El Gobierno nacional publicó hoy en el Boletín Oficial la resolución conjunta 3/2026 de la Secretaría de Agricultura y el Inase, que establece un nuevo protocolo de identidad varietal para soja y trigo. Las muestras se tomarán en el primer punto de entrega del grano y el análisis quedará en manos de entidades privadas habilitadas, con el objetivo de proteger la propiedad intelectual de las nuevas variedades inscriptas en registros oficiales.
El cambio es estructural. Hasta ahora, la fiscalización de variedades de semillas era una responsabilidad casi exclusiva del Estado. Con la nueva normativa, acopios, puertos y cámaras arbitrales que suscriban convenios con el Inase podrán tomar muestras al momento de la entrega del grano y determinar qué variedad fue sembrada. Si se detecta que el productor no pagó por ese desarrollo, se abre una negociación directa entre el agricultor y el semillero. El Inase interviene solo como tribunal de alzada si no hay acuerdo.
El protocolo se aplicará exclusivamente a los nuevos cultivares que se inscriban en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares a partir de la publicación de la resolución, no a las variedades ya existentes.
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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicó la medida en redes sociales y estimó que el nuevo esquema generará un incremento en las exportaciones de más de USD 4.000 millones anuales. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger —uno de los principales impulsores de la iniciativa y quien negoció con la Mesa de Enlace y la industria semillera— habló de “30 años de parálisis” en la discusión y señaló que acercarse a la frontera tecnológica en semillas es condición necesaria para ese salto exportador.
Las reacciones del sector fueron dispares. La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) respaldó la medida y la describió como una continuación lógica de herramientas que el sector privado ya viene usando, como Bolsatech para soja Intacta. “Habrá que ver qué le corresponde hacer a cada uno de los participantes del sistema. Ahora empieza el desafío de ponerlo en funcionamiento”, advirtió el director ejecutivo de ASA, Alfredo Paseyro.
Desde Carbap, en cambio, el secretario Pablo Ginestet cuestionó el modelo de fondo. “El poder de control de policía tiene que estar en el Estado, en el Inase. Esto lo que hace es darle todo el poder de control a los privados”, afirmó, y agregó que el sistema “es caro, ineficiente y va a traer mucha conflictividad”. Coninagro, por su parte, pidió que la implementación no genere nuevas cargas operativas para cooperativas y acopios, y reclamó transparencia, seguridad jurídica y una clara delimitación de responsabilidades entre todos los actores de la cadena.
El protocolo llega en un contexto de alta sensibilidad: el Gobierno nacional se comprometió con Estados Unidos, en el marco de las negociaciones comerciales, a adherir al convenio internacional UPOV 91, una medida que la gran mayoría del sector productivo rechaza. La nueva resolución no implica esa adhesión, pero se inscribe en el mismo proceso de actualización del marco regulatorio de semillas que el Ejecutivo viene impulsando.
