Diputados de la Coalición Cívica (CC) presentaron una denuncia penal contra el ex secretario de Comercio Interior, por supuestas irregularidades con el manejo del fideicomiso creado durante su gestión para subsidiar la harina de la industria molinera que compran las panaderías.
Los legisladores nacionales Luciano Bugallo, Marcela Campagnoli y Victoria Borrego, se presentaron a la Justicia para que investigue la posible comisión de los delitos de defraudación contra la administración pública, fraude al comercio y la industria, y lavado de activos.
Además de denunciar al ex funcionario, los legisladores pidieron que se investigue a las autoridades de las empresas Molino Cañuelas, Molinos Florencia y a la Compañía Argentina de Granos, grupo controlante de esas empresas, perteneciente mayoritariamente a la familia Navilli, y a BICE Fideicomisos S.A., designado como fiduciario. La causa quedó recayó en el juez federal Ariel Lijo.
En marzo pasado, con el argumento de quitarle presión a los precios internos de la harina por el impacto de la suba del trigo tras la invasión de Rusia a Ucrania, el Gobierno subió los derechos de exportación (DEX) a la harina y al aceite de soja a fin de recaudar entre US$370 y 400 M para compensar la harina que los molinos venden a las panaderías.
Puesta en marcha esa medida, se constituyó un fideicomiso estatal con Comercio Interior, como autoridad de aplicación, y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), como fiduciario. Para poder cobrar el dinero del fideicomiso, se establecieron diversos requisitos como, por ejemplo, no tener deudas fiscales o previsionales.
Deudor y beneficiario. Días antes de la renuncia de Feletti a su cargo, el fideicomiso pagó casi $1394,5 M a Molino Cañuelas, Molisud SA (Jacinto Arauz, La Pampa) y Molinos Florencia S.A.U. De ese monto, el portal Bichos de Campo reveló que más del 80% fue a una cuenta de Molino Cañuelas, el mayor del país que, en 2021 se presentó ante la Justicia en concurso de acreedores, con un pasivo de más de US$1.300 M. Molino Cañuelas.
Los diputados señalaron en su denuncia que “en virtud de múltiples noticias periodísticas y de testimonios que fueron recibidos en nuestros públicos despachos hemos tomado conocimiento de la posible comisión de un delito de acción pública, el cual habría sido articulado desde altas esferas de la administración pública, con el dictado de la Resolución RESOL-2022-426-APN-SCI#MDP del Ministerio de Desarrollo Productivo, Secretaría de Comercio Interior, mediante la cual se creó el fideicomiso de administración del “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino” y se designó a BICE fideicomiso S.A. como Fiduciario del mismo”.
Y agregaron: “En el concurso preventivo de ‘MOLINO CAÑUELAS S.A.C.T.F.I.A.’ figura que el pasivo supera en deudas los 31.000 millones de pesos y que, entre los principales acreedores se encuentra justamente el BICE. En esencia, la misma entidad financiera estatuida para administrar el (fideicomiso) Fondo Estabilizador del Trigo Argentino”.
Para los diputados denunciantes, “resulta aún más curioso que la mencionada empresa, MOLINO CAÑUELAS S.A. cumpliera los requisitos establecidos para ser elegible cuando ya en el año 2020 había sido equiparada a “VICENTIN” en su operatoria comercial e incluso llegó a ser mencionada por encontrarse siendo investigada, tanto ella como sus principales autoridades, por el delito de lavado de activos”.
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Excepción a la regla. Señalaron que “un dato muy llamativo es que al resto de las empresas que quieren adherir al fideicomiso se les exige no tener deudas fiscales, pero la excepción es Cañuelas, la misma y única empresa que en tiempos de la Oncca logró cobrar el 100% de los subsidios de compensaciones al trigo”.
Al mismo tiempo detallaron: “Una empresa que se encuentra en concurso preventivo, por deudas millonarias y entre cuyos acreedores se encuentran el Banco de la Nación Argentina, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el HSBC, el Banco Hipotecario, el Banco Macro (quien solicitó su quiebra), el Banco BBVA, y el mismísimo BICE; que fue denunciada por haber efectuado maniobras de lavado de activos e incluso fue equiparada con empresas a las que se intentó expropiar, cumplió (a criterio de los funcionarios públicos y de las autoridades de BICE fideicomisos S.A.) los estándares necesarios para recibir fondos públicos y así ‘proteger’ el precio de la bolsa de harina de trigo”.
De acuerdo con los diputados, que Molino Cañuelas captara el 80% de los fondos fue “en detrimento de los demás molinos, y habría tenido como único fin limitar el precio al que se deben vender las bolsas de harina. Ello, lejos de proteger a la industria molinera, habría generado un perjuicio económico y habría violado las claras reglas de libre competencia, siendo el Estado quien indirectamente influencia en el valor de mercado de un producto”.
También advirtieron que “más llamativo aún resulta el manejo de fondos públicos destinados supuestamente a proteger el precio de trigo, que se encuentra en manos de una empresa que ha violado y ha sido sancionada por $150 millones de pesos, justamente por haber aumentado el precio de la bolsa de trigo”.
En los considerandos de la denuncia sostuvieron que “conlleva mínimamente una incompatibilidad” que el BICE que prestó fondos a Molino Cañuelas, de quien es acreedora en su concurso preventivo, deba actualmente velar por los fondos del fideicomiso. Según un anexo de la resolución que creo el fideicomiso, se habilitó el pago de adelantos para la primera compensación.
Por su parte, desde el BICE dijeron que la entidad “no administra ni administró ningún fideicomiso que haya otorgado fondos a la empresa Molino Cañuelas”. Señalaron que “sobre la deuda impagable que Molinos Cañuelas contrajo durante la gestión de Juntos por el Cambio con diferentes entidades financieras locales y del exterior”, en la entidad “continúan avanzando en la negociación con la empresa para lograr una reestructuración del pasivo”.
