El gobierno de Brasil, encabezado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reglamentó el pasado 12 de agosto el Programa Nacional de Combustible Sustentable de Aviación (ProBioQAV), el marco normativo que ordena la producción, certificación y comercialización del combustible sostenible de aviación (SAF) en el país vecino. La medida, que fija metas obligatorias de reducción de emisiones a partir de 2027, reavivó en la Argentina el reclamo de la industria aceitera y exportadora por una nueva ley de biocombustibles que permita competir por ese mercado en expansión.
Brasil define las reglas del juego para el SAF
El decreto 13.094/2026, firmado por Lula da Silva, reglamenta la Ley del Combustible del Futuro (Ley 14.993/2024) y establece el esquema definitivo para producir, certificar y comercializar el SAF en Brasil. La norma fija metas graduales de reducción de emisiones para la aviación doméstica que empezarán a regir en 2027 y escalarán hasta un 10% en 2037.
El texto también crea el Programa Nacional de Certificación del Combustible Sustentable de Aviación, que exigirá trazabilidad tanto al SAF producido en el país como al importado. A eso se suma el Certificado de Sustentabilidad del SAF (CS-SAF), un instrumento que separa el atributo ambiental del combustible físico y habilita su comercialización independiente bajo el esquema book & claim, según informó el Ministerio de Minas y Energía brasileño. Con esta decisión, Brasil se convierte en el primer país del mundo en adoptar ese modelo como base de una política pública sectorial.
Las autoridades regulatorias, ANP y Anac, tendrán 240 días para dictar las normas complementarias. Según las proyecciones oficiales, la producción brasileña de SAF podría alcanzar los 2.100 millones de litros anuales en 2030 y trepar a 3.600 millones en 2035, apalancada en materias primas como aceites vegetales, residuos agrícolas, grasas y etanol.
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El contraste con la Argentina
Del otro lado de la frontera, la Argentina continúa regida por una ley de biocombustibles que otorga cupos y restringe la participación de los exportadores tanto en el mercado interno como en el negocio de las refinerías. En el Senado hay un proyecto de la senadora Patricia Bullrich que busca desregular la actividad y abrirla a nuevos actores, pero no logró avanzar en su tratamiento.
Para el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, la brecha entre ambos países se agranda. “Mientras Brasil construye futuro, nosotros vivimos en el pasado”, resumió, en referencia a la ley vigente y a la falta de impulso legislativo al proyecto que espera en el Senado.
Una oportunidad que la Argentina podría dejar pasar
Desde Ciara-CEC sostienen que el modelo brasileño demuestra cómo la transición energética puede convertirse en una política de desarrollo productivo ligada al agro: agregado de valor a las materias primas, inversiones industriales, empleo calificado y fortalecimiento de las economías regionales. Con su producción de aceites vegetales y su capacidad industrial instalada, la Argentina reuniría condiciones para ocupar un lugar relevante en ese mercado, pero el sector insiste en que falta un marco normativo que dé previsibilidad y atraiga inversiones.
La entidad plantea además que el debate ya no debería limitarse a abastecer el mercado interno, sino apuntar a la creciente demanda internacional de combustibles renovables para el transporte aéreo, un terreno donde Brasil acaba de marcar el rumbo.
Para Idígoras, la definición pasa por una decisión política. “Es el momento de sancionar una ley en la Argentina que genere futuro”, concluyó, mientras el proyecto de reforma sigue sin novedades en el Senado.
