La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la asociación civil CRISOL Proyectos Sociales presentaron el jueves 29 de octubre de 2026 una herramienta para verificar el cumplimiento de la legislación laboral y los derechos humanos en establecimientos argentinos que producen soja y carne bovina para exportación a la Unión Europea. La iniciativa, desarrollada con participación de VISEC y la Facultad de Agronomía de la UBA, contempla visitas técnicas, un cuestionario de 20 preguntas y la emisión de una Constancia de Legalidad. Su implementación está prevista inicialmente para diciembre y busca complementar la trazabilidad ambiental exigida por el Reglamento europeo 2023/1115.
La UATRE presentó una herramienta de verificación laboral para productores de soja y carne
Las exigencias europeas para la comercialización de productos agropecuarios incorporan una dimensión que va más allá de la protección de los bosques y la trazabilidad ambiental.
En ese contexto, la UATRE y la asociación civil CRISOL Proyectos Sociales presentaron una nueva herramienta de verificación de las condiciones laborales en establecimientos rurales argentinos vinculados con las cadenas exportadoras de soja y carne bovina.
La iniciativa fue expuesta durante un encuentro realizado el jueves 29 de octubre, con participación de representantes del sector.
El objetivo es generar evidencia documental sobre el cumplimiento de la legislación aplicable, como complemento de los mecanismos de trazabilidad ambiental utilizados para responder a las exigencias de la Unión Europea.
El desarrollo contó también con la participación de VISEC y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA).
La normativa europea también contempla el cumplimiento de la legislación laboral
El Reglamento de la Unión Europea 2023/1115, conocido como EUDR, establece condiciones para la comercialización de determinados productos vinculados con el riesgo de deforestación.
Entre sus disposiciones, el artículo 3 exige que los productos hayan sido producidos de conformidad con la legislación pertinente del país de producción, además de cumplir con los requisitos de deforestación y debida diligencia establecidos en la normativa.
En ese marco, la legislación aplicable puede comprender aspectos relacionados con los derechos laborales y los derechos humanos.
Para las cadenas argentinas de soja y carne bovina, la trazabilidad ambiental viene siendo abordada mediante herramientas como VISEC.
La nueva constancia impulsada por UATRE y CRISOL apunta a sumar una instancia específica para documentar las condiciones laborales de las unidades productivas.
La Constancia de Legalidad constituye una herramienta sectorial de verificación y no un certificado obligatorio creado expresamente por la Unión Europea.
Cómo funcionará la Constancia de Legalidad que presentó UATRE
Margarita Carratú, presidenta de CRISOL Proyectos Sociales, explicó que la iniciativa forma parte de una estrategia destinada a incorporar la dimensión social a los mecanismos de sostenibilidad del sector agropecuario.
“Nosotros vamos a validar lo que todos los productores de la cadena dicen que hacen en cumplimiento con el Artículo 3”, afirmó.
La metodología contempla visitas técnicas a los establecimientos rurales, donde personal habilitado realizará un relevamiento de las condiciones laborales y de la documentación correspondiente.
El procedimiento fue desarrollado a partir de intercambios entre productores y representantes sindicales.
Como resultado, se elaboró un cuestionario estructurado de 20 preguntas, acompañado por la recopilación de fotografías o archivos que permitan respaldar la información declarada.
La propuesta busca complementar los registros que ya se utilizan en la cadena comercial y facilitar la presentación de evidencias sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales.
Las 20 preguntas abarcarán trabajo registrado, seguridad y derechos humanos
Las verificaciones propuestas por UATRE y CRISOL estarán orientadas a comprobar distintos aspectos de las relaciones laborales y de las condiciones de trabajo en los establecimientos.
Entre los puntos que se revisarán se encuentran:
- Trabajo registrado y seguridad social: documentación que permita acreditar la situación laboral de los trabajadores.
- Jornada laboral, descansos y horas extras: cumplimiento de las disposiciones correspondientes.
- Prevención del trabajo infantil: verificación de las condiciones relacionadas con esta obligación.
- Salud y seguridad en el trabajo: evaluación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
- Elementos de Protección Personal (EPP): entrega y adecuación de los equipos utilizados por los trabajadores.
- Contratistas y cooperativas: revisión de contratos y documentación relacionada.
- ART o seguros de accidentes personales: acreditación de la cobertura que corresponda.
- Derechos de comunidades y terceros: revisión de condiciones vinculadas con el respeto de estos derechos.
- Libreta del trabajador rural y constancias: presentación de documentación respaldatoria.
La verificación también incluirá el relevamiento de evidencias en el establecimiento, de acuerdo con las características de cada situación.
El objetivo declarado es disponer de información comprobable que permita respaldar las declaraciones efectuadas por los productores.
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La visita técnica tendría una duración aproximada de dos horas
Uno de los aspectos destacados durante la presentación fue la intención de simplificar el proceso de verificación para los establecimientos rurales.
Según explicó Carratú, las visitas técnicas se coordinarán previamente con los productores y tendrán una duración estimada de dos horas.
