Se trata de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, quienes desde el 8 de abril están detenidos en la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en esa ciudad bonaerense, por haber bloqueado una distribuidora de alimentos en San Pedro. La fiscal María del Valle Viviani presentó el pedido de prisión preventiva, sobre el que deberá decidir la jueza María Eugenia Maiztegui.
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Según informó el diario nicoleño El Norte, la fiscalía considera que los detenidos podrían entorpecer la investigación y que los allanamientos que se realizaron la semana pasada en la sede nacional del sindicato de Camioneros, en el barrio porteño de Constitución, agravaron la situación de los dos gremialistas nicoleños, uno de los cuales, Cabaleyro, es también concejal del Frente de Todos (FdT) en esa ciudad del norte bonaerense. La acusación se amplió de “turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción” a “extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico”.
Mientras tanto, Hugo y Pablo Moyano encabezaron una conferencia de prensa desde la sede nacional del gremio, en CABA, durante la cual denunciaron operaciones de “lawfare” en contra de los dirigentes detenidos, quienes fueron acompañados, desde el auditorio de Camioneros, por la hija del ex secretario general de la CGT, Karina Eva Moyano.
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Uno de los abogados del sindicato, Javier Moral, expuso la estrategia legal con la que está defendiendo a ambos detenidos. El letrado presentó como argumento que existieron operaciones en contra del sindicato, realizadas mediante una serie de escuchas telefónicas y chats que involucran a Javier Rey, uno de los dueños de la empresa bloqueada por los detenidos.
