Llegó la reglamentación de la Ley de Promoción de la Biotecnología luego de más de una década de espera

Contempla beneficios fiscales para las empresas del rubro.

Más de una década después de promulgada la Ley 26.270 (de promoción y desarrollo de la biotecnología) El Estado nacional finalmete la reglamantó para hacerla efectiva por un período que, si bien inicialmente era de quince años, ahora quedó reducido a un lustro.

El decreto 50/18 –publicado en el Boletín Oficial– reglamentó finalmente la Ley 26.270, por medio de la cual los emprendimientos biotecnológicos pueden acceder a la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias por los bienes de capital, equipos especiales, partes o elementos componentes de dichos bienes adquiridos para llevar adelante el proyecto. La norma también dispone la posibilidad de acceder a la devolución anticipada del IVA correspondiente a la adquisición de tales bienes.

Las actividades que pueden acceder a esos beneficios son la investigación científica y tecnológica de la biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología

molecular e ingeniería genética, orientada al desarrollo productivo; la transferencia tecnológica hacia el sector productivo de bienes y servicios; el desarrollo de emprendimientos biotecnológicos; la incorporación de biotecnología moderna en todo proceso productivo; y el estudio y difusión de los usos e impactos de la biotecnología moderna en toda la población.

El decreto determina que la “autoridad de aplicación (el Ministerio de Producción), por sí o por quien esta designe, previo a la aprobación de los proyectos y al otorgamiento de los beneficios (…) podrá solicitar un informe a los ministerio de Agroindustria, Salud y/o Ciencia, Tecnología e Innovación Producitiva y aquel que entienda en la materia por

su especialidad, respecto a la viabilidad de los proyectos, basados en la aplicación de la biotecnología moderna que a tales fines se presenten”.

La Ley 26.270 dispone que la misma tendrá una vigenci de quince años contados a partir de su promulgación (julio de 2007), lo que implica que los beneficios que comenzarían a regir este aó –con la reglamentación de la norma– expirarán en julio de 2022.