La Mesa de Enlace de Córdoba reclamó a la Legislatura provincial que avance con los proyectos destinados a eliminar las tasas municipales y comunales relacionadas con los Documentos de Tránsito Electrónico (DT-e) emitidos por el Senasa. El planteo tomó fuerza tras la presentación de una iniciativa legislativa el 4 de marzo de 2026, impulsada por Oscar Agost Carreño junto con las entidades agropecuarias, ante lo que consideran cobros injustificados para los productores ganaderos.
El reclamo quedó plasmado en un comunicado difundido en junio de 2026, en el que las entidades cuestionaron la falta de tratamiento legislativo y utilizaron la expresión “cuatrerismo fiscal” para describir una práctica que, según denunciaron, implica exigir pagos sin ofrecer una contraprestación efectiva.
Qué es el “cuatrerismo fiscal” que cuestionan los productores
El cuestionamiento del sector agropecuario se concentra en las tasas que algunos municipios y comunas aplican sobre la intervención de los documentos utilizados para el movimiento de hacienda.
Para las entidades rurales, el problema central es que estos cobros representan un costo adicional para los productores sin que exista un servicio concreto que los justifique.
En ese contexto, la dirigencia agropecuaria pidió que no se continúen tolerando prácticas que numerosos productores identifican como un verdadero “cuatrerismo fiscal”, en referencia a los pagos exigidos sobre la actividad ganadera sin contraprestación.
Las entidades sostienen que esta situación perjudica directamente la competitividad del sector productivo y genera una carga tributaria que consideran necesario revisar.
El proyecto para eliminar las tasas sobre los DT-e
El 4 de marzo de 2026, el legislador Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley elaborado junto con las entidades del campo cordobés para poner fin al cobro de tasas municipales y comunales vinculadas con la intervención de los Documentos de Tránsito Electrónico del Senasa.
La iniciativa surgió como respuesta a los reclamos del sector ganadero, que cuestiona la aplicación de estos cargos sobre los movimientos de hacienda.
El objetivo del proyecto es eliminar los cobros municipales y comunales cuestionados y establecer una solución legislativa para los productores afectados.
Sin embargo, al momento del comunicado de junio, las entidades advertían que la propuesta todavía no había recibido el tratamiento legislativo que reclamaban.
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La Mesa de Enlace cuestionó la falta de avances legislativos
La Comisión de Agricultura de la Legislatura de Córdoba, presidida por Mariano Ceballos Recalde, fue señalada por las entidades rurales debido a la falta de avances en el tratamiento de la iniciativa.
Los representantes agropecuarios solicitaron una decisión política que permitiera alcanzar una solución definitiva y evitar que los productores continuaran afrontando cargos considerados injustificados.
El sector también reclamó que se reconozca a las administraciones municipales y comunales que actúan con responsabilidad y que no se toleren mecanismos recaudatorios sin servicios a cambio.
Para la Mesa de Enlace, avanzar con esta modificación permitiría corregir lo que considera una inequidad histórica y contribuiría a mejorar las condiciones de competitividad de la ganadería cordobesa.
El pedido de reglas claras y una carga tributaria razonable
Las entidades remarcaron que la producción agropecuaria necesita condiciones que permitan sostener la actividad, las inversiones y la generación de empleo en el interior provincial.
“La producción agropecuaria necesita reglas claras, previsibilidad y una carga tributaria razonable”, expresaron.
La Mesa de Enlace sostuvo que eliminar estos cobros no solo permitiría corregir una situación que considera injusta, sino también enviar una señal de respaldo a quienes producen, generan trabajo y contribuyen al arraigo rural en Córdoba.
