Con el final de la campaña agrícola 2025/2026, los contratistas de servicios rurales de Argentina enfrentan un panorama financiero ajustado: el costo creciente de la maquinaria, la fuerte competencia entre oferentes y la baja rentabilidad de los granos redujeron el margen disponible para gastos familiares, reparaciones e inversión en nuevos equipos, según describió a mediados de agosto el concesionario de implementos Adalberto Sanz, de Cañada Seca.
El sector de servicios agrícolas —siembra, pulverización, cosecha y transporte de granos— atraviesa una etapa de rentabilidad reducida justo cuando debe afrontar el mantenimiento y la renovación de una flota cada vez más costosa. Una sembradora de última generación puede rondar los 500.000 dólares, mientras que una trilladora moderna llega a costar un millón de dólares o más según el modelo, cifras que resultan difíciles de amortizar en un contexto de tarifas ajustadas.
A esa presión de costos se suma la carga impositiva que golpea a los fabricantes de implementos agrícolas, quienes reclaman por los tributos que recaen sobre materias primas, salarios y ventas. La inestabilidad de las políticas hacia el sector agropecuario —con alternancia entre esquemas de precios intervenidos y de mercado libre— agrega otra capa de incertidumbre a la planificación de inversiones.
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El impacto se refleja también en la industria proveedora: una fábrica de implementos puede pasar de vender 200 unidades por mes a apenas 20 al año siguiente, un salto que desalienta las inversiones necesarias para crecer en escala. En paralelo, las perspectivas de cosechas récord a nivel mundial le restan impulso a una eventual recuperación de los precios de los granos, lo que mantiene comprimidos los ingresos de productores y contratistas por igual.
Dentro de este panorama, no todos los actores atraviesan la misma realidad. Según el análisis de Sanz, los contratistas mejor posicionados son aquellos que combinan la prestación de servicios con la explotación de una fracción de campo propio, lo que les permite diversificar ingresos. También logran sostener mejores condiciones de negociación quienes ofrecen servicios forrajeros, un segmento con menor cantidad de oferentes en los pueblos y demanda sostenida por el buen momento de los precios ganaderos, que incentiva la confección de reservas.
En el otro extremo se ubican los cosecheros, identificados como el grupo con mayores dificultades. La alta capacidad operativa de las trilladoras actuales hace que los maquinistas trabajen pocos días al año, mientras compiten entre un número elevado de oferentes. Una situación similar atraviesan quienes prestan servicios de pulverización y los transportistas de granos, dos segmentos también marcados por la sobreoferta.
“Hay situaciones diversas entre los contratistas rurales”, resumió Sanz, en referencia a una brecha que separa a quienes lograron diversificar su actividad de aquellos que dependen exclusivamente de tarifas cada vez más ajustadas para sostener una estructura de costos en dólares.
