Gobierno: ¿Cuáles son las principales leyes que se impulsan?

Con la autorización de la producción de cannabis medicinal, una norma para promover la industria hidrocarburífera y reformar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura son algunas de las iniciativas que Alberto Fernández enviará al Poder Legislativo este año.

Durante el discurso que brindó en el Congreso, Fernández no solo despotricó contra los medios de comunicación, la oposición y a la Justicia, sino que también dio a conocer cuáles serán las iniciativas que le encomendará sancionar al Poder Legislativo en un año que, además de la pandemia, quedará atravesado por las elecciones de medio término. Por un lado, anticipó una media docena de proyectos de ley que, según aseguró el mandatario, estarán destinadas a «dinamizar la estructura de crecimiento que abordan nuevos desafíos tecnológicos y productivos».

Por un lado, el mandatario consideró que la Argentina debe apuntar a la utilización de vehículos eléctricos con batería de litio o el uso de hidrógeno verde. Es por ello que, según anticipó, se enviará un proyecto para implementar una serie de incentivos en la incorporación de movilidad sustentable así como también en la producción de ese tipo de vehículos y su cadena de valor.

En este sentido, el mandatario anticipó el proyecto contará con «dos grandes capítulos». Por un lado, hizo alusión a incentivos fiscales para la inversión. Por otro, a la creación del Instituto de la Movilidad. «La ley facilitará la realización de inversiones por más de US$ 5.000 millones de dólares», afirmó Fernández.

Otro proyecto que anticipó -sin ahondar en detalles- apunta a habilitar el uso del cannabis «con fines de industrialización para uso medicinal e industrial». En este sentido, detalló que la industria mundial del cannabis medicinal triplicará su volumen de negocios en los próximos cinco años.

De acuerdo al anuncio del jefe de Estado, se impulsarán mejoras para fortalecer las compras nacionales de medicamentos, la elevación de márgenes de preferencia para empresas nacionales, hasta 20% para el caso de Pymes. Asimismo, comentó que se buscará promover nuevas herramientas como «las compras públicas para la innovación, estimulando al sector privado para proveer soluciones creativas a problemas de gestión pública».

En tanto, Fernández anunció que, tras trabajar con el Consejo Agroindustrial Argentino, presentarán medidas para fortalecer la inversión para agregar valor, incrementar la producción y las exportaciones del sector. «Vamos a promover la inversión agroindustrial con incentivos impositivos y previsibilidad para estimular las inversiones en el sector, generando más empleo y valor agregado», se explayó el mandatario.

Asimismo, el jefe de Estado aseguró que se buscará promover la industria hidrocarburífera y que para ello se enviará una ley que aborde de forma integral al sector, «desde su extracción hasta su industrialización», y que logre generar las condiciones necesarias para el desarrollo de los recursos energéticos del país «en beneficio de los argentinos y las argentinas».

Pero además de estas iniciativas, Fernández anunció que presentará un proyecto que declare la emergencia de servicios públicos y regulados para «desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos».

Fernández dedicó un capítulo de su discurso a la educación y anunció que avanzarán en la redacción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, y, de paso, recordó al expresidente, al destacar que se buscará recuperar «la importante experiencia de la ley creada durante el gobierno de mi siempre recordado Néstor Kirchner». De paso, se comprometió a retomar la convocatoria a debatir una nueva Ley de Educación Superior.

Por último, el Presidente dedicó un tramo importante de su discurso para hablar del Poder Judicial al que definió «en crisis». En este sentido, anticipó que se enviarán Fernández reformas para establecer «la exacta competencia del máximo tribunal consistente en la revisión de la constitucionalidad de las normas aplicadas en sentencias». Previamente, había apuntado contra los cinco miembros de la Corte Suprema al subrayar que es «virtualmente imposible» acceder a sus declaraciones juradas de bienes.

También, anticipó que enviará al Poder Legislativo un proyecto para reformular el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, órgano que, entre otras funciones, es la que se encarga del nombramiento y remoción de jueces. Según remarcó, se trata de un órgano que «debe optimizar todo el proceso de selección y capacitación de los jueces en la Argentina».

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