La metodología busca reunir en una sola instancia la información y documentación necesarias para acreditar las condiciones evaluadas.
El desarrollo también apunta a reducir la repetición de gestiones y los costos asociados con distintos mecanismos de verificación.
Desde CRISOL destacaron que el procedimiento tendrá un enfoque de mejora continua.
“Será una verificación rigurosa con enfoque de mejora continua”, señaló Carratú.
La representante explicó que el objetivo no es limitarse a identificar incumplimientos, sino también acompañar a los establecimientos para que puedan alcanzar los estándares requeridos.
Sin embargo, aclaró que la constancia no será otorgada automáticamente y que el procedimiento incluirá controles documentales y técnicos.
Qué ocurrirá si un productor no tiene toda la documentación
Uno de los aspectos planteados durante la presentación fue cómo se abordarán las situaciones en las que un establecimiento no cuente con todos los documentos necesarios.
Carratú explicó que el sistema tendrá criterios rigurosos, pero también incorporará acompañamiento técnico para facilitar la adecuación de los productores.
La propuesta contempla orientar a quienes necesiten completar documentación relacionada con trabajadores, contratistas y otras obligaciones laborales.
No obstante, el material presentado no detalla cuáles serán los plazos de adecuación ni qué procedimiento se aplicará en caso de que un establecimiento no alcance las condiciones requeridas.
Tampoco precisa si la emisión de la constancia tendrá un costo para los productores.
Estos aspectos deberán conocerse con mayor detalle durante la implementación de la herramienta.
VISEC y UATRE: cómo se complementarán los controles ambientales y laborales
La iniciativa busca incorporar una nueva instancia de verificación dentro de los mecanismos de información utilizados por las cadenas exportadoras.
Según lo explicado durante el encuentro, VISEC permite registrar y verificar información relacionada con la identidad de los productores, la ubicación de los establecimientos y las condiciones ambientales asociadas con la producción.
La Constancia de Legalidad presentada por UATRE y CRISOL apunta a complementar esa información mediante una revisión de las condiciones laborales directamente en el campo.
De esta manera, el sistema propuesto busca sumar documentación específica sobre trabajo registrado, seguridad, derechos humanos y otras obligaciones de las unidades productivas.
La articulación pretende facilitar el cumplimiento de las exigencias de los compradores internacionales y aportar información respaldatoria a los procesos de debida diligencia.
La nueva herramienta no sustituye los controles ambientales ni las obligaciones que correspondan a los operadores que comercializan productos en la Unión Europea.
La Facultad de Agronomía de la UBA participará en la capacitación
La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires también forma parte del desarrollo de la propuesta.
Según se informó, FAUBA brindará capacitación virtual al personal que participe de las verificaciones, con contenidos vinculados con el registro de información, los sistemas de monitoreo, reporte y verificación (MRV) y la trazabilidad.
La formación estará orientada a fortalecer la aplicación de la metodología y la recopilación de evidencias durante las visitas.
El proceso adquiere importancia porque la herramienta incorpora una tarea de verificación específica sobre condiciones laborales dentro de las cadenas agroexportadoras.
La implementación está prevista para diciembre
De acuerdo con lo presentado, la aplicación de la Constancia de Legalidad podría comenzar durante diciembre de 2026.
Para esa etapa, UATRE tiene previsto entregar las credenciales que habilitarán al personal encargado de realizar las visitas a los establecimientos.
La fecha corresponde al cronograma anunciado y no implica que la herramienta ya esté operativa en todos los campos.
También será necesario conocer los procedimientos definitivos, los mecanismos de solicitud y las condiciones de emisión de las constancias.
Por el momento, la propuesta se encuentra en una etapa de preparación para su puesta en funcionamiento.
La industria exportadora destacó la necesidad de coordinación
Durante la presentación, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), se refirió al desafío que representa incorporar estas nuevas verificaciones.
“Es nuevo y necesitaremos de la colaboración de todos los actores, tanto productores como exportadores”, señaló.
La declaración refleja la importancia de coordinar la implementación entre los participantes de las cadenas comerciales.
La verificación de las condiciones laborales se suma así a los procedimientos destinados a respaldar el origen y las características de los productos exportados.
Soja y carne: la trazabilidad incorpora una dimensión laboral
La presentación de la Constancia de Legalidad abre una nueva etapa en el desarrollo de herramientas para documentar el cumplimiento de las exigencias internacionales.
Mientras los sistemas ambientales permiten respaldar información relacionada con el origen de los productos y la deforestación, la propuesta de UATRE y CRISOL incorpora una verificación específica de las condiciones laborales en los establecimientos rurales.
La iniciativa apunta a facilitar la presentación de evidencias y mejorar la preparación de las cadenas argentinas de soja y carne bovina frente a las exigencias de sus compradores.
Su alcance dependerá de cómo se implemente el procedimiento, de los requisitos definitivos y de la articulación entre productores, trabajadores y exportadores.
La puesta en marcha prevista para diciembre será el próximo paso para conocer cómo funcionará en la práctica esta nueva herramienta de verificación laboral.
