La Federación Agraria Argentina (FAA), que conduce Andrea Sarnari, rechazó la ley sancionada por la Legislatura bonaerense que permite a los municipios de Buenos Aires usar por 180 días fondos destinados al mantenimiento de caminos rurales para financiar obras hídricas, y se sumó así a las críticas que ya habían expresado la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).
Según la entidad, la norma autoriza a los municipios a utilizar la totalidad del 12,5% de los fondos provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural, que la ley 13.010 reserva para la conservación de la red vial rural, en obras hidráulicas.
Un reclamo por el estado de los caminos
El argumento central de la Federación es que los caminos rurales atraviesan un “deterioro alarmante” y necesitan más recursos para su recuperación y conservación, no menos. Reducir ese financiamiento, advirtió, agravaría un problema que afecta a los productores, a la actividad agropecuaria y a las comunidades del interior bonaerense.
No se oponen a las obras, pero piden otra fuente de fondos
La FAA aclaró que no está en contra de destinar más recursos a la prevención ante El Niño, y definió como indiscutible la necesidad de hacer obras hidráulicas y prevenir inundaciones. Su objeción es que esa necesidad no puede atenderse a costa de desproteger otra infraestructura fundamental. Si se requieren mayores inversiones en materia hídrica, planteó, deben buscarse fuentes de financiamiento adicionales sin debilitar el presupuesto de los caminos rurales.
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Críticas al trámite legislativo
La entidad también cuestionó la forma en que se aprobó la medida. Consideró preocupante que, tras un período de escasa actividad legislativa durante gran parte del año, se impulse en pocos días una modificación que compromete fondos esenciales para el interior productivo. Agregó que la iniciativa no se consultó con ninguna entidad agropecuaria ni pasó por un debate en comisiones que permitiera escuchar a los actores de la producción. Para la FAA, los problemas estructurales de la provincia requieren respuestas planificadas, consensuadas y sostenibles.
La discusión enfrenta dos urgencias del sector en un contexto de alerta por posibles excesos hídricos asociados a El Niño: prevenir inundaciones y sostener la transitabilidad de los caminos rurales, clave para sacar la producción y llegar a los campos. Con la FAA, ya son tres las principales entidades del agro que expresaron su rechazo a la ley.
