En las últimas semanas de 2017, el Corufa comenzó a enviar intimaciones a los dueños de diques y terraplenes que impiden el normal curso de las aguas. Exigen regularizar obras hídricas y trabajos paliativos.
El gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet puso nuevamente en funcionamiento el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa), ente creado en 1998 a través de la Ley Nº 9.172.
Según explica una nota publicada en “El Diario” el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa) tiene por objeto, según ordena la normativa vigente, la regulación del uso, aprovechamiento del recurso natural constituido por las aguas subterráneas y superficiales con fines económicos productivos en todo el territorio de la provincia, tendiente a lograr su mejor empleo bajo los principios de equidad, proporcionalidad y racionalidad, apuntando a su conservación y defensa con el fin de mejorar la producción en armonía con el medio ambiente.
“En el último tramo de 2017, el Corufa decidió intimar a los dueños de diques y terraplenes, que entorpecen el normal curso de las aguas del delta entrerriano, a realizar obras que mitiguen los efectos hídricos y productivos de sus obras de defensa, una medida largamente reclamada en las zonas afectadas”, detalla el informe del periodista Danilo Lima.
Eduardo Asueta, el coordinador del Corufa, en este sentido, consignó que en los dos últimos años el ente se fijó una agenda de trabajo para el ordenamiento administrativo y, en ese marco, se dispuso una moratoria general para promover la regularización de las obras hídricas, principalmente en la zona sur de la provincia, concretamente en el delta, que se encuentra en situación de colapso hídrico.
“Buscamos ordenar el territorio y promover el aprovechamiento sostenible del recurso agua con el objetivo de poner en valor la región en términos productivos y ambientales”, remarcó el funcionario provincial.
Las intimaciones que se comenzaron a realizar en diciembre buscan morigerar el impacto negativo de los endicamientos y terraplenes ilegales construidos en los últimos 15 años –algunos de ellos muy famosos por su repercusión mediática– que generaron situaciones de conflicto por los perjuicios ocasionados.
Los propietarios de los diques, según Asueta, “entienden completamente la medida, confían en la propuesta oficial y están dispuestos a pagar el canon que impulsamos. Lo ven como algo beneficioso”.
El Corufa, en principio, exige la regularización de las obras hídricas, con la realización de obras paliativas cuando los diques o terraplenes ocasionan daños. Impulsa, además, el pago de un canon compensatorio de bajo costo que “nos permita armar un fondo con el cual poder llevar a cabo obras de mantenimiento del sistema hídrico deltaico”, señaló Asueta.
El delta, explicó, “es un gran valle de inundación y quien ocupa el espacio físico de ese valle de inundación aumenta la inundabilidad de los demás y genera situaciones de colapso general”. Para revertir estas situaciones son necesarias obras que se financiarían con el pago de ese canon.
Cautela. Mientras, los productores afectados por estas obras ilegales se muestran cautelosos ante las medidas adoptadas por el Corufa.
Arturo Berisso, referente de La Conchera SA, establecimiento afectado por el terraplén de La Calera, por ejemplo, le dijo que “para nada se ha alcanzado un acuerdo definitivo” en tal sentido “y menos con la firma que represento, que es una de las más afectadas por ese terraplén ‘clandestino’ que nunca tuvo la aprobación del Corufa”. La existencia de ese terraplén “ha ocasionado pérdidas millonarias a los vecinos de la zona, quedando demostrado hasta el presente lo aberrante de la obra, que fue construida sin autorización previa en franca violación a la Ley de Aguas”, remarcó Berisso.
“La aparente decisión de proceder a la apertura del arroyo Viraguay puede resultar un paliativo para algunos vecinos, pero de ninguna manera constituye una solución para La Conchera y los demás campos vecinos, lo que requeriría de un tratamiento integral del asunto y cuyo cumplimiento sería de exclusiva responsabilidad del Corufa, que desde hace ya 15 años ha venido demorando pronunciarse al respecto, permitiendo el accionar discrecional de los autores de la megaobra ilegal”, agregó.
De todas maneras, Berisso pronosticó que “es muy difícil, en este caso, que la mano dañina del hombre pueda contener a las fuerzas de la naturaleza. Ha quedado demostrado, como muchos otros, que son emprendimientos que nada tienen que ver con un desarrollo productivo sustentable, sino de empresas que anteponen el interés económico por sobre el cuidado de los recursos, del ambiente y de las personas”.
Asueta, sin embargo, cree que en este caso particular “hemos logrado un avance importante” para resolver el conflicto durante una reunión de la que participaron representantes de la familia Pou, quienes se comprometieron, en un plazo de cinco meses, a abrir el cauce natural del arroyo Viraguay. “Esto solucionará los problemas de los vecinos del lado este del terraplén, que son varios y vienen siendo damnificados desde hace 30 años”, subrayó Asueta, aunque admitió que “falta una solución –pero hay una propuesta de obra paliativa– para la familia Berisso y otros vecinos que están del lado oeste del terraplén. Acá la familia Pou deberá hacer un esfuerzo más para saldar este problema”.
Asueta remarcó que en todos estos conflictos, muchos de los cuales llevan años, “estamos exigiendo puntos de equilibrio, de entendimiento, de razonabilidad y de diálogo” y con “mucho trabajo hemos ido acercando a las partes” en disputa.
