El juez penal de Rosario Hernán Postma le ordenó a su par en los civil y comercial de Reconquista, que entiende en el concurso de la agroexportadora Vicentin, Fabián Lorenzini, que se abstenga de tomar decisiones en la homologación de la propuesta de pago del concurso de acreedores propuesta por la empresa nacida en Avellaneda, en el norte de la Provincia de Santa, pero con desarrollo operativo en el Gran Rosario.
El magistrado rosarino argumentó que “La homologación de la propuesta de pago de Vicentin comporta la violación de una orden judicial, debiendo de abstenerse en forma urgente de su tratamiento, análisis y homologación”.
Esta decisión del juez penal de Rosario será un obstáculo para su colega civil y comercial de Reconquista, quien debería abstenerse de validar la oferta de la malograda agroexportadora. Sin embargo, consultas realizadas ayer por el diario La Nación en los Tribunales de Reconquista, no dieron indicios para suponer cuál sería la decisión de Lorenzini.
Coincidencia. La decisión del juez Postma se conoció ayer, día en el que se cumplen 3 años de la marcha atrás del presidente Alberto Fernández, quien pretendía intervenir la empresa concursada con el propósito de expropiarla y eran insistentes las versiones sobre una fuga de capitales y el consecuente vaciamiento de la agroexportadora.
Luego de presentarse en concurso preventivo de acreedores, el directorio de Vicentin comenzó a ser investigado por el “default” de la compañía, formalizado judicialmente en diciembre en 2019, dando lugar a la evaluación sobre eventuales delitos como estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita.
En 2021, el juez Postma había decidido, por una medida cautelar, que todos los bienes de la empresa no cambien de manos hasta que no se defina el caso penal, decisión que luego fue ratificada por el Tribunal de alzada.
En ese momento, se explicó que la propuesta de pago de Vicentin a sus acreedores dependía de los recursos que obtendrían de la venta de activos, como sus plantas procesadoras y puertos en jurisdicción de San Lorenzo (al norte del Gran Rosario), y su participación accionaria en la aceitera de Renova.
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Medida vigente. En la resolución que se conoció en las últimas horas, el juez Postma le recordó a Lorenzini que “no puede” habilitar la venta de los activos. El magistrado señala que “atento que del contenido de la propuesta concursal de Vicentin se desprende la disposición de activos cautelados mediante orden judicial 11/12/2020, confirmada por la excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Penal, hágase saber a todos los órganos y sujetos referidos que la medida se encuentra vigente en todos sus términos”, reiteró el magistrado.
En medios tribunalicios citados por el diario La Nación, explicaron que la notificación del juez sobre la imposibilidad de los accionistas de Vicentin de vender sus activos hasta que no haya una definición de la situación penal, es un duro revés ante lo que se creía sería en estos días -tras la feria judicial de invierno- la homologación de la propuesta de pago, que alcanzó los porcentajes requeridos por la ley para la aprobación de la oferta.
Por lo tanto, el trámite para resolver la situación de la firma sufrirá una demora considerable, aunque en agosto se espera que el juez Lorenzini pueda definir -además de la caída de la oferta de pago, como se resolvió en Rosario- la eventualidad de la vigencia del “cram down”, la instancia en la que terceros interesados también pueden presentar ofertas de pago.
A la Corte. No obstante, no se descarta que el juez de Reconquista pueda utilizar otra opción: elevar el tema a la Corte Suprema de la Provincia para que dirima el conflicto de competencia jurisdiccional entre los fueros penal de Rosario y Civil y Comercial de Reconquista.
Igualmente, no hay muchos caminos a seguir, según resuelva la justicia. Si no se homologa la propuesta de pago realizada por Vicentín (a partir de una asociación con las empresas colegas Bunge, ACA y Viterra), según consta en autos, se estaría ingresando en el camino de la quiebra de la empresa, salvo que quienes hoy la administran consigan elaborar y presentar una propuesta de pago superadora.
Historia. El 31 de julio de 2020, se informaba que el presidente Alberto Fernández dejaba sin efecto el decreto de necesidad y urgencia 522 de ese año, que había dispuesto la intervención de Vicentin por 60 días y el envío de un proyecto de expropiación de la empresa al Congreso de la Nación, por considerarla de utilidad pública, según recordó en un escrito el periodista rosarino y diputado provincial santafesino Carlos del Frade por el Frente Amplio de la Soberanía.
“Tres años después de este retroceso político, el grupo Vicentin sigue debiendo 1600 millones de dólares; no ha dicho una sola palabra de la fuga de 791 millones de dólares ente agosto de 2019 y enero de 2020; propone un pago a quince años y solamente por el veinte por ciento de la deuda; ha logrado el silencio del gobierno de Omar Perotti y de las bancadas socialista, radical, del PRO y sectores celestes en la cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe, como también del senado santafesino; el juez Fabián Lorenzini ha vuelto a conceder plazos para los empresarios en un hecho más vinculado a la construcción de la impunidad que a la justicia; se ha logrado la casi total extranjerización del comercio exterior de granos en la Argentina, la principal fuente de riquezas del país y miles de trabajadores que dependen de las 33 empresas del grupo tienen más angustias que seguridades sobre su continuidad laboral, especialmente los que hicieron grande al consorcio en su cuna geográfica, el norte profundo de Santa Fe”, explicó el legislador.
