El Gobierno nacional expuso este martes 4 de agosto, durante la primera jornada del Congreso Aapresid 2026 en Rosario, los avances de su programa de desregulación agropecuaria, que ya incluyó la derogación de 50 normas del Senasa y continuará con la revisión de costos logísticos, carga impositiva y regulaciones que afectan la actividad de los productores.
El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, participaron del panel “¿Qué reglas de juego necesita el agro para ser más competitivo?”, moderado por el economista Gustavo Lazzari.
La exposición se concentró en los cambios normativos promovidos por el Gobierno y en el impacto que, según los funcionarios, tendría una mayor previsibilidad sobre las decisiones de inversión, producción y exportación del sector agropecuario.
El Gobierno revisa las regulaciones que afectan al productor
Fariña explicó que la transformación del marco normativo se desarrolla en dos niveles. El primero consiste en ordenar y revisar las disposiciones vigentes para identificar aquellas que dejaron de ser necesarias, se superponen o generan exigencias sin una justificación actual.
El funcionario indicó que se trabaja en la elaboración de un digesto que agrupe las normas por temática y permita evaluar su incidencia sobre las actividades cotidianas de los productores y las empresas.
“Estamos eliminando lo que no sirve y poniendo el foco en el rol del Estado”, afirmó. En ese marco, señaló que durante julio fueron derogadas 50 normas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
Según Fariña, algunas de esas disposiciones estaban redactadas desde una lógica de sospecha permanente sobre los productores. La revisión busca reemplazar ese criterio por controles orientados a los riesgos sanitarios y productivos concretos.
Logística e impuestos, en la segunda etapa
El segundo nivel de trabajo comprende problemas estructurales que exceden una resolución administrativa, como los costos logísticos y la presión impositiva.
Estas variables tienen una incidencia directa sobre la competitividad de los productos argentinos, especialmente en las regiones alejadas de los puertos y los principales centros de consumo.
El costo de trasladar granos, hacienda, insumos y alimentos puede reducir el margen de los establecimientos y condicionar la posibilidad de competir en los mercados externos.
Fariña explicó que la revisión de esas cuestiones requiere una intervención más amplia y coordinada, debido a que involucra regulaciones, infraestructura, impuestos y servicios que dependen de distintas áreas del Estado.
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Iraeta destacó el cambio en la política agropecuaria
Iraeta sostuvo que el proceso implica una modificación en la manera en que el Estado se relaciona con el sector productivo.
Según el secretario de Agricultura, la tarea oficial no debería concentrarse en redactar nuevas resoluciones, sino en verificar que las normas existentes tengan sentido, sean aplicables y no generen costos innecesarios.
El funcionario también mencionó como señales de previsibilidad la baja de las retenciones y el compromiso oficial de continuar reduciéndolas de manera gradual.
“Yo fui víctima del sistema regulatorio y vi que eso se está desmalezando”, afirmó Iraeta durante el panel.
El secretario señaló que la expectativa de nuevas reducciones de los derechos de exportación aporta incentivos para sostener la inversión, aunque no anunció durante la actividad un cambio adicional en las alícuotas ni un nuevo cronograma.
Exportaciones sin prohibiciones ni fideicomisos
Iraeta afirmó que una parte de la previsibilidad proviene de las medidas que el Gobierno asegura que no volverá a aplicar.
Entre ellas mencionó las prohibiciones para exportar carne, los fideicomisos destinados a intervenir sobre los precios del trigo y los controles de precios máximos.
Para el funcionario, la certeza de que no se implementarán nuevamente esas políticas modifica la actitud de los productores frente a una campaña agrícola o una inversión ganadera.
“La gente sabe que hay cosas que este Gobierno no va a hacer, y entonces tenés otra actitud para sembrar, otro ímpetu y otra seguridad”, expresó.
El planteo oficial sostiene que la eliminación de restricciones y cambios imprevistos permitiría extender los horizontes de planificación, facilitar las inversiones y aumentar la producción.
Resistencias frente a la desregulación
Los funcionarios reconocieron que el proceso de transformación enfrenta resistencias, especialmente cuando las normas vigentes otorgaban ventajas económicas a determinados actores.
Iraeta consideró que la comunicación de los cambios será determinante para mejorar su comprensión dentro de las cadenas productivas.
En ese sentido, sostuvo que no alcanza con modificar una regulación, sino que también debe explicarse qué problema busca resolver, cuál será su alcance y cómo afectará a los distintos participantes.
Durante el panel se mencionaron como ejemplos la desregulación del practicaje y la discusión sobre los aportes destinados al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
Ambos temas reflejan el debate sobre qué funciones debe mantener el Estado, cuáles pueden quedar a cargo del sector privado y cómo deben financiarse los organismos vinculados con la producción y la promoción comercial.
La competitividad argentina ante nuevos acuerdos
Iraeta también vinculó el programa de reformas con las oportunidades que podrían abrirse a partir de nuevos acuerdos comerciales.
El secretario aseguró que los reclamos de productores europeos frente a eventuales acuerdos con la Argentina muestran la capacidad competitiva del agro nacional, incluso después de décadas de políticas que, a su entender, limitaron su desarrollo.
El funcionario proyectó que esa posición podría fortalecerse con una reducción gradual de las retenciones, menores trabas administrativas y una disminución de los costos que afectan a la producción.
Sin embargo, la competitividad no depende únicamente de la eliminación de normas. También intervienen la infraestructura, el acceso al financiamiento, la estabilidad macroeconómica, la carga tributaria y los costos de transporte y comercialización.
El panel del Congreso Aapresid dejó como eje central la intención oficial de avanzar hacia un marco regulatorio más simple y previsible. La próxima etapa será determinar cuánto de esa revisión normativa se traduce en menores costos concretos para los productores y en una mejora efectiva de la competitividad del agro argentino.
