Se trata de Jaime Mecikovsky, quien se desempeñó en la gestión de Alberto Abad, al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Fue en el juicio conocido como Vialidad, que tiene a la vicepresidenta entre sus acusados por el presunto direccionamiento a favor del empresario santacruceño.
El exsubdirector general de Operaciones Impositivas del Interior de la AFIP comandó el área que controlaba a los contribuyentes de las provincias argentinas y explicó la investigación que realizó sobre Austral Construcciones y el grupo de Báez. Habló de “sobreprecios” y de un “trato diferencial” en la delegación de la AFIP en Santa Cruz para las empresas de Báez y Valle Mitre, que era la firma que administraba los negocios hoteleros de los Kirchner.
El ex funcionario de la agencia de recaudación de impuestos nacionales fue citado a declarar por la Justicia Federal, en los tribunales de la Av. Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro, luego que la AFIP denunciara ante la Justicia que, Cristina Kirchner, la principal acusada en el juicio de Vialidad, y sus hijos habían sido víctimas de “hostigamiento fiscal” durante la gestión de Cambiemos.
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Mecikovsky, uno de los señalados por Mercedes Marcó del Pont, afirmó que el organismo basó su denuncia en una auditoría adulterada, que quienes la desarrollaron se negaron a firmarla y que por eso fueron desplazados de sus cargos.
Las preguntas del fiscal Sergio Néstor Mola centraron su atención en el periodo comprendido entre 2003 y 2018 y buscaron aclarar si había relación entre las directivas generales para las direcciones regionales y posibles hechos de evasión. Mecikovsky aludió que durante esos años “no menos de dos veces al mes estaba de viaje en alguna jurisdicción” y que “sí” había distintas normativas generales por las cuales “cada director general debía ser el administrador de la región, y conocer dónde estaban los mayores riesgos de evasión”. Y agregó: “Se debía suministrar la información mes a mes, en función de los 10 casos más relevantes y conocerlos para elevar a la jurisdicción general”.
El ex funcionario contó que en el último bimestre de 2018 fue convocado de oficio por la Fiscalía 11 para analizar los expedientes, dada su experiencia y conocimientos en la materia, y determinar “el impacto que pudieron haber tenido con la facturación apócrifa de 500 millones pesos, en relación a otros delitos”, por la terciarización de fondos de la obra pública desde Austral construcciones a la empresa Gotti S.A.
Mecikovsky declaró que “ese dinero venía del presupuesto de la obra pública para pagar a los proveedores de Gotti; es una maniobra de lavado que se complementa por haber puesto un sujeto intermedio que imposibilitó el rastreo intermedio de los activos”. Y agregó que “los ingresos de Gotti que vienen de la obra pública y se van a otros destinos, llevan a pensar que hay sobreprecios”, al tiempo que señaló que “no conozco la relación con Austral, pero sí con Gotti; Lázaro administraba Gotti, que tenía el mismo domicilio que Austral. No sé si compartían oficinas”, aclaró.
