilegítima, dictada sin tener en cuenta que se encontraba cerrada la paritaria salarial 2022”, consignó.
Por eso, el magistrado convalidó esos reclamos y argumentó: “considero que existirían, prima facie, elementos suficientes que me persuaden sobre la viabilidad de la medida autosatisfactiva requerida”.
“Encuentro atendibles las consideraciones expuestas (…) máxime, teniendo en cuenta la
situación desfavorable que atravesaría el sector agrario a lo largo del todo país, lo cual motivó la declaración de emergencia agropecuaria en distintas provincias”, dijo el juez.
Y concluyó: “ello conforme la amplia documentación brindada en la demanda, encontrándose en riesgo las fuentes de trabajo de los trabajadores del sector. Tal escenario habría sido expuesto por la patronal en la reunión del 22 de diciembre de 2022, pero ello no fue óbice para seguir adelante con el tratamiento del pago de la asignación no remunerativa”.
La resolución 230/2022 firmada por la CNTA a fines de 2022 convalidó el pago que rechazó desde un primer momento el sector agropecuario.
El texto había sido firmado por el secretario de Trabajo de la Nación, Marcelo Claudio Bellotti, y sostiene que “la asignación no remunerativa dispuesta por los artículos 1° y 2º de la presente se aplicará a los trabajadores y las trabajadoras que perciben salarios que sean menores o iguales a $ 159.859“.
Para el caso en el que el trabajador cobrase por debajo de ese valor mensualmente, el bono será de un monto proporcional.
Planteo. Según habían planteado desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), “las condiciones económicas no están dadas para afrontar en este momento un gasto extraordinario de esta envergadura: veníamos manifestando nuestra postura y hemos tenido que aceptar, por su carácter de obligatorio y compulsivo, el bono que decidió el gobierno nacional de $24.000″.
“El gremio de los trabajadores no se quedó conforme y pidió una suma adicional sobre dicho monto, pero las condiciones que atraviesan los productores es crítica”, plantearon en su momento desde la SRA.
Desde el Ministerio de Trabajo, que conduce Raquel “Kelly” Olmos, le dijeron a Infocampo que el bono “se había discutido en el marco de la CNTA, algo que como toda comisión es tripartita, con el Ministerio y las partes involucradas”.
“El tema es que en las distintas reuniones que se llevaron a cabo durante este mes sobre el tema, la parte empleadora se levantaba y se iba”, objetaron a los dirigentes agropecuarios”, confió un colaborador de la ministra a ese medio.
