La resolución conjunta 3/2026 que el Gobierno presentó esta semana como una novedad en el control de variedades de soja y trigo tiene antecedentes que se remontan a los años 90. Todos los gobiernos desde De la Rúa hasta Alberto Fernández intentaron avanzar en el mismo sentido sin lograrlo. Lo que cambió no es el concepto sino la tecnología disponible para hacerlo.
El debate sobre la protección de las obtenciones vegetales y el control del uso de semillas lleva décadas sin resolución definitiva. El mecanismo anunciado esta semana se parece a la denominada “regalía global”, que ya había sido propuesta por el entonces secretario de Agricultura Daniel Costamagna durante la primera mitad de los años noventa. Y también a la “regalía extendida”, la alternativa que impulsó la industria semillera local años después.
En todos los casos, las disputas entre los distintos actores del sector —productores, semilleras, acopios, cooperativas— impidieron alcanzar los consensos necesarios. Salvo durante la gestión de Fernando de la Rúa, cuando se dispuso el cierre del INASE, en los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández existieron distintos intentos de avanzar en una normativa superadora. Ninguno prosperó.
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La verdadera novedad del protocolo 2026 no está en el concepto sino en la herramienta: hoy existen métodos mucho más precisos para detectar la presencia de una determinada variedad en cualquier punto donde se entreguen los granos. Esa capacidad tecnológica —que antes no existía— es lo que hace posible el esquema que ahora propone el Gobierno.
Sin embargo, la resistencia del sector productor fue inmediata y tan intensa que el Gobierno convocó a una reunión entre las cámaras de semilleras y las entidades del campo sin dar marcha atrás con la medida. Los productores advierten que los costos de los análisis recaerán sobre ellos, y que el esquema genera nuevas cargas para acopios y cooperativas que no tienen nada que ver con el negocio de semillas.
Otro punto del debate que el análisis del periodista José Luis Amado pone sobre la mesa es el argumento oficial que justifica la medida: que la falta de protección de la propiedad intelectual frenó el mejoramiento genético de la soja y eso explica los bajos rindes de los últimos años. Esa lectura es cuestionada: Argentina atravesó tres años consecutivos de sequía y los productores redujeron la inversión en fertilizantes y fitosanitarios, factores que explican en gran medida la caída de los promedios nacionales. La última campaña, con miles de lotes superando los 7.000 kilos por hectárea, mostró que el potencial de la genética disponible sigue siendo de excelencia.
El protocolo de semillas tiene chances de prosperar donde sus antecesores fracasaron, pero no por ser conceptualmente superador sino porque la tecnología de identificación varietal finalmente permite hacerlo operativo. El desafío es que su implementación no genere conflictividad innecesaria en la cadena ni traslade costos injustificados a quienes producen. Esa discusión recién empieza.